Boudou, el inconsistente

El ex fiscal de Investigaciones Administraciones, Manuel Garrido, pidió ayer a la Justicia que investigue al vicepresidente Amado Boudou por lo que caracterizó como “serias inconsistencias” registradas en sus declaraciones juradas, con las que estimó que incurrió en una “omisión maliciosa” de múltiples datos patrimoniales para ocultar su presunto enriquecimiento ilícito.

Garrido concentró sus denuncia en los estados contables que Boudou declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) por su participación de dos sociedades –Habitat Natural e Inversiones Inmobiliarias Aspen– y los balances que presentó al mismo tiempo, pero con notorias diferencias, ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el caso de Habitat Natural, Garrido expuso que Boudou subvaluó su participación en hasta el 157% de su valor, mientras que Aspen aumentó 1414% su activo societario entre 2006 y 2009, cuando el hoy vicepresidente fue secretario general y luego titular de la Administracion Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Dadas esas y otras fuertes diferencias, como así también la falta de información precisa, Garrido pidió al juez federal Ariel Lijo que profundice la investigación sobre los aportes de capital en ambas sociedades, “la debida justificación documental del origen del dinero” para esos aportes, las compras de dos inmuebles –uno por $ 2 millones y otro por casi $ 745.000–, y los repartos de dividendos.

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Boudou / 71 = lo que declara ante la OA

En las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el vicepresidente Amado Boudou adjudicó a sus acciones en la sociedad Inversiones Inmobiliarias Aspen SA un valor 71 veces más bajo al que le otorgó a esa firma en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según consta en los documentos obrantes en ambos organismos.

Esa disparidad, aunque no de tal magnitud, se replica en la otra sociedad que Boudou reconoce: Hábitat Natural. En su última declaración ante la OA, correspondiente a 2011 pero que entregó este año, informó que el valor total de su participación llegaba a $ 140.040. Pero en el balance cerrado a fines de 2010 y con memoria fechada en abril de 2011, indicó que el capital integrado es de $ 720.000 (que divide por mitades con su socio José María Núñez Carmona).

Las diferencias en Aspen son más pronunciadas. Ante la OA, Boudou siempre cifró su participación en $ 6000, por su 50%, mientras que la otra mitad le pertenece a Núñez Carmona. Pero ante la ante la IGJ, el ex ministro de Economía estimó que su participación trepaba, por ese mismo 50%, a $ 426.550.

Ambas sociedades destinadas a la actividad inmobiliaria explican el buen pasar económico del vicepresidente, según explicaron sus abogados Diego Pirota y Eduardo Durañona, en un escrito que presentó el viernes ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la IGJ, el funcionario expuso otros datos discordantes sobre Inversiones Inmobiliarias Aspen. Así consta en los balances que solicitó LA NACION a la IGJ, que rechazó su pedido tras argumentar que carecía de "interés legítimo" para obtenerlos. Aun así este diario los consiguió.

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Boudou + Brito + Forcieri = ¿Ciccone?

La diputada nacional Lilita Carrió denunció ayer ante la Oficina Anticorrupción (OA) al subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Guido Forcieri, por un presunto conflicto de intereses y una supuesta incompatibilidad con el ejercicio de su cargo a raíz de su rol en el “caso Ciccone”.

Acompañada por el legislador porteño Maximiliano Ferraro, Carrió estimó que Forcieri [foto] asumió un rol impropio como funcionario e integrante de dos sociedades vinculadas al vicepresidente Amado Boudou y su amigo y socio, José María Núñez Carmona.

Los legisladores alertaron, además, sobre los créditos que el Banco Macro de Jorge Brito concedió a dos sociedades que integra Forcieri –Action Media SA y Rock Argentina SA–, por montos que superan hasta veinte veces el capital social de esas firmas.

“Llama la atención que sociedades anónimas con capitales sociales tan bajos –12.000 y 20.000 pesos, respectivamente– hayan contraído deudas con entidades financieras por montos que superan los 200.000 y 400.000 pesos, cuando la capacidad económica que evidencian estas sociedades es cuanto menos exigua”, denunciaron.

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