EEUU vs UIF (Sbattella) x Nisman

El corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.

El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.

Washington considera lo ocurrido como un "incidente serio", más aún porque no se trató de un incidente aislado, sino de una conducta reincidente del kirchnerismo. En 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia que la FinCen había enviado a la UIF sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario entonces oficialista Página 12, por lo que cortó relaciones con la unidad, que estaba a cargo de Rosa Falduto.

Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.

El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.

Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como "secreta" llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.

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UIF: otra vez chispas con la FinCen

Por segunda vez en apenas seis años, la unidad antilavado estadounidense (FinCen, en inglés) cortó todo tipo de colaboración con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF). Tomó esa decisión tras verificar que la información confidencial que envió a las entonces autoridades del organismo en Buenos Aires, liderado por José Sbattella, terminó por filtrarse para otros fines.

La cooperación bilateral se cortó en junio de 2015, pero continúa vigente hasta hoy, según reveló ayer el propio gobierno de Estados Unidos al presentar su Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, en inglés).

La FinCen, precisó ese informe, "suspendió el intercambio de información con la UIF debido a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina que la FinCen había compartido con la UIF", y anticipó que Washington evalúa sus "próximos pasos" ante lo que definieron como una "ofensa seria".

Ese mismo informe, elaborado por el Departamento de Estado, recordó que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidente bilateral: "La primera suspensión ocurrió en julio de 2009, y se prolongó durante tres años y medio".

En aquella ocasión, el cortocircuito se produjo cuando información que la FinCen había enviado a la unidad antilavado local sobre el empresario y candidato opositor Francisco de Narváez se publicó en el diario oficialista Página 12, según reveló entonces LA NACION.

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UIF - avanzan las postulaciones

El proceso para designar a las nuevas autoridades de la unidad antilavado (UIF) avanzó otro paso. Cuando falta sólo una semana para que venza el plazo de presentación, el Ministerio de Justicia recibió ya más de 200 notas de personas y entidades que apoyan a los candidatos a reemplazar a José Sbattella y otras 25 que los objetan, según datos oficiales de esa cartera.

El plazo para apoyar u observar las postulaciones de Mariano Federici, ex abogado senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de María Eugenia Talerico, una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia, vence el viernes. Tres días después, el 18, se celebrará la audiencia pública para evaluar sus antecedentes, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas. A partir de allí, el ministro de Justicia, Germán Garavano, deberá elevar un informe a Mauricio Macri para que, si superan las observaciones, los designe al frente de la UIF.

Hasta ahora, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentó la impugnación más fuerte. Alertó sobre un potencial "conflicto de interés" que calificó de "alevoso y grosero" debido a los antecedentes laborales que les adjudicó a Federici y Talerico. "Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos", estimó.

En el caso de Talerico, el Cipce la caracterizó como "abogada defensora del banco HSBC", en tanto que objetó la labor de Federici como "asesor externo" de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) -que preside el ex representante argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau-, a la que le endilgan "agrupar al conjunto de profesionales que junto con Marteau se dedican a brindar asesoramiento a personas y empresas investigadas por lavado". Entre otras, el JP Morgan, el banco Masventas o el Grupo Clarín.

Pero tanto Federici -que recibió 104 adhesiones, incluida la del actual presidente del Grupo Egmont, la red que agrupa a todas las unidades antilavado del mundo, y 11 impugnaciones-, como Talerico -100 y 14 notas, respectivamente- consideran "injustas" las objeciones.

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Jefe de los espías... y operador futbolístico

El flamante director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, es uno de los protagonistas centrales detrás de la cuestionada triangulación que debería terminar con el delantero de Boca, Jonathan Calleri, en el club Inter .

Escribano de profesión, pero dedicado a los negocios del fútbol desde hace años, Arribas recomendó al club uruguayo Deportivo Maldonado que contratara a Calleri y se desempeñó como asesor de esa sociedad anónima deportiva (SAD) uruguaya hasta el 9 de diciembre del año pasado, es decir, seis días después de que el presidente Mauricio Macri anunciara que Arribas sería su hombre en la ex SIDE.

