De bolsos de $$, Báez y el director de la DGI

Acaso sea una mera (e infortunada) coincidencia, pero... Al mismo tiempo que iba y venía con bolsos cargados de dólares, Martín Báez, el hijo del empresario patagónico Lázaro Báez, voló desde y hacia Río Gallegos con el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, en tiempos de Ricardo Echegaray.

¿Cómo es eso?

Martín Báez y Toninelli volaron juntos el jueves 1° de noviembre de 2012 rumbo a la capital santacruceña. Lo hicieron en el avión de los Báez, matrícula LV-ZSZ. Y volaron junto al hijo del funcionario de la AFIP, Federico Toninelli, cuyo estudio colaboraba desde las sombras con la defensa jurídica y contable del dueño de Austral Construcciones.

Así, Martín Báez y los Toninelli protagonizaron un viaje relámpago. El jueves 1° partieron del aeropuerto de San Fernando –conocido en el ambiente por sus controles más laxos– y retornaron al día siguiente, el viernes 2 de noviembre, según surge de los registros de vuelo.

El problema es que, horas después de retornar a Buenos Aires con los Toninelli, según surge de las cámaras de video que difundió Telenoche esta semana, Martín Báez aparece junto al contador de su padre, Daniel Pérez Gadín, contando cerca de US$ 3,5 millones en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero.

Martín Báez, parado, a la izquierda de la imagen, con fajos en su mano.

Pero Martín Báez no se quedó quieto. Porque ese mismo viernes 2, voló otra vez rumbo a Río Gallegos, a bordo del jet LV-ZSZ, que también utilizó el valijero Leonardo Fariña y que tiempo después terminaría por incendiarse.

Esto, en rigor, no debiera ser una sorpresa. Porque el viaje que compartieron los Toninelli y el hijo de Lázaro Báez consta en documentos que recabó la Justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuán incluso aludió a esos periplos cuando le pidió al juez Sebastián Casanello que citara a los Báez a indagatoria.

“Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares”, sostuvo Marijuán, “se demostraría la vinculación entre Jorge Leonardo Fariña, Ángel Rubén Toninelli, Federico Toninelli, Martín Báez y Melina Báez; y todos ellos con el imputado Lázaro Antonio Báez”.

La relación entre los Toninelli y los Báez también comenzó a salir a la luz años atrás, cuando en LA NACION expusimos varios puntos de contacto. Y vale aclarar, Echegaray (hoy en la AGN) siempre reafirmó en su cargo. Entre otros:

- Báez constituyó su domicilio legal para litigar contra la AFIP ante el Tribunal Fiscal en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

- la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, también consignó como el teléfono de su estudio jurídico en ese expediente un número que en algunas guías telefónicas aún figuraba a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

- Báez y su letrada Martínez Naifleisch fijaron su domicilio legal en las oficinas de Toninelli en el expediente administrativo de la AFIP en el que el propio Báez... detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras.

Ángel Toninelli

Molesto con las publicaciones de LA NACION, Toninelli envió entonces una carta al diario, en la que se desligó de cualquier vínculo con los Báez y sostuvo que ignoraba cuál era la cartera de clientes de su hijo, cuya esposa trabajaba a su vez dentro de la AFIP... en el área de litigios.

¿Un par de perlas más?

- el Learjet en que los Toninelli con Martín Báez tiene su propia historia singular. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez lo compró en 2007. Pagó US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión.

- ese mismo avión entraría luego en un cono de sombras cuando Fariña y el ex dueño de “La Rosadita” detallaron cómo se utilizaba para transportar bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay.

- ese mismo avión terminó inutilizado por un incendio.

Y, de remate, dos datos más: Toninelli también aparece en el entramado de las facturas truchas que rodean a Lázaro Báez en Bahía Blanca y que terminaron con el cierre... de la regional Bahía Blanca de la AFIP durante varios meses, Y también, según los datos que empiezan a salir a la luz, resultó decisivo en el entramado que le permitió a Cristóbal López acumular $ 8000 millones de deuda fiscal.

Cristóbal López, $ 8000 millones y la AFIP

Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

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Y ahora la Justicia denuncia a la AFIP

Las denuncias hasta ahora las radicaban particulares, empresarios o políticos opositores que acusaban a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -y en particular a su anterior titular, Ricardo Echegaray- de montar supuestas operaciones de desprestigio o de persecución política. Pero ahora, por primera vez, la denuncia la emitió uno de los magistrados más conocidos del Poder Judicial de la Nación.

