Todo queda en familia, o casi, cuando se trata del poder político, judicial y empresario de Santa Cruz. A pedido de dos fiscales, la jueza Valeria López Lestón se apresta a sobreseer al empresario Lázaro Báez en el expediente por presuntos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz.
¿El otro imputado? El ya fallecido ex presidente Néstor Kirchner, su primo segundo. El inminente sobreseimiento se dictará sin siquiera una sola medida de prueba acumulada al expediente, por lo que se tratará de una no investigación. Pero aun así lo convalidará la jueza, hija de Josefa Kirchner. No es, claro, el único caso.
Una sobrina del ex presidente, Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, es a su vez quien debiera investigar a sus parientes por la compra de tierras fiscales en El Calafate a sólo $ 7,50 el metro cuadrado. Pero también a sí misma, dado que ella es otra de las beneficiarias de esos terrenos.
Por su parte, uno de los fiscales de la no investigación contra Báez también participó en el expediente local sobre los "fondos de Santa Cruz" junto al entonces juez -luego ascendido- Santiago Lozada, quien se dejaba ver mientras cafeteaba con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.
Pero incluso el Tribunal Superior de Justicia santacruceño refleja los vínculos que unen a los jueces con el poder local, aunque ya no resulte tan explícito, como cuando lo presidió Carlos Zannini hasta que renunció para irse con los Kirchner a la Casa Rosada.
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