De ese modo, con una iniciativa general que bloqueó las acusaciones de favoritismo, las autoridades de la IGJ les permitieron a los Kirchner acomodar los papeles de su hotel Alto Calafate. Pero los creadores del REI nunca imaginaron con qué se toparían: ahora tienen que impulsar la muerte jurídica de seis empresas de Lázaro Báez, entre ellas, la constructora Gotti Hermanos y Epelco, la firma con la que el ex empleado bancario compró la casa de los Kirchner en Río Gallegos.
Sin embargo, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, hasta ahora no dio orden alguna para proceder al cierre de las empresas en las cuales encontró irregularidades.
La lista de firmas afectadas es por demás sensible, según pudo corroborar LA NACION durante las últimas semanas. Incluye también las financieras Invernes y Credisol, de Ernesto Clarens, uno de los operadores de los "fondos de Santa Cruz". Y aparece Austral Agro SA, con la que Báez, que comparte negocios con la familia presidencial, escrituró estancias que quedarán bajo el agua con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. O sus hermanas Austral Desarrollos Inmobiliarios SA y Austral Atlántica SA, con las que pagó alquileres a los Kirchner por varios inmuebles situados en la capital santacruceña.
A esas sociedades inactivas -y a los problemas de la nave insignia de Báez, Austral Construcciones con otra usina más de facturas truchas (ver aparte)-, se suma una sexta firma del empresario de renombre público. Se trata de Top Air SA, la empresa de taxis aéreos cuyos pilotos declararon ante la Justicia que llevaron al "valijero" Leonardo Fariña al menos una vez hasta Río Gallegos.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN. acá.
