El camarista y su caserón

El caserón blanco de dos plantas se levante justo frente a la quinta presidencial de Olivos. Nadie vive allí porque desde hace poco menos de un año se encuentra en remodelación. Es una coqueta zona residencial, pero esa propiedad de 1234 m2 no pasa inadvertida por sus dimensiones y por el muro de tres metros que la protege. ¿Su nuevo dueño? El camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa cuya copia obtuvo LA NACION.

Protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner, Freiler consignó que pagó $ 2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en US$ 1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.

"Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares", explicó Freiler ante la consulta de LA NACION.

El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.

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Entrevista con Poder Ciudadano

Entrevista a Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano: "Los organismos de control fueron desarticulados en estos últimos años".

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Hotesur - trabas a los operativos

Los libros de la sociedad hotelera presidencial, Hotesur, no estaban en su sede legal. Tampoco en el hotel Alto Calafate. Ni en las oficinas del contador. Por eso, los emisarios del juez federal Claudio Bonadio, que los buscaron en Buenos Aires, El Calafate y Río Gallegos, terminaron los operativos con las manos vacías. Sólo los entregó luego una sobrina de la Presidenta, Romina Mercado.

Las dificultades para capturar documentos sensibles de los hoteles de la familia Kirchner para la investigación por presunto lavado de activos no terminaron allí. Los colaboradores de Bonadio tampoco encontraron los archivos de Alto Calafate y Las Dunas mientras los administró Lázaro Báez, según surge de las actas de los operativos del 13 de julio que pudo ver LA NACION. Báez los gerenció por medio de Valle Mitre SA entre 2009 y 2013, período en el que recibió más de $ 8000 millones de obra pública. Los Kirchner lo apartaron cuando estalló el escándalo del valijero Leonardo Fariña.

Desde entonces lo administra Idea SA, creada por el ex gobernador Carlos Sancho, otro socio de Máximo Kirchner, aunque un tercer socio, Osvaldo Sanfelice, asumió el rol público más predominante.

Todo ese material sensible no estaba ni siquiera en los hoteles, donde sólo guardan desde 2013 en adelante. Es decir, desde que pasó a gerenciarlos "Bochi" Sanfelice, también socio y empleado de Cristóbal López.

No sólo eso. Porque cuando fueron a buscar al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares -el mismo que el juez Norberto Oyarbide tomó como "perito de parte" en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner-, se encontraron con que ya no trabajaba en su domicilio declarado. Y que en su nueva oficina tampoco estaba el material. De hecho, había borrado archivos de una PC.

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De los Kirchner a Lázaro, vía un escritorio

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

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