Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

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Facturas truchas: Lázaro mete a Cristóbal

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. 

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. 

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales.

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De Macri a Cristóbal... y de Scioli a Suris

Dos notas dos salen en la edición de hoy del diario LA NACIÓN. Ambas centradas en los candidatos presidenciales. Ambas, incómodas. Una sobre el líder de Cambiemos, Mauricio Macri, quien se reunió en secreto con el "zar del juego" Cristóbal López. La otra, sobre el postulante del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, al que las facturas truchas del Juan Suris le pegan demasiado cerca...

El arranque del primer texto dice: "En plena campaña electoral, el candidato presidencial Mauricio Macri y el "zar del juego", Cristóbal López, abrieron canales reservados de diálogo con la intención de bajar los niveles de confrontación pública, confirmaron colaboradores de ambos sectores a LA NACION".

El arranque del segundo texto dice: "Las facturas truchas del bahiense Juan Ignacio Suris no sólo llegan hasta Lázaro Báez. Desde Bahía Blanca, también alcanzan a Juan Carlos Mancinelli, un empresario bonaerense que en los últimos años exhibió capacidad de llegada a la estructura del gobierno provincial, según confirmó LA NACION sobre la base de registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), documentos judiciales, testimonios de empresarios y fuentes al tanto de la operatoria".

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Lázaro Báez y otra usina de facturas truchas

Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace años, según confirmó el propio organismo a la justicia en lo penal tributario.

Su nueva proveedora de facturas apócrifas es Conde Marketing SRL, una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá y Bahía Blanca, con otro proveedor de facturas truchas, el bahiense Juan Ignacio Suris, el amigo de Leonardo Fariña que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico.

Austral Construcciones acumuló facturas de Conde Marketing durante al menos dos años -2011 y 2012-, por lo que la AFIP le reclamó más de $ 520.000 en sus rendiciones por IVA y Ganancias, más una tasa. Y la empresa de Báez pagó, aunque bajo reserva.

Con los informes de la AFIP en sus manos, sin embargo, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart dio por cerrada la impugnación fiscal, ya que "el monto evadido" no superó los $ 400.000 "por tributo y por ejercicio anual" que exige la ley para iniciar una pesquisa por evasión tributaria simple. Eso salvó a Báez de otra causa penal, porque al momento en que acumuló esas facturas ese piso mínimo era de $ 100.000 y el accionar de Báez era delito.

Aun así, el hallazgo de Conde Marketing SRL en sus libros contables significa para el ex empleado bancario patagónico un nuevo contratiempo. Sumó otra marca al listado de sus empresas con facturas truchas que acumularon cientos de millones de pesos durante años, al tiempo que la justicia federal investiga si Báez integra una "asociación ilícita fiscal" junto a funcionarios de la AFIP, incluido su titular, Ricardo Echegaray.

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AFIP & Lázaro, una combinación explosiva

El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó ayer de manera formal a los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta protección delictual que le habrían brindado al empresario patagónico Lázaro Báez durante los últimos años.

Marijuan tomó la decisión de imputar a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires -como Ricardo Echegaray y Angel Toninelli, entre otros-, Río Gallegos -donde la jefa de la regional es la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García- y Comodoro Rivadavia.

Las imputaciones quedaron así formalizadas en dos causas penales que se instruyen de manera simultánea en los tribunales de Comodoro Py. Una está a cargo del juez federal Sebastián Casanello; la otra, en manos de su colega Norberto Oyarbide.

Toninelli (izq.) y Echegaray, juntos por Báez

Ambas investigaciones se iniciaron con presentaciones que radicaron legisladores de la oposición. Oyarbide recibió la denuncia de los diputados nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes expusieron una presunta "operatoria llevada a cabo desde el organismo recaudador para proteger y encubrir" a Báez.

Casanello, por su parte, tomó la denuncia de la también diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la AFIP "únicamente investigó a las empresas emisoras de las facturas falsas" que se detectaron en Bahía Blanca, "evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral Construcciones".