Desde la AFI indicaron, sin embargo, que Arribas ya "no forma parte" de las negociaciones en marcha entre los inversores que gerencian el club uruguayo y Boca por el polémico pase del futbolista, que ahora se encuentra bajo la lupa de la unidad antilavado local (UIF).

Calleri no es, a su vez, el único jugador cuya transferencia pasó por las manos de Arribas. También intervino en la adquisición del joven arquero de Estudiantes de La Plata, Gerónimo Rulli, baio una operatoria similar.

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Entrevista a Alicia López

Alicia López, veedora oficial en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), analiza el entramado de corrupción, impunidad y lavado imperante. "La obra pública es un foco de corrupción nunca tratado", afirma.

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Hotesur - sin reporte antilavado desde IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad de la familia Kirchner Hotesur SA, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Pero para el organismo que depende del Ministerio de Justicia se trató de apenas una "falta administrativa leve", punible con una multa.

La obligación de emitir esa alerta surge de dos resoluciones de la UIF y de un manual de procedimientos que emitió la IGJ. Las tres normativas imponen reportar a las autoridades antilavado cuando una sociedad oculta información interna que está obligada a entregar o entrega datos falsos. Por ejemplo, sobre su domicilio, sus balances o sus beneficiarios finales.

Ese reporte de operación sospechosa (ROS) debió abarcar a la sociedad en sí, Hotesur SA, como también a sus accionistas, de modo de abrirle la puerta a la UIF para que analizara por su cuenta si correspondía iniciar una investigación por presunto lavado.

La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una "persona políticamente expuesta", como la presidenta Cristina Kirchner y sus familiares.

Sin embargo, la posición oficial sobre la sociedad hotelera de la familia Kirchner es una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", según la caracterizó anteayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

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Banco Nación: trato premium para Lázaro Báez

El Banco Nación otorgó un trato preferencial al grupo de empresas de Lázaro Báez. Así logró financiarse por la vía de excepción y por encima de los límites preacordados, incluso con operaciones que ordenaron personas que no estaban autorizadas para ese fin. No sólo eso. La entidad demoró en actualizar su clasificación como deudor mientras que al mismo tiempo evitó reportar una operación por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF), según surge de tres informes del BCRA cuya copia obtuvo LA NACION.

Ese trato singular otorgado al socio de Cristina Kirchner ocurrió durante el último año de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Nación, lo que quedó expuesto en dos de esos informes que redactaron los técnicos del BCRA, la entidad que ahora preside el propio Fábrega.

El primero de esos informes, titulado "Memorando de Observaciones Preliminares" y fechado el 14 de agosto pasado, también alerta que el Banco Nación carecía de toda la información que exige la normativa antilavado de la UIF sobre Oil Combustibles, la petrolera del también empresario patagónico y "zar del juego", Cristóbal López.

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Boudou, bajo la lupa de bancos y AFIP por lavado

El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF), que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.

Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.

El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que sus oficiales de cumplimiento antilavado les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.

En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, "el Sordo".

Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.

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Sbattella sale a buscar apoyo afuera

Debido a las impugnaciones que recibió su nominación para permanecer otros cuatro años al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF, el organismo antilavado), José Sbattella tomó una decisión inesperada: les pidió apoyo público a todos sus pares de la región. Y, para eso, incluso les envió una carta modelo que pretende que firmen, según surge de las copias del correo electrónico y de la nota que obtuvo LA NACION.

"Sería un gran honor para mí recibir su aval para la inminente renovación propuesta", planteó Sbattella a los receptores de su mail, en el que les explicaba que les adjuntaba "para su consideración, un modelo de nota para que expresen su apoyo". Quienes la completen deben enviarla a una casilla de correo de la UIF, que a su vez se encargaría de presentarla en el Ministerio de Justicia.

Con su solicitud de apoyo internacional (y otras similares que ya empezaron a circular en el país entre entidades cercanas al Gobierno), Sbattella aspira a contrarrestar la ola de impugnaciones que ya se anunciaron en contra de su nominación.