El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, efectuó la denuncia tras cerrar un expediente en el que halló indicios de que la AFIP facilitó una "operación mediática" contra la dirigente Lilita Carrió en plena campaña electoral de 2013, basada en la compra de un lote en un country de Capilla del Señor. Ahora será el juez federal Daniel Rafecas quien deberá investigar lo ocurrido.

Esa campaña de desprestigio, según reconstruyó López Biscayart durante los últimos meses y terminó por plasmar en una resolución que firmó este lunes, tuvo a la AFIP como protagonista. Se habría servido de dos causas penales simultáneas -una en su Juzgado; la otra en Campana- para filtrar información fiscal con que buscó afectar la imagen de la referente de la Coalición Cívica.

"A criterio de este estrado -resumió López Biscayart-, existen constancias suficientes de que se utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador (téngase en cuenta, en aquel momento, la inminencia de las elecciones del año 2013) y que, habiéndose afectado derechos de terceros mediante actividad intrusiva como los allanamientos practicados, podría constituir delitos", afirmó.

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Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

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Otro desafío judicial a CFK: ahora por el Tribunal Fiscal

La Justicia sumó otro desafío al kirchnerismo que se va. Ahora suspendió el concurso para llenar las vacantes en el estratégico Tribunal Fiscal, sólo horas antes de que la presidenta Cristina Kirchner firmara las designaciones pendientes de nueve jueces y se publicaran en el Boletín Oficial. La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra, le impuso ese brusco freno a la Casa Rosada, al admitir la petición de otro concursante que reclamaba transparentar el concurso y que el Gobierno explicara cómo escogió a los ganadores.

Marra tomó su decisión días antes del ballottage del domingo 22, ante el riesgo concreto de que las designaciones para el Tribunal Fiscal se publicaran el lunes 23 o el martes 24 en el Boletín Oficial, mientras que el país concentraba su atención en los resultados electorales.

La decisión de Marra provocó la reacción inmediata del Ministerio de Economía, que pretende apurar los tiempos procesales al mínimo y levantar la medida cautelar antes del 10 de este mes. De ese modo, la Presidenta podría colocar a los candidatos que ella desea en el Tribunal Fiscal en vez de dejarle esa oportunidad a Mauricio Macri.

La urgencia del kirchnerismo con el Tribunal Fiscal tiene una explicación. Ese organismo funciona como ámbito de apelación de las decisiones que toma la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión o discusiones impositivas y aduaneras, ya sea con personas o empresas, a menudo con consecuencias multimillonarias.

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Kirchner y Báez - repaso de una relación

"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.

Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.

Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.

¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.

Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.

Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.

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Facturas truchas: la AFIP protegió a Lázaro

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.

La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.

Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.

La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió "anulado" y se consignó sobre el encabezado la leyenda "=Sin enviar=".

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AFIP & Lázaro, una combinación explosiva

El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó ayer de manera formal a los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta protección delictual que le habrían brindado al empresario patagónico Lázaro Báez durante los últimos años.

Marijuan tomó la decisión de imputar a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires -como Ricardo Echegaray y Angel Toninelli, entre otros-, Río Gallegos -donde la jefa de la regional es la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García- y Comodoro Rivadavia.

Las imputaciones quedaron así formalizadas en dos causas penales que se instruyen de manera simultánea en los tribunales de Comodoro Py. Una está a cargo del juez federal Sebastián Casanello; la otra, en manos de su colega Norberto Oyarbide.

Toninelli (izq.) y Echegaray, juntos por Báez

Ambas investigaciones se iniciaron con presentaciones que radicaron legisladores de la oposición. Oyarbide recibió la denuncia de los diputados nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes expusieron una presunta "operatoria llevada a cabo desde el organismo recaudador para proteger y encubrir" a Báez.

Casanello, por su parte, tomó la denuncia de la también diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la AFIP "únicamente investigó a las empresas emisoras de las facturas falsas" que se detectaron en Bahía Blanca, "evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral Construcciones".

En ambos casos, Marijuan consideró que existen méritos suficientes para abrir las investigaciones, disponer las primeras medidas de prueba e imputar los presuntos delitos a los funcionarios que habrían intervenido.

