Tras la publicación, un par de personas me planteó un dato que no es menor. Y que debí incluir en el texto para mayor precisión. Esto es: que la IGJ no se encarga de verificar si quienes firman están, en efecto, vivas, sino que eso es responsabilidad de los profesionales (abogados o escribanos) involucrados en los actos jurídicos de dicha sociedad.
Sin embargo, esa precisión requiere otra precisión, que explica por qué apunté a la IGJ y no tanto sobre abogados y escribanos (sobre los cuales, de todos modos, di dos ejemplos).
Dicha precisión de la precisión es la siguiente: la IGJ queda bajo la lupa desde que en 2012 cruzó su base de datos con los disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), de donde surgió la primera y preliminar conclusión de que operaban 22.000 sociedades con fallecidos (el link a su anuncio del hallazgo, acá).
Esa primera y preliminar conclusión, tal y como consigné en la nota, derivó luego (tras la depuración final) en que las sospechas alcanzan a 24.200 sociedades, de las cuales más de 600 eran de alto riesgo.
El problema es, además, qué hizo a partir de ese hallazgo la IGJ, es decir, desde que supo tras una iniciativa propia que operaban esas 24.200 sociedades (y, en particular, las más de 600 de alto riesgo). Debió iniciar sumarios, radicar denuncias penales, notificar a los colegios de escribanos y de abogados, etcétera. Pero en su mayoría, por una decisión política, no lo hizo.
Precisada la precisión, avancemos.