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Sbattella, con espaldas oficiales

A pesar de las denuncias y críticas que acumuló durante su gestión, el Gobierno postuló ayer al actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, para que continúe otros cuatro años al frente del organismo que debe combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todo el país.

La decisión se explicitó a través de una solicitada que el Ministerio de Justicia publicó ayer en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y BAE, con una breve síntesis del currículum de Sbattella, así como del economista Germán Saller, el candidato a asumir como vicepresidente de la UIF.

La postulación de Sbattella para presidir la UIF por un segundo mandato, que LA NACION anticipó este domingo, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada, que deberá publicar sus antecedentes por tres días, para luego abrir una ventana de quince días para recibir eventuales notas de apoyo o impugnaciones.

El diputado por el Frente Renovador, Adrián Pérez, anticipó ayer que impugnará el pliego de Sbattella, algo que el senador radical Ernesto Sanz ya dejó claro que podría provocarle otro dolor de cabeza a la presidenta Cristina Kirchner.

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Sbattella - se vienen cuatro años más

Se avecina otra tormenta. El Gobierno se apresta a nominar al actual titular de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, para que continúe durante los próximos cuatro años al frente de ese organismo, en el que acumuló denuncias por múltiples irregularidades y presuntos delitos a lo largo de su gestión.

El Ministerio de Justicia podría anunciar esta misma semana la postulación de Sbattella, según anticiparon altas fuentes oficiales a LA NACION, aun cuando todavía suenan otros posibles nombres para reemplazarlo y oxigenar así la UIF, sospechada de actuar como un instrumento para la protección de distintos aliados políticos del Gobierno y de persecución de sus "enemigos".

El propio Sbattella deslizó repetidas veces que podría dar un paso al costado al concluir su mandato -que vencerá el próximo martes 11 de febrero-, en el que logró revitalizar la unidad, con nuevas y más potentes herramientas, pero en el que también acumuló denuncias penales por su actuación.

Sin embargo, Sbattella dejó de plantear esa posibilidad a medida que se acercó la fecha y el principal foro antilavado del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no sacó a la Argentina de su "lista gris", uno de los objetivos de su gestión.

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Lázaro y el investigador investigado

El máximo responsable de la prevención del lavado del Banco Nación hasta principios de 2012 es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) por no haber reportado un sospechoso depósito por US$ 7,5 millones que efectuó el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, según surge de documentos confidenciales cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron tres fuentes de distintas reparticiones públicas.

Las sospechas se centran en el ex miembro del directorio del Banco Nación Jorge Omar Maldonado Santechia, quien presidió durante años el Comité de Auditoría de la mayor entidad bancaria del país, pero cuyo nombre ahora también figura en el expediente sobre Báez que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

A cargo de supervisar toda el área antilavado del Banco, Maldonado quedó en la mira luego de que la sucursal en Comodoro Rivadavia del Banco Nación abrió cinco plazos fijos por un total de US$ 7,5 millones a nombre de la petrolera Epsur y de Austral Construcciones, dos empresas controladas por Báez.

La primera reacción de los oficiales de cumplimiento antilavado de la entidad resultó la correcta. Le pidieron al ex socio del ex presidente Néstor Kirchner que justificara el origen de esos fondos, que se repartieron en cuatro plazos fijos a nombre de Epsur y el restante bajo la titularidad de la constructora Austral.

"La respuesta que dio fue que el dinero correspondía al flujo normal de los negocios y que los plazos fijos eran también propios de la operatoria comercial, lo cual no resultó satisfactorio", detalló una fuente oficial al tanto de lo ocurrido.

Los problemas dentro del Banco Nación comenzaron a partir de ese momento. 

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La ruta negra de Lázaro - todo vuelve

El fiscal José María Campagnoli lo hizo otra vez. Primero acumuló evidencias sobre cómo se habrían sacado 50 millones de euros negros de la Argentina a través de la financiera SGI. También reconstruyó cómo su dueño, Federico Elaskar, cedió sus acciones bajo amenazas del entorno del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Y, ahora, completó la tarea: detalló cómo ese grupo habría repatriado su equivalente en dólares, 65 millones, ya blanqueados, y los reinsertó en el circuito legal a través de una cuenta bancaria de su nave insignia, Austral Construcciones.

