jueves, 31 de diciembre de 2015

Ley de Medios - freno de un juez

El juez en lo contencioso administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, congeló ayer el avance del Gobierno sobre la ley de medios y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), al hacer lugar a una medida precautelar que solicitó el delegado de ese organismo en La Plata.

Arias dictó "la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia" de la Afsca, mientras el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, anunciaba su inminente fusión con la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y la reforma de la ley de medios.


La decisión de Arias (foto, arriba) retrotrajo la situación al martes último, por lo que el Gobierno -que anoche confirmó a LA NACION que apelará el fallo- no podrá avanzar con la fusión de los organismos ni la reforma legislativa por decreto, aunque sólo se repondrá en sus cargos a los últimos directores desplazados de la Afsca.

Distinto será el caso de Martín Sabbatella, quien no fue beneficiado por el fallo de Arias y, por lo tanto, no recuperará su puesto al frente del organismo, ya que su salida se concretó antes del martes.

"Todo vuelve al 29 de diciembre", explicó Arias. "La intervención sigue. No implica ni el cese de la intervención ni el regreso de las autoridades anteriores", abundó, pero "cualquier acto que se haya tomado con posterioridad [al 29] queda suspendido automáticamente".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 27 de diciembre de 2015

Facturas truchas: Lázaro mete a Cristóbal

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. 

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.


El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. 

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

sábado, 26 de diciembre de 2015

Ciccone: Moneta se abre la ruta del dinero

Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.


El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Espionaje ilegal en tiempos K

La puja por las escuchas excede a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Apunta a los doce años previos del kirchnerismo en el poder y a la forma en que manejaron las intervenciones telefónicas (y los carpetazos) cuando las manejaba (y manipulaba) la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).

Fueron años en que el entonces presidente Néstor Kirchner se movió a gusto con la información que le pasaban los espías liderados por Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, al que los santacruceños mimaron y potenciaron durante una decada.

CFK, Pocino y Stiuso

Fueron años, además, en los que el kirchnerismo disfrutó de montar operaciones de desprestigio en cada campaña electoral, como las que padecieron Enrique Olivera o Francisco de Narváez, entre otros. Y fueron años en los que las escuchas (las legales y las otras) quedaron bajo la órbita de la infame "Ojota" de la ex SIDE, que se ganó su apodo gracias a sus iniciales formales: O. J.

Ese statu quo sólo comenzó a cambiar cuando, ya en su último año en la Casa Rosada, el kirchnerismo rompió con sus socios para los trabajos desagradables. Y no rompió por un súbito ataque de conciencia. La causa fue más práctica: la entonces presidenta Cristina Kirchner sospechó que los muchachos eran más fieles a si mismos que a ella y su poder.

pd: el resto del análisis publicado hoy en LA NACIÓN, acá.