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La purga de la ex SIDE llegò a la AFIP

Sin respaldo ya de la ex Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), estaba al caer. Y cayó. Andrés Vázquez, el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se encargó durante años de proteger a empresarios cercanos al poder, como Lázaro Báez y Cristóbal López, fue desplazado este lunes de la estratégica Regional Sur Metropolitana del organismo.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenó su desplazamiento como parte de una "rotación de directores" que comunicó mediante la resolución 158/15. La presentó como una cuestión de "decisión estratégica de gestión y administración de los recursos humanos de la organización". Y el primer nombre de la breve lista de cinco funcionarios es Vázquez.

Echegaray mantuvo siempre una tensa relación con Vázquez, quien solía ufanarse de puentear si era necesario al jefe de la AFIP y responder sólo a órdenes de "Presidencia", con escala en la ex SIDE de Francisco Larcher y Antonio "Jaime" Stiuso. Ahora, la Regional Sur Metropolitana quedará en manos de otro hombre de "la Casa", Néstor del Cuadro, quien tras casi un cuarto de siglo en el organismo registra su último paso por el área de auditoría.

Tanto Báez como Vázquez integraron durante años un complejo entramado con múltiples ramificaciones, en el que también aparecen Ernesto Clarens, el financista de confianza de Néstor Kirchner, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro, según reconstruyó LA NACION dentro de la AFIP, del Tribunal Fiscal y del sector financiero.

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Boudou, procesamiento confirmado

Menos de 24 horas después de concluida la Marcha del Silencio y mientras la presidenta Cristina Kirchner celebraba su cumpleaños en Chapadmalal, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de su número dos, Amado Boudou, en el caso Ciccone. 

En un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou, que ayer mismo afrontó nuevos pedidos de juicio político, se quedó con el 70% de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.

La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.

El fallo resultó un revés completo para Boudou, luego de que su abogado Diego Pirota renunciara días atrás a su defensa. La Cámara no sólo consideró probada "claramente" su relación con Vandenbroele, sino que también validó las múltiples reuniones que el entonces ministro de Economía mantuvo con los Ciccone en los estudios del canal Telefé, el bar I Fresh Market y el hotel Hilton de Puerto Madero.

En una resolución de 81 carillas, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah también decidieron que continúen procesados el empresario dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de gabinete del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El jefe de la AFIP quedó, a su vez, un paso más cerca de su llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. Así lo reclamó uno de los camaristas, Farah, que también pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.

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Lázaro & Echegaray = ¿asociación ilícita fiscal?

El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. 

Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

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Lavado - Lázaro vs juez, medios y AFIP

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones.

La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló LA NACION el 19 de octubre pasado. 

El fastidio del empresario que mantiene "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion.

"Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa", le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como "un verdadero círculo vicioso". Es decir, "una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante" por la que los medios publican versiones que llevarían al juez -al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de "tortuga"- a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias.

Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM.

A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió "ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas" que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento.

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"Aimè" y "el Negro", dos viejos rivales

Se conocen desde hace 30 años y se recelan desde entonces. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acumulan chicanas, zancadillas y acusaciones cruzadas por negocios indebidos, según reconstruyó LA NACION de allegados a ambos funcionarios durante meses.

Ambos militaban en Mar del Plata, dentro de la UPAU, pero con perfiles muy distintos. "El Negro" descollaba en la Facultad de Derecho por sus frases incendiarias. Y "Aimé" dividía su tiempo entre la Facultad de Ciencias Económicas y su pasión por pasar música en boliches.

Echegaray se recibió de abogado y enfiló hacia Punta Alta, donde debió sobrellevar su primera tormenta por el llamado Grupo Los Cóndores. El cabecilla, Roberto Nicolás Lucero, se fugó con los ahorros y tiempo después la Justicia lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión. Y Echegaray enfiló luego hacia el Sur, donde pronto se contactó con Rudy Ulloa y ejerció como abogado de Gotti Hermanos, la firma que luego adquirió Lázaro Báez y que terminó siendo investigada por la AFIP por facturación falsa por más de $ 400 millones.

Boudou, mientras tanto, sobrellevó sus propios contratiempos en Mar del Plata, donde además de trabajar como disc-jockey asumió como gerente y luego gerente general de la empresa monopólica de recolección de basura de la ciudad, Venturino, que terminó por quebrar. Pero ya recibido, él siguió su camino entre el Municipio de la Costa -donde afrontó sus primeros traspiés con la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense-, y la Anses.