En ambos casos, Marijuan consideró que existen méritos suficientes para abrir las investigaciones, disponer las primeras medidas de prueba e imputar los presuntos delitos a los funcionarios que habrían intervenido.

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Lázaro & Echegaray = ¿asociación ilícita fiscal?

El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. 

Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

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Lavado - Lázaro vs juez, medios y AFIP

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones.

La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló LA NACION el 19 de octubre pasado. 

El fastidio del empresario que mantiene "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion.

"Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa", le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como "un verdadero círculo vicioso". Es decir, "una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante" por la que los medios publican versiones que llevarían al juez -al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de "tortuga"- a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias.

Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM.

A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió "ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas" que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento.

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Lázaro & Bahía Blanca, ¿delito precedente?

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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Echegaray, el confirmador

Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Un trío que se las trae: Toninelli, Echegaray y Michel

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa supuesta investigación o cuánto dinero se estima que podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

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Bustos, el "misionero" de Lázaro

BAHÍA BLANCA.- El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó LA NACION durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca.

Al menos uno de esos encuentros entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez (foto, arriba). Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires.

Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

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Lázaro + facturas truchas + AFIP = evasión

BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo LA NACION durante los últimos diez meses.

La facturación le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

pd: el resto de la investigación publicada hoy en LA NACION, acá y acá.

Suris - problemas dentro del BaPro

El "caso Suris" se expande, con múltiples ramificaciones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) dispuso la suspensión de un empleado jerárquico y el pase a disponibilidad de otro por las multimillonarias operaciones que durante años efectuó el "empresario" Juan Ignacio Suris en una sucursal de la entidad en Bahía Blanca sin que jamás se las reportara como sospechosas.

El primero de los sancionados es el gerente regional del Bapro en la zona de Bahía Blanca -se reserva su nombre por tratarse de un sumario en marcha-. Fue suspendido de manera preventiva mientras se completa la investigación interna, ya que bajo su órbita se encuentra la delegación Barrio Universitario, donde operó Suris, detenido y procesado por la Justicia por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas.

La suspensión del gerente se dispuso de manera preventiva, ya que bajo su jurisdicción no se emitieron alertas por la forma sospechosa en la que se movían millones en las cuentas vinculadas a Suris, el amigo -¿socio?- del hoy también detenido "valijero" Leonardo Fariña.

La investigación sumarial que inició el Bapro tras el estallido del escándalo también alcanza al tesorero en la regional de Bahía Blanca. Fue puesto en "disponibilidad" hasta que se precise cuál fue su rol mientras ocurrían decenas de depósitos "virtuales" por un total de $ 11,5 millones entre 2008 y 2012.

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Suris y su red de complicidades dentro del BaPro

Procesado ya por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas, Juan Ignacio Suris calla mucho más de lo que admite ante la Justicia. Calla, en particular, sobre la red de complicidades que operó dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BaPro) para que él pudiera mover más de $ 11,5 millones sin que saltaran las alarmas de la entidad, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y de media docena de testimonios durante las últimas semanas.

Ante el juez federal de Bahía Blanca que luego lo procesó, Santiago Martínez, Suris admitió que emitió facturas por servicios que jamás prestó y que luego completaba operaciones ficticias en el BaPro para simular que las empresas le pagaban por esos servicios inexistentes. ¿Cómo? Se simulaba el depósito del dinero y en cuestión de horas lo retiraba con cheques. De ese modo, los fondos jamás ingresaron a su cuenta. Pero aun así, el BaPro sólo emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando fue demasiado tarde y se ordenó la detención del amigo del "valijero" Leonardo Fariña, hoy también detenido por una presunta evasión tributaria multimillonaria.

Basados en las evidencias que acumularon y un informe que prepararon técnicos de la AFIP, los investigadores judiciales sospechan que Suris contó con la ayuda de uno o más empleados del BaPro para armar la "calesita" de depósitos y retiros ficticios. Pero la duda de la Fiscalía es si esta complicidad alcanza sólo a un cajero de la delegación Barrio Universitario del banco o llega más arriba.

