Jefe de los espías... y operador futbolístico

El flamante director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, es uno de los protagonistas centrales detrás de la cuestionada triangulación que debería terminar con el delantero de Boca, Jonathan Calleri, en el club Inter .

Escribano de profesión, pero dedicado a los negocios del fútbol desde hace años, Arribas recomendó al club uruguayo Deportivo Maldonado que contratara a Calleri y se desempeñó como asesor de esa sociedad anónima deportiva (SAD) uruguaya hasta el 9 de diciembre del año pasado, es decir, seis días después de que el presidente Mauricio Macri anunciara que Arribas sería su hombre en la ex SIDE.

Desde la AFI indicaron, sin embargo, que Arribas ya "no forma parte" de las negociaciones en marcha entre los inversores que gerencian el club uruguayo y Boca por el polémico pase del futbolista, que ahora se encuentra bajo la lupa de la unidad antilavado local (UIF).

Calleri no es, a su vez, el único jugador cuya transferencia pasó por las manos de Arribas. También intervino en la adquisición del joven arquero de Estudiantes de La Plata, Gerónimo Rulli, baio una operatoria similar.

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Boudou + Senado = 2035 ñoquis (por lo menos)

La escoba llegó al Senado de la Nación. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los polémicos nombramientos en planta permanente de 2035 empleados que su antecesor Amado Boudou designó a lo largo de 2015 y que colocaron en rojo las cuentas de la Cámara. Entre ellos, un protagonista del "caso Ciccone" y amigos varios del marplatense.

Michetti también decidió avanzar sobre otro cuestionado legado de Boudou: 2317 recategorizaciones de personal que el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner firmó en la recta final de su mandato, y que ahora serán analizadas, una por una, por una comisión revisora. 

"Hablamos con los presidentes de distintos bloques del Senado y acordamos que no convalidaremos el despilfarro del dinero público", indicó Michetti a LA NACION, minutos antes de comunicar la depuración, que comenzó con la firma de un decreto durante las últimas horas de 2015. "Estamos hablando de más de 1000 millones de pesos que se gastarían en sueldos que podrían y deberían destinarse a otros fines", afirmó la vicepresidenta. Continúa en la página 12

Los nombramientos objetados se acumularon en tres decretos que firmó Boudou, pero que jamás se publicaron en la página oficial del Senado en Internet. Durante meses, LA NACION buscó y solicitó de manera formal las copias de esos textos, pero el ex vicepresidente se negó a entregarlas. Son los decretos 128 y 129, del 26 de enero del año pasado, y el 1682, del 3 de noviembre último.

Mediante esos tres decretos, Boudou designó o recategorizó a miles de personas que engrosaron la plantilla del Senado. La mayoría figura desde enero de 2015 -los restantes, desde el 1° de octubre-, aunque no se descarta que el ex vicepresidente haya conservado bajo llave esos decretos para así incluir de manera retroactiva en sus anexos a los diversos candidatos que se sumaron a lo largo de 2015.

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Adiós a "Coimas en el Senado"

Quince años y meses después de que estalló el escándalo, la causa penal por las "coimas en el Senado" es historia. Se cerró por el mero transcurso del tiempo, cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción (OA).

El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.

Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.

De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de 6 años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. "No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena", planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.

El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que LA NACION revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley "de Reforma Laboral".

Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir "para los senadores tengo la Banelco"-, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.

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Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

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