El punto de inflexión -y de reencuentro- para ambos llegó con el kirchnerismo, al que ninguno de los dos adscribía.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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CFK, Lázaro y sus "vínculos comerciales"

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia del empresario Lázaro Báez, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió aclarar lo aclarado. Reiteró que no son socios "técnicamente", pero admitió, por primera vez, que ambos mantienen "vínculos comerciales".

"La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales", indicó Echegaray al dialogar con un programa de radio, frase que poco después quedó claro que no lanzó al azar. Casi con las mismas palabras, lo repitió en una segunda radio.

"En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial", buscó bajar el tono Echegaray, al ser consultado sobre los nexos financieros, hoteleros, comerciales y personales que unen a la Presidenta con el empresario patagónico desde hace años. "La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina", añadió.

El titular de la AFIP, que antes fue abogado de Gotti Hermanos -otra empresa de Báez, que acumuló facturas truchas por más de $ 400 millones- reafirmó, no obstante, la línea formal que separa a la jefa del Estado del ex empleado bancario. "Técnicamente no hay sociedad constituida", indicó Echegaray, lo que luego repitió con palabras casi idénticas: "Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios", reiteró.

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CFK y Lázaro, ¿son o no socios?

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".

Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.

El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.

Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.

El pretendido despegue de la Presidenta de la suerte de Báez contrasta, sin embargo, con la larga lista de emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, financieros y comerciales que los unen desde hace más de una década.

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Echegaray, el confirmador

Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Un trío que se las trae: Toninelli, Echegaray y Michel

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa supuesta investigación o cuánto dinero se estima que podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

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AFIP - Echegaray baja línea para votar

Fue una movida en dos tiempos. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, protagonizó primero una videoconferencia para todos los abogados que trabajan en el organismo, en todo el país. Les habló de la responsabilidad ética que implica votar en las elecciones del Consejo de la Magistratura. Para algunos profesionales, eso ya fue "incómodo". Pero el remate llegó después: en distintas dependencias de la AFIP de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, se entregaron sobres con los nombres de los letrados y, dentro, la boleta del candidato más cercano al kirchnerismo, César Grau.

La polémica movida, que en el resto del interior del país se plasmó en órdenes orales, fue confirmada por cinco funcionarios y abogados del organismo a LA NACION. Consultados por separado, los profesionales del interior del país y de la capital -pero con matrícula federal- aportaron detalles sobre la videoconferencia que se combinó con la difusión de un comunicado institucional y la aparición de los sobres con las boletas.

La utilización de videoconferencias en períodos electorales no es novedosa para Echegaray. En agosto de 2013, ordenó a todas las direcciones regionales de la AFIP que suspendieran las inspecciones, embargos y ejecuciones fiscales hasta después de las elecciones primarias y generales, para así reducir al mínimo posible el malestar de los contribuyentes, según reveló entonces LA NACION.

La nueva movida apunta ahora a otra votación, más acotada, pero también sensible para el Gobierno. El próximo viernes, los abogados del interior podrán votar a quien será su representante en el Consejo de la Magistratura por cuatro años.

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Nùñez Carmona y el Tango 01

José María Núñez Carmona, el socio del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, coordinó los esfuerzos para que, a mediados de 2010, la Justicia levantara la quiebra de Ciccone Calcográfica. Actuó contra reloj con un objetivo declarado: subirse con ese logro al Tango 01 que llevó al matrimonio presidencial Kirchner a Nueva York, el 22 de septiembre de ese año, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El intento de Núñez Carmona incluyó los esfuerzos de organismos públicos, en particular de la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, controlada por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. También el de abogados de los estudios Taiah, Laporta y Fargosi, según reconstruyó la nacion sobre la base de documentos públicos y privados, y el relato de una docena de funcionarios y fuentes del sector privado.

Pese a esos esfuerzos, Núñez Carmona no logró levantar la quiebra de la ex Ciccone antes de que despegara el avión presidencial. La Justicia aprobó la resurrección de la imprenta el 24 de septiembre, dos días después de que el Tango 01 despegara rumbo a Estados Unidos. Pero la operatoria expone otro indicio sobre el protagonismo del socio del vicepresidente detrás de la nueva Ciccone, beneficiado por el poder y los contactos que le proveyó Boudou desde el Palacio de Hacienda.

"Estaban apuradísimos por levantar la quiebra; desesperados por firmar", relató a la nacion una fuente de la familia Ciccone, al recordar los esfuerzos de Núñez Carmona y del rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele. "José María dirigía la batuta y era el que daba las órdenes cuando nos reuníamos en la sala de reuniones del estudio Taiah", añadió.

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