Lázaro y el investigador investigado

El máximo responsable de la prevención del lavado del Banco Nación hasta principios de 2012 es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) por no haber reportado un sospechoso depósito por US$ 7,5 millones que efectuó el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, según surge de documentos confidenciales cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron tres fuentes de distintas reparticiones públicas.

Las sospechas se centran en el ex miembro del directorio del Banco Nación Jorge Omar Maldonado Santechia, quien presidió durante años el Comité de Auditoría de la mayor entidad bancaria del país, pero cuyo nombre ahora también figura en el expediente sobre Báez que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

A cargo de supervisar toda el área antilavado del Banco, Maldonado quedó en la mira luego de que la sucursal en Comodoro Rivadavia del Banco Nación abrió cinco plazos fijos por un total de US$ 7,5 millones a nombre de la petrolera Epsur y de Austral Construcciones, dos empresas controladas por Báez.

La primera reacción de los oficiales de cumplimiento antilavado de la entidad resultó la correcta. Le pidieron al ex socio del ex presidente Néstor Kirchner que justificara el origen de esos fondos, que se repartieron en cuatro plazos fijos a nombre de Epsur y el restante bajo la titularidad de la constructora Austral.

"La respuesta que dio fue que el dinero correspondía al flujo normal de los negocios y que los plazos fijos eran también propios de la operatoria comercial, lo cual no resultó satisfactorio", detalló una fuente oficial al tanto de lo ocurrido.

Los problemas dentro del Banco Nación comenzaron a partir de ese momento. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

"¡Cerrame la IGJ!"

“¡Cerrame la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).

Ahora, en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro público.

El primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

O dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Lázaro - una manito amiga II (en la UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por “actividades sospechosas” y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales.

La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que mostraba el contador y dueño de la financiera “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadín [foto, abajo, izquierda], en su currículum disponible en Internet.

La alerta sobre Epsur y Austral Construcciones, sin embargo, no es la única vinculada con Báez [foto, arriba, derecha] dentro de la UIF. Ya contaba con una, de 2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente Néstor Kirchner, según reconstruyó LA NACION.

En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe controlar a las sociedades en la ciudad de Buenos Aires.

Pero la petrolera Epsur y Austral Construcciones no son las únicas empresas de Báez reportadas ante la UIF por alertas llegados desde dentro y fuera del país, incluso desde Liechtenstein. También las constructoras Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA arrastraban varias alarmas desde 2005.

pd1: el resto de las dos notas publicadas hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

pd2: bonus track: allá por agosto de 2012, revelé que la UIF protegía a Lázaro Báez y me tiraron con munición gruesa; ahora, salen más datos a la luz. Para quien quiera leer aquellas notas, acá y acá.

Lázaro - una manito amiga I (en la IGJ)

Tres empresas de Lázaro Báez recibieron una protección especial dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ), que evitó responder a pedidos de informes realizados por la Justicia.

La polémica actuación del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se centró en Austral Construcciones y en las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a recibir una protección especial desde el 21 de junio del año pasado, cuando la Justicia requirió datos sobre ambas empresas.

La demora permitió que esas firmas comenzaron a ordenar y completar sus legajos societarios, según consta en los registros oficiales del organismo y confirmaron fuentes dentro de la propia IGJ.

Dentro de la IGJ, los oficios judiciales que llegaron el 21 de junio pasado sobre Austral Construcciones y Misahar se encuentran "bajo proceso de análisis". Lo mismo ocurre con el oficio "reiteratorio" que, en el caso de la primera, llegó el 28 de marzo de este año. Las autoridades de la IGJ no respondieron ninguno aún.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.