Sbattella
lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, durante dos reuniones que mantuvo
durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las
normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector. Los había
convocado para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles
el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país.
El
deseo del titular de la unidad antilavado, sin embargo, chocó con la
resistencia de los oficiales de cumplimiento. No por razones éticas, sino por
una cuestión de preservación propia. Argumentaron que afrontarán cargos penales
y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los
beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico, como ocurrió con el
colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff durante 2009.
La
respuesta de Sbattella –al que investiga la Justicia penal por presuntas
irregularidades, la utilización política de la UIF y el cajoneo de legajos de
Lázaro Báez, Amado Boudou y, mientras eran aliados del Gobierno, de Hugo Moyano
y Sergio Schoklender– trazó otra visión a puertas cerradas.
“Nos dijo que
reportemos lo que consideremos que tenemos que reportar como operación
sospechosa [de lavado], pero que la UIF analizará la buena o mala fe del
reportante”, precisó uno de los oficiales de cumplimiento antilavado.
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