Boudou, bajo la lupa de bancos y AFIP por lavado

El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF), que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.

Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.

El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que sus oficiales de cumplimiento antilavado les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.

En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, "el Sordo".

Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.

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Ciccone - Boudou apunta al post-procesamiento

Cerca de los abogados de Amado Boudou sostienen que los dos escritos que el vicepresidente presentó ante la Justicia en apenas 24 horas no se contradicen entre sí, y que por el contrario, son complementarios. Y exponen una verdad silenciosa: para él, para sus abogados y para el Gobierno, su procesamiento es ya un hecho. Por eso ya no piensan en cómo lidiar con el juez Ariel Lijo. Apuntan ya a una vía de escape en la Cámara Federal o, incluso, en un juicio oral.

Dos abogados para Boudou: Eduardo Durañona y Diego Pirota. 

El primer escrito que presentó el martes Boudou fue el más personal y político de los dos. Apuntó al corto plazo con el objetivo declarado de adelantar la indagatoria para así reducir su desgaste público -medido en tapas de los diarios-, incluso con la ilusión de que el Mundial ayude a eclipsarlo.

En este primer escrito, influyó la visión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con afirmaciones sobre el juez. Los abogados de Boudou, Diego Pirota y Darío Richarte, consideraron tan impropios esos dardos que se negaron a estampar sus firmas.

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Los Ciccone también deben dar explicaciones

No fue el resultado ideal, pero sí mejor que el que temieron. Así vivieron dentro de la familia Ciccone el llamado a prestar declaración indagatoria del fundador de la imprenta, Nicolás Ciccone, y de su yerno, Guillermo Reinwick, que ahora prometen aportar nuevos datos y evidencias al expediente.

Tanto Ciccone como Reinwick se encuentran bajo la lupa judicial desde las primeras semanas de la causa Ciccone, sospechados de protagonizar negociaciones indebidas con el vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona y y el único rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele.

Sin embargo, en diciembre pasado, ambos fueron citados a declarar como testigos en la causa, luego de que el juez federal Ariel Lijo evaluara que podían aportar más datos sobre la operatoria bajo juramento de decir verdad. Su decisión chocó de inmediato con la oposición del fiscal Jorge Di Lello, de la defensa compartida por Boudou y Núñez Carmona, y del abogado de Vandenbroele.

Para Di Lello, tanto Ciccone como Reinwick podían incriminarse a sí mismos y como testigos carecían de las garantías indispensables para defenderse, por lo que sus dichos podían nulificarse y afectar la solidez de la investigación. Para las defensas, la decisión de Lijo violaba el debido proceso legal y afectaba los "derechos constitucionales" de sus clientes, por lo que apelaron a la Cámara.

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Ciccone - 15 pruebas vs Boudou (y 10 más que vienen)

Para el juez federal Ariel Lijo, que aparezca una foto comprometedora de Amado Boudou es irrelevante. ¿Por qué? Porque el magistrado ya dio por probado el vínculo entre él y su socio José María Núñez Carmona con el único rostro visible de The Old Fund y presidente de Ciccone Calcográfica. Alejandro Vandenbroele, remarcó Lijo, "es conocido de ambos".

¿Cómo y por qué el juez arribó a esa conclusión, que derriba uno de los argumentos defensivos centrales del vicepresidente durante los últimos dos años? ¿Qué pruebas se acumularon en la "causa Ciccone" para colocar a Boudou al borde de su procesamiento? ¿Qué otras evidencias podrían salir a la luz, acaso con repercusiones incluso internacionales?

A estos interrogantes se suma un último eje: ¿quién aportó los más de $ 50 millones que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone? ¿Fue Raúl Moneta, cuya presentación fue rechazada por el síndico de la quiebra por insustancial? ¿Fue el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, amigo de Boudou y de Núñez Carmona? Y si parte del dinero pasó por Estados Unidos, ¿podrían las autoridades antilavado de ese país comenzar a hurgar en las transferencias multimillonarias?

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