Vaca Muerta: la jurisdicción extranjera

Las petroleras YPF y Chevron acordaron que cualquier reclamo o disputa que pueda generarse entre ellas vinculada con las operaciones conjuntas en el yacimiento Vaca Muerta no se discutirá en los tribunales locales. Se definirá en Nueva York o en París, según consta en los documentos confidenciales que firmaron ambas compañías y que obtuvo LA NACION.

Chevron consiguió así el cambio de jurisdicción. Por un lado, estableció junto con la petrolera argentina que cualquier "reclamo, controversia, disputa o causa de acción (ya sea contractual, extracontractual o de otro tipo" se regiría "por las leyes del estado de Nueva York". Es decir, la justicia estatal, distinta de la federal, en la que Thomas Griesa lidia desde hace años con el canje de la deuda argentina y los bonistas que lo rechazaron y los fondos buitre.

No sólo eso. Como parte de la negociación, YPF también aceptó que "toda controversia" vinculada con "los documentos del préstamo" debería resolverse "exclusivamente mediante un arbitraje definitivo y vinculante realizado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", con sede en París. Así consta en el documento "estrictamente confidencial" titulado "Garantía", que obtuvo LA NACION. Esa fianza ya expiró, pero la capital francesa continúa como la sede prevista ante un eventual arbitraje, según confirmaron altos ejecutivos de la compañía a este diario.

Las petroleras detallaron algunas pautas ante un posible arbitraje. Especificaron que el laudo "será definitivo, vinculante e inapelable", y que "podrá ser homologado por cualquier tribunal competente", con lo que Chevron evitaría así tener que presentarse ante un juzgado argentino para exigir la ejecución -exequátur- de ese laudo, tal y como el gobierno argentino les ha planteado a las empresas que salieron victoriosas en el Ciadi del Grupo Banco Mundial. Las definiciones sobre cómo sería un arbitraje en la capital francesa también alcanzan a la "divisa de la sentencia", que se fijó en dólares, a tal punto que no se daría por cumplido el laudo si YPF intentara pagarlo en otra moneda, como pesos argentinos.

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Vaca Muerta: las sociedades off shore

Las petroleras YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones de la inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador, según surge de documentos que obtuvo LA NACION y del relato de altos ejecutivos de la compañía local que participaron de las negociaciones.

Datos y precisiones sobre ese entramado quedaron expuestos en tres documentos identificados como "estrictamente confidenciales" que ambas compañías firmaron en abril de 2013. En ellos se detalla, por ejemplo, que para cerrar las negociaciones con Chevron YPF recurrió a dos sociedades constituidas en Delaware, estado conocido como un paraíso fiscal y corporativo dentro de Estados Unidos.

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En Delaware creó las compañías YPF Shale Oil Investment I y II, a las que a su vez otorgó el 90 y el 10 por ciento de una sociedad de responsabilidad limitada creada en la Argentina, Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL.

Esa SRL, a su vez, se convirtió en el "subconcesionario" de las operaciones pactadas con Chevron, que por su parte operó a través de Chevron Overseas Finance I Limited, otra SRL con domicilio en las islas Bermudas, un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte.

Los fondos invertidos por Chevron podrían haber sido objeto de embargo por la española Repsol, enfrascada en una durísima disputa con el gobierno argentino, que la había echado de YPF quitándole el control de la compañía. Además, la ingeniería societaria intentaba evitar un eventual embargo de los abogados de los pueblos originarios de Ecuador, que ya habían promovido una acción de clase contra Chevron, llegando a embargar el flujo de caja de la filial argentina de esa petrolera.

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Vaca Muerta: las condiciones de Chevron

El gigante petrolero norteamericano Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo LA NACION.

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Pero fuentes de la empresa señalaron que las normativas no generan derechos exclusivos para Chevron, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración petrolera.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento, pero es por ley una sociedad anónima. Además, el acuerdo estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.

Los términos de la negociación surgen de tres documentos, redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que ambas petroleras firmaron a mediados de 2013 y cuyas copias obtuvo LA NACION. Son los identificados como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración". Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de Inversión para Proyecto"- continúa bajo llave.

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Buitres: antes Congo; ahora van por la Argentina

Fueron por Congo; ahora por la Argentina. Fueron por sus bonos en default, pero también rastrearon activos derivados de la corrupción. Le apuntaron al presidente Denis Sassou-Nguesso; y ahora a la presidenta Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner y a su socio Lázaro Báez. Y bucearon en los lazos entre la petrolera estatal congoleña y el banco BNP Paribas, como ahora apuntan a YPF y su acuerdo secreto con Chevron. Hasta que, tras acusarlos de "serpientes" y "matones", Congo pagó. Ahora quieren el cheque de la Argentina.

Durante los últimos años, el fondo Elliott Associates -controlante de NML- desplegó un equipo de 100 personas para avanzar sobre la Argentina. Incluyó abogados, contadores, economistas, expertos financieros e investigadores. La mayoría integró antes la "task force" que puso contra las cuerdas a la República del Congo, tras una pesquisa que abarcó Hong Kong, Londres, París y las islas del Caribe. Ahora, por la Argentina, avanzan sobre los estados de Nevada y Delaware, en Estados Unidos, y paraísos varios en el Caribe, Europa y hasta las islas Seychelles.

El núcleo duro de los investigadores lo conforman ex periodistas de investigación de algunos de los medios más prestigiosos de Estados Unidos, al igual que ex oficiales de fuerzas de seguridad con vínculos aceitados en agencias de inteligencia.

El plan de Elliott es avanzar sobre tres objetivos simultáneos: detectar activos que puedan ejecutarse para cobrar sus acreencias, presionar a la Presidenta -no sólo como funcionaria, sino de manera personal, al avanzar sobre su hijo, su socio y ella misma- y generarle un dolor de cabeza al Gobierno ante la sociedad argentina, al dejar al descubierto, de lograrlo, millones de dólares extraídos de las arcas públicas por actos de corrupción.

Parece difícil, acaso imposible. Pero con el Congo no les fue mal.

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