El presunto círculo del lavado se cerró del modo más polémico, según surge de la ruta del dinero ya lavado. Porque entre fines de 2012 y abril de este año retornó al país en forma de títulos de la deuda pública argentina y se depositó en una cuenta del Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, ante la pasividad de su área antilavado y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Campagnoli expuso esos hallazgos en un escrito que presentó el miércoles en la causa que instruye la jueza María Gabriela Lanz por la presunta extorsión padecida por Elaskar para que entregara el control de la financiera, conocida en el mundillo financiero como “La Rosadita”, y que corre en paralelo a la investigación por presunto lavado de activos que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

El fiscal solicitó, además, que se cite a prestar declaración indagatoria al hijo del empresario, Martín Báez, al igual que a dos miembros de la sociedad suiza que tomó el control de SGI, Helvetic Services Group, Verena Úrsula Fontana y Claudio Fontana. Los consideró protagonistas de toda la presunta operatoria de lavado desarrollada por lo que calificó como la “armada de valijeros y testaferros de Lázaro Báez y sus socios”.

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"¡Cerrame la IGJ!"

“¡Cerrame la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).

Ahora, en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro público.

El primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

O dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Lázaro - una manito amiga II (en la UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por “actividades sospechosas” y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales.

La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que mostraba el contador y dueño de la financiera “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadín [foto, abajo, izquierda], en su currículum disponible en Internet.

La alerta sobre Epsur y Austral Construcciones, sin embargo, no es la única vinculada con Báez [foto, arriba, derecha] dentro de la UIF. Ya contaba con una, de 2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente Néstor Kirchner, según reconstruyó LA NACION.

En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe controlar a las sociedades en la ciudad de Buenos Aires.

Pero la petrolera Epsur y Austral Construcciones no son las únicas empresas de Báez reportadas ante la UIF por alertas llegados desde dentro y fuera del país, incluso desde Liechtenstein. También las constructoras Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA arrastraban varias alarmas desde 2005.

pd1: el resto de las dos notas publicadas hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

pd2: bonus track: allá por agosto de 2012, revelé que la UIF protegía a Lázaro Báez y me tiraron con munición gruesa; ahora, salen más datos a la luz. Para quien quiera leer aquellas notas, acá y acá.

Una UIF reloaded

En plena tormenta política y judicial por el presunto cajoneo de los reportes de operaciones sospechosas de lavado que recibió durante los últimos años sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y otros supuestos valijeros, financistas y banqueros, el Gobierno jerarquizó y potenció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), con cargos más altos, más presupuesto y más áreas.

La reforma y ampliación de la UIF se plasmó en el decreto 269/2013, que se publicó en el Boletín Oficial con el fin declamado de otorgarle a la unidad "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación". Es decir, "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

El decreto, que lleva la firma de la Presidenta, elevó además al jefe de la UIF, José Sbattella, al rango de secretario de Estado, aunque en la práctica se mueve con plena autonomía de su superior jerárquico, el ministro de Justicia, Julio Alak. Llegados ambos de La Plata, donde aún residen, Sbattella mantiene una sorda disputa con Alak, al igual que con el titular de la (AFIP), Ricardo Echegaray, con quien puja por el control de las bases de datos bancarias, financieras, patrimoniales y tributarias.

En la práctica, el decreto representa, además, un claro respaldo presidencial a Sbattella, quien arrastra varias denuncias penales y una investigación en manos del fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta politización del organismo, la designación de familiares y amigos, la selección discrecional de las investigaciones para perseguir a "enemigos" del Gobierno y proteger a distintos aliados.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

UIF - confirma lo que desmiente

La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó ayer su control sobre el flujo de datos que ingresa y sale del sistema local para la prevención y lucha del lavado de activos en coordinación con organismos del exterior. Lo logró a través de una nueva resolución que se publicó en el Boletín Oficial.

