Gil Lavedra, el hombre de los tres poderes

Entrevista a Ricardo Gil Lavedra, una de las pocas figuras públicas que pasó por los tres poderes del Estado: Judicial (fue camarista federal y participó en el Juicio a las Juntas), Ejecutivo (fue secretario y Ministro) y Legislativo (fue diputado y titular del bloque de la UCR).

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La Justicia vs el "cepo informativo" de la IGJ

Las balas pican cada día más cerca.

La Justicia ordenó ayer el levantamiento del “cepo informativo” que impuso el Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) como parte de la red de protección que montó alrededor del vicepresidente Amado Boudou y las sociedades que lo rodean en el “caso Ciccone”.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concluyó que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar información sobre las sociedades registradas bajo su órbita, ni mucho menos exigir un “interés legítimo” para acceder a esos datos. 

“No se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco existe impedimento  alguno para ello”. concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.

“Cada ciudadano –sin importar su condición– tiene derecho a estar informado y obtener la información contenida en los documentos y registros públicos”, añadieron los camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR) Ricardo Gil Lavedra [foto, arriba].

La Justicia admitió así el amparo presentado por el titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública por carecer de “interés legítimo”.

“Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más representativos”, afirmó Gil Lavedra.

Boudou, ¡teléfono!

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"¡Cerrame la IGJ!"

“¡Cerrame la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).

Ahora, en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro público.

El primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

O dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.

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Las lecciones de Daura

El ex camarista federal, actual diputado nacional y presidente del bloque de legisladores radicales, Ricardo Gil Lavedra, es el político opositor que más ha utilizado los pedidos de acceso a la información pública para obtener datos vinculados al "caso Ciccone". Pero, hasta ahora y como a otros varios legisladores nacionales, no le fue tan bien.

Algunos organismos le respondieron algunas de (no todas) sus consultas. Otros, ni le respondieron. Y la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura, una funcionaria de extrema confianza del vicepresidente Amado Boudou, le dio incluso una suerte de lección.

Lo curioso es que la información que Daura le negó a Gil Lavedra terminó por filtrarse a los medios, con datos incomódos para Boudou, para Alejandro Vandenbroele y para ella misma.

pd: más datos sobre los pedidos de Gil Lavedra y otros legisladores, acá.

100 euros pa' controlar Ciccone

Por las dudas, párelo. Ése es el eje de la petición que presentó ayer ante la unidad antilavado el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra. ¿Su objetivo? Detener, “con carácter urgentísimo”, la inminente impresión de $ 40.000 millones por la nueva Ciccone Calcográfica.

Gil Lavedra fundó su pedido en las facultades que le otorga la nueva ley antilavado a la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre otras, recordó, la de solicitar a la Justicia “la suspensión por un plazo prudencial de la ejecución de las operaciones encomendadas” a la ex Ciccone, rebautizada ahora como Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Y así “para impedir la consumación de una contratación verdaderamente escandalosa”.

El ex camarista federal expuso, en esa línea, varios puntos sencillos de verificar sobre la inconsistencia de las sociedades involucradas. Desde que The Old Fund registró dos cheques rechazados por falta de fondos el mes pasado por un total de 48.000 pesos, hasta que el fondo holandés que lo controla, Tierras International Investments CV, se creó con un capital de apenas 100 euros y figura disuelto en el Registro de Comercio de Ámsterdam.

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