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Suris, otro "panadero" del Sur

Procesado ya como supuesto jefe de una banda narco, Juan Ignacio Suris admitió ante la Justicia su responsabilidad en otro delito: contó que emitió facturas truchas por millones de pesos, que beneficiaron a empresas de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellas relacionadas con el Gobierno nacional.

El amigo del "valijero" Leonardo Fariña afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Que yo sepa, no", dijo, aunque de inmediato relativizó su negativa: "No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez".

Fariña - Suris - Báez

Suris también buscó mejorar su suerte procesal al desvincular a su padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta.

Durante más de dos horas, Suris detalló que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que lidera Julio De Vido.

Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. "Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona", declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. "En la zona de Santa Cruz, con empresas -abundó-, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial."

pd: el resto del material publicado hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

De Suris a Lázaro y Cristóbal, vía Echegaray

La justicia federal investiga a Juan Ignacio Suris como supuesto jefe de una red de narcotráfico. También, por presunto lavado de activos y tráfico de personas. Pero el amigo del "valijero" Leonardo Fariña arrastra otra pesquisa más importante, que llega hasta lo más alto del kirchnerismo.

La investigación contra Suris se desarrolló dentro de la AFIP desde junio de 2011, a pedido del fiscal Antonio Castaño. Fue por la emisión de facturas falsas para repartir entre 200 empresas de, entre otros, Cristóbal López y Lázaro Báez, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y el testimonio de media docena de fuentes.

Esa pesquisa se plasmó en el expediente administrativo 65.846/2011, que avanzó en la Delegación Bahía Blanca de la AFIP y comenzó a dar sus frutos a mediados de 2012. Hasta que irrumpió el titular del organismo, Ricardo Echegaray, quien el 9 de agosto de ese año emitió la disposición 299/12 y bajó esa delegación al nivel de "agencia". Cuatro días después removió autoridades y desarticuló el área local de Fiscalización, que investigaba el caso.

La ofensiva sobre las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca mostraron una notable correlación con el desembarco, en tres viajes, de funcionarios nacionales que llegaron desde Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION. El primer viaje relámpago lo encabezó el propio Echegaray. Según cuentan en Bahía Blanca, se habría reunido con uno de los abogados de Suris en las oficinas de la AFIP en esa ciudad.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Lázaro suma una nueva denuncia penal (y van...)

Tres meses después de la primera publicación en LA NACIÓN, Lázaro Báez sumó ayer una nueva causa penal en su contra.

La Justicia investigará si utilizó su nave insignia, la empresa Austral Construcciones, para evadir impuestos y lavar dinero por medio de facturas truchas y la adulteración de los balances contables.

La decisión la tomó el fiscal en lo Penal Tributario, Claudio Navas Rial, tras evaluar la denuncia que presentó un abogado en base a una serie de notas que publicó el diario a partir de junio. El fiscal estimó que corresponde investigar si Báez y un grupo de familiares y colaboradores recurrieron a Austral Construcciones para evadir cientos de millones de pesos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

LA NACION había revelado cómo Báez ocultó pérdidas por más de $ 250 millones y recurrió a diversas técnicas de contabilidad creativa en los balances de Austral Construcciones entre los años 2008 y 2011.

Entre otras inconsistencias que ahora deberá evaluar el juez del fuero, Javier López Biscayart, figuró el ingreso extraordinario de $ 254,3 millones que en teoría arribaron desde Uruguay y Belice durante 2011, aunque también incluyó supuestos aportes recibidos desde otras de sus empresas, o incluso la suma errónea de $ 32 millones de más durante el ejercicio de 2008.

La investigación penal abarcará así a Báez y a dos de sus hijos, Martín y Leandro, como así también al presidente de la constructora, Julio Mendoza, y a los contadores Daniel Pérez Gadín -también investigado por su actuación en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita"- y César Andrés.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá; algunas de las notas que derivaron en la denuncia y la investigación penal, acá y acá y acá.