La publicación de la resolución 29/2013 se concretó apenas horas después de que LA NACION revelara que la UIF no investiga toda la información que recibe desde el exterior sobre ciudadanos y empresas argentinas, salvo que esos sujetos ya hubieran protagonizado un reporte de operación sospechosa (ROS) originado en el sistema local.

Por radio, el titular de la UIF, José Sbattella, [foto, arriba] sostuvo que era falso que no se investigara, aunque indicó que, en efecto, la información recibida desde el exterior "queda a la espera" hasta que una alerta local lo destrabe y genere una investigación dentro del organismo antilavado que preside.

"Hay que desmentir que no se investiga; [lo informado desde el exterior] entra en la matriz de riesgo [de la UIF] y si esa persona no tiene antecedentes en la Argentina no se archiva, pero sí queda a la espera en esa base a que aparezca otro dato que lo saque del anonimato y vuelva a entrar en el circuito de la investigación", afirmó Sbattella.

pd1: a confesión de parte, relevo de pruebas.

pd2: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

UIF - de cacería en el zoológico

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.

El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.

Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).

El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.

La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.

"En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico", ironizó uno de los informantes. "Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas."

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Caso Ciccone - cayó el cuarto, nomás

Primero apartaron al juez, luego el fiscal, luego cayó el Procurador General de la Nación y, ahora, llegó el turno del fiscal antilavado. El caso Ciccone se cobró ayer su cuarta víctima, el jefe de la Unidad Fiscal contra el Lavado (Ufilavdin), Raúl Plee.

La decisión la tomó el fiscal Jorge Di Lello, quien interviene en la causa desde mediados de mayo pasado, cuando se dispuso el apartamiento del primer fiscal a cargo de la causa, Carlos Rívolo, y de inmediato aminoró la marcha de la investigación.

Di Lello resolvió la salida de Plee [foto, arriba] con un giro llamativo. En el mismo oficio en que le informó al juez federal Ariel Lijo que la Ufilavdin había dado “acabado cumplimiento al pedido de colaboración”, le indicó que dispuso “solicitar nuevamente la colaboración de la Unidad de Información Financiera”.

El cambio de un equipo de investigadores por otro resulta notable porque, al contrario de lo que sostuvo Di Lello, la Ufilavdin aún debía completar dos misiones. La primera era ahondar en la comisión de $ 7,6 millones que el gobierno de Formosa le pagó a Vandenbroele por su supuesta colaboración en el canje de la deuda que la provincia negoció con el entonces ministro de Economía Boudou. 

¿Su segunda misión? Determinar el origen de los fondos con los que el ex banquero acusado de lavado, Raúl Juan Pedro Moneta canceló las deudas de The Old Fund y terminó como financista de la captación de Ciccone.

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UIF - el expediente Schoklender

La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el entonces apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, registró múltiples pasos llamativos, incluida una inusual escala por el despacho del presidente de la unidad, José Sbattella [foto, abajo], según surge de la hoja de ruta de ese legajo dentro del organismo que obtuvo LA NACION, que consultó con seis fuentes al tanto de los procedimientos de la unidad.

Cada uno de los movimientos del expediente 547/10 que se abrió dentro de la UIF muestra, además, una notable correlación con hechos públicos, acaso al punto de forzar esos movimientos dentro del organismo.

Sbattella se quedó con el expediente –algo inusual, según todos los analistas consultados–, durante 48 días. Hasta que el 30 de mayo lo remitió otra vez a la Secretaría General Ejecutiva. Con una curiosidad: volvió con 447 fojas en vez de 458 fojas. Algo quedó en el camino. Por eso volvió a Presidencia, que otra vez lo remitió a la Secretaría, pero esa vez sí con 458 fojas, aunque no surje de la hoja de ruta si eran las mismas 11 fojas faltantes.

Y en un solo día, el 31 de mayo, el expediente pasó por Presidencia, la Secretaría, la Dirección de Análisis, su par de Asuntos Jurídicos, la de Análisis otra vez, la de Jurídicos una vez más y la Secretaría General, que al día siguiente lo remitió a Tribunales.

pd: el texto completo publicado en LA NACIÓN, acá.