La denuncia vs los Ciccone, cual pelota de rugby

La intentona no duró. El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer enviar la denuncia penal que presentó la intervención de la imprenta Ciccone contra la familia fundadora y algunos de sus acreedores a la justicia ordinaria, para que se investigue allí en vez de en los tribunales federales de Comodoro Py, como pretendió el Gobierno.

Ercolini tomó esa decisión en línea con la recomendación del fiscal federal Federico Delgado, quien había concluido que la denuncia por el presunto vaciamiento de la empresa y un supuesto lavado de activos por parte de la familia Ciccone no debía continuar en el fuero federal, aun cuando también había sugerido algunas medidas de prueba iniciales dada la “urgencia del caso”.

Ercolini solicitó entonces a distintos jueces del fuero comercial que le informaran los expedientes que tramitaban en contra de la imprenta con reclamos de acreedores para determinar los pasos por seguir, decisión que adoptó ayer.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, meses antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele, quien quedó fuera de la presentación oficial.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Ciccone - ahí les va esta denuncia

Ahora sí, la guerra es casi, casi, total. (Qué lindo cuando al fin vuelen los tortazos, si es que eso algún día ocurre).

Sólo días después de que la familia Ciccone acudió a la Justicia con un amparo contra la expropiación de la imprenta llegó la respuesta del Gobierno. Radicó una denuncia por el presunto vaciamiento de la compañía cuando ya afrontaba el concurso preventivo de acreedores, como así también un supuesto lavado millonario de activos ilícitos.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó la denuncia como interventor de la empresa, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a la que consideró que los Ciccone intentaron vaciar con prácticas propias de una supuesta administración fraudulenta.

Algunos nombres ya quedaron bajo la lupa. En su denuncia, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta –Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los hermanos fundadores, Nicolás Ciccone–, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones bajo sospecha. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado ya fallecido que era de extrema confianza de la familia fundadora, Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Schmid.

Ahora, con la denuncia penal del Gobierno llegó el último capítulo en los Tribunales, aunque fuera de la presentación oficial quedaron Vandenbroele, “nuevo accionista” y luego sólo presidente de The Old Fund, y el supuesto dueño de ese fondo, Guillermo Reinwick, el otro yerno de Nicolás Ciccone. 

Desde que estalló el escándalo, Reinwick se mantiene en silencio. Sólo apareció en una solicitada pública, el 29 de febrero de 2012, que él dejó trascender que jamás firmó.

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Ciccone - Scioli demanda $$$

Como si se tratara de un reclamo tributario más, ingresado por la mesa general de entradas de Tribunales y con un apoderado fiscal designado por sorteo, el gobierno bonaerense demandó ayer a la familia Ciccone. Le reclamó más de $ 35,1 millones en impuestos atrasados, cifra que se triplicaría al computar los intereses acumulados durante 15 años.

La demanda, impulsada por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, confirmaron funcionarios bonaerenses. Y ocurrió justo cuando la nueva Ciccone Calcográfica, liderada por Alejandro Vandenbroele -el abogado señalado por su esposa como "testaferro" del vicepresidente Amado Boudou-, se apresta a imprimir desde esta semana hasta $ 50.000 millones.

La orden de llevar a juicio a la familia Ciccone quedó así enmarcada por la puja que protagonizan la Casa Rosada y el gobernador Daniel Scioli, al que desde La Cámpora buscaron acorralar con un pedido de informes sobre las actividades en la provincia de Boldt SA, la firma rival de la nueva Ciccone.

El flamante juicio de apremio apuntó directo contra los fundadores y máximos responsables de Ciccone; es decir, los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone, a los que se sumaron como codemandados Silvia Ciccone, el yerno Pablo Amato y Francisco José Lago. "Se apuntó contra los Ciccone de manera personal dada la situación de la empresa y por razones de «solidaridad fiscal», ya que como máximos directivos de la firma ellos aparecen como responsables solidarios", indicó una fuente.

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Las huellas de una traición

“Me mandaron a hablar con ‘Nariga’. Me está matando”, dijo el octogenario Nicolás Ciccone, a modo de introducción. Era su enésima reunión con interlocutores del Gobierno entre fines de 2009 y mediados de 2010 en su afán por salvar a su imprenta del colapso, siempre con la misma respuesta: no.

Hasta que irrumpió José María Núñez Carmona (foto), "Nariga", el íntimo amigo y socio comercial del entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Entonces, llegó el colapso y resurgimiento de la empresa, pero con otra conformación accionaria.

"Pedimos nafta común, nos dijeron que no; pedimos nafta súper, nos dijeron que no; pedimos diésel, y también que no; pero cuando llegaron estos tipos, pidieron la Fangio XXI y les dijeron que sí y que podían pagarla después", resumió uno de los más íntimos colaboradores de Ciccone. Los "tipos" eran Núñez Carmona y el rostro visible de la misteriosa The Old Fund SA, Alejandro Vandenbroele, que pasó a presidir la nueva Ciccone.

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Mi nombre es Pacífico

Esta es la historia de Jorge Orlando Pacífico, el insólito denunciante de la insólita denuncia que podría dejar el "caso Ciccone" en manos del juez federal Norberto Oyarbide.

Tardé un par de días en rastrearlo, hasta que lo ubiqué en Mataderos.

Y así comienza la nota publicada hoy en LA NACIÓN (y que algunos tomaron para el lado de los tomates, por lo visto en Twitter, al creer que le doy entidad a Pacífico y a su denuncia por darle cabida en el diario; en rigor, sólo expuse de qué se trata la movida):

“Y sí, si Oyarbide se queda con la causa y lo hace mal, lo lamento. Pero yo denuncié todo esto cuando Boudou todavía no aparecía metido. Lo hice porque me dio bronca la impunidad con que estos tipos decían que se iban a quedar con un negocio de 230 palos en tongo con los capos de la AFIP y reclamaban su parte”, dice Jorge Orlando Pacífico, el otro denunciante del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. O en rigor, el primer y reaparecido denunciante.

Pacífico vive en Mataderos, pero pide a LA NACION que no precise la dirección exacta. “Ya me pegaron dos tiros en el auto y siguieron a mi hija. Me la banco, pero no quiero poner en riesgo a mi familia”, dice, sentado en el living de su casa, con su pierna derecha extendida. Quedó cojo, con problemas en sus oídos y una esquirla en la cabeza tras su paso por Malvinas.

Sargento y buzo táctico del Ejército, ex entrenador de comandos y de las fuerzas especiales de la Gendarmería y de la Policía, pasó a retiro en 1987, por carapintada. “Estuve en Campo de Mayo, a la derecha de Aldo Rico”, confirma. Y años después fue detenido en la causa AMIA como supuesto miembro de una banda que robaba armamento de cuarteles militares –“me  comí casi un año adentro gratis porque no tenía nada que ver”–, pero lo peor no fue eso. Ahora Pacífico sabe que hasta sus amigos le reprochan que haya ratificado su denuncia, lo que le abrió la puerta al juez federal Norberto Oyarbide para intentar quedarse con la causa. Se habla, y lo sabe también, de dinero.

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