Cristóbal & Petrobras - facturas que hacen agua

Las facturas y contratos firmados por el intermediario clave en la presunta compra con sobornos de los activos en la Argentina de la petrolera estatal brasileña Petrobras por el empresario Cristóbal López presentan serias inconsistencias y contradicciones evidentes, según surge de la revisión de tres contadores forenses a los que consultó LA NACION.

Las supuestas irregularidades se centran en los documentos que firmó el operador Jorge Rottemberg, quien cobró al menos US$ 8,8 millones de López, pero que en 24 horas transfirió sus derechos de cobrar esa fortuna a terceros mediante un “contrato de cesión de derechos al cobro”.

Ex colaborador de José Luis Manzano y muy vinculado al actual ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, Rottemberg completó esa cesión a través de su firma uruguaya Millfox Trading a un estudio brasileño. Todo eso, según los contadores, debería disparar una revisión profunda por sabuesos de la Administración Federal de Ingresos (AFIP).

Desde el Grupo Indalo, sin embargo, desmintieron posibles irregularidades en la operación. Consideran la denuncia como parte de una “interna” entre políticos y ejecutivos brasileños de Petrobras que los tiene como terceros afectados. Y ante el pedido de LA NACION, entregaron copias de facturas y recibos de la operación y balances de la empresa Oil Combustibles SA.

Para el presidente de la ONG “Contadores Forenses”, Alfredo Popritkin, no obstante, algunas de las “contradicciones” se encuentran en ese “contrato de cesión”. Rottemberg lo firmó con el estudio vinculado al operador Joao Augusto Henriques, quien admitió los sobornos ante la revista brasileña Época.

Para empezar, afirmó Popritkin, porque en ese contrato “no se describe mínimamente el tipo de servicios y honorarios que generan comisiones y honorarios por hasta 10 millones de dólares, suma que representa más del 20% de la operación principal”.

Ex perito contador de la Corte Suprema, Popritkin también remarcó que, según ese contrato de cesión “cuanto más baja resulte el precio de la transacción, mayor es la comisión y honorarios, lo que resulta inusual en operaciones legítimas”. También, porque establece que Rottemberg no percibiría una retribución si no se concretaba la operación “lo que hace pensar que no se trata de un trabajo profesional sino de un pago con destino final a quienes aprueben la venta de la refinería y estaciones de servicio”.

Un segundo perito contador forense también expuso que en ese contrato de cesión falta la constancia de pago del impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires, donde se consigna que se firmó, y que le daría fecha cierta.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

IGJ - dos precisiones

Ayer, domingo, publiqué un artículo en el diario LA NACIÓN sobre las sociedades que operan bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ) y que cuentan con personas fallecidas (en ciertos casos hace muchos años) entre sus directores, accionistas, etcétera (la nota, acá y acá).

Tras la publicación, un par de personas me planteó un dato que no es menor. Y que debí incluir en el texto para mayor precisión. Esto es: que la IGJ no se encarga de verificar si quienes firman están, en efecto, vivas, sino que eso es responsabilidad de los profesionales (abogados o escribanos) involucrados en los actos jurídicos de dicha sociedad.

Sin embargo, esa precisión requiere otra precisión, que explica por qué apunté a la IGJ y no tanto sobre abogados y escribanos (sobre los cuales, de todos modos, di dos ejemplos).

Dicha precisión de la precisión es la siguiente: la IGJ queda bajo la lupa desde que en 2012 cruzó su base de datos con los disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), de donde surgió la primera y preliminar conclusión de que operaban 22.000 sociedades con fallecidos (el link a su anuncio del hallazgo, acá).

Esa primera y preliminar conclusión, tal y como consigné en la nota, derivó luego (tras la depuración final) en que las sospechas alcanzan a 24.200 sociedades, de las cuales más de 600 eran de alto riesgo.

El problema es, además, qué hizo a partir de ese hallazgo la IGJ, es decir, desde que supo tras una iniciativa propia que operaban esas 24.200 sociedades (y, en particular, las más de 600 de alto riesgo). Debió iniciar sumarios, radicar denuncias penales, notificar a los colegios de escribanos y de abogados, etcétera. Pero en su mayoría, por una decisión política, no lo hizo.

Precisada la precisión, avancemos.