“¡Cerrame
la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que
era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba
mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).
Ahora,
en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro
público.
El
primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó
ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió
aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas
de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos
Aires.
La
IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara
graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades
del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita
jurisdiccional.
Desde
ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones
periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su
información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su
página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número
de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico,
e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde
del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.
O
dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.
pd:
el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
