CFK y Lázaro, ¿son o no socios?

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".

Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.

El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.

Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.

El pretendido despegue de la Presidenta de la suerte de Báez contrasta, sin embargo, con la larga lista de emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, financieros y comerciales que los unen desde hace más de una década.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

IGJ - dos precisiones

Ayer, domingo, publiqué un artículo en el diario LA NACIÓN sobre las sociedades que operan bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ) y que cuentan con personas fallecidas (en ciertos casos hace muchos años) entre sus directores, accionistas, etcétera (la nota, acá y acá).

Tras la publicación, un par de personas me planteó un dato que no es menor. Y que debí incluir en el texto para mayor precisión. Esto es: que la IGJ no se encarga de verificar si quienes firman están, en efecto, vivas, sino que eso es responsabilidad de los profesionales (abogados o escribanos) involucrados en los actos jurídicos de dicha sociedad.

Sin embargo, esa precisión requiere otra precisión, que explica por qué apunté a la IGJ y no tanto sobre abogados y escribanos (sobre los cuales, de todos modos, di dos ejemplos).

Dicha precisión de la precisión es la siguiente: la IGJ queda bajo la lupa desde que en 2012 cruzó su base de datos con los disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), de donde surgió la primera y preliminar conclusión de que operaban 22.000 sociedades con fallecidos (el link a su anuncio del hallazgo, acá).

Esa primera y preliminar conclusión, tal y como consigné en la nota, derivó luego (tras la depuración final) en que las sospechas alcanzan a 24.200 sociedades, de las cuales más de 600 eran de alto riesgo.

El problema es, además, qué hizo a partir de ese hallazgo la IGJ, es decir, desde que supo tras una iniciativa propia que operaban esas 24.200 sociedades (y, en particular, las más de 600 de alto riesgo). Debió iniciar sumarios, radicar denuncias penales, notificar a los colegios de escribanos y de abogados, etcétera. Pero en su mayoría, por una decisión política, no lo hizo.

Precisada la precisión, avancemos.

IGJ - todos tus muertos

La Inspección General de Justicia (IGJ) detectó más de 600 sociedades que ampliaron su capital, modificaron su domicilio o incluso se constituyeron con personas fallecidas hasta 15 años atrás. Mucho peor que González. Aun así, por razones políticas, la IGJ no tomó medidas contra la mayoría de esas sociedades, a las que sólo en ciertas ocasiones denunció ante la Justicia, según reconstruyó LA NACION.

La información surgió de registros oficiales y de fuentes del organismo estatal. La desidia de la IGJ sobre esas sociedades fantasma se debe al temor a toparse con otro "caso Skanska", con proveedores de facturas truchas, sobreprecios y presuntos sobornos, o con empresas de fantasía como las que sirvieron para el cobro de subsidios irregulares en la Oncca, según relataron fuentes del organismo.

En esa línea, un amplio porcentaje de las sociedades constituidas por muertos son "consultoras", con objetos sociales amplios, en tanto que los fallecidos figuran inscriptos ante la AFIP en ese rubro. Más aún, en la mayoría el difunto apareció como se presidente, para después cambiar las autoridades y desaparecer del Boletín Oficial. Es decir, prácticas habituales entre las usinas de facturas falsas para la evasión de impuestos y el ocultamiento de pagos de sobornos.

pd: el resto de la nota y el recuadro publicados hoy en LA NACIÓN, acá y acá.