Hotesur irregular; Máximo protagonista

El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.

"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

IGJ - dos precisiones

Ayer, domingo, publiqué un artículo en el diario LA NACIÓN sobre las sociedades que operan bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ) y que cuentan con personas fallecidas (en ciertos casos hace muchos años) entre sus directores, accionistas, etcétera (la nota, acá y acá).

Tras la publicación, un par de personas me planteó un dato que no es menor. Y que debí incluir en el texto para mayor precisión. Esto es: que la IGJ no se encarga de verificar si quienes firman están, en efecto, vivas, sino que eso es responsabilidad de los profesionales (abogados o escribanos) involucrados en los actos jurídicos de dicha sociedad.

Sin embargo, esa precisión requiere otra precisión, que explica por qué apunté a la IGJ y no tanto sobre abogados y escribanos (sobre los cuales, de todos modos, di dos ejemplos).

Dicha precisión de la precisión es la siguiente: la IGJ queda bajo la lupa desde que en 2012 cruzó su base de datos con los disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), de donde surgió la primera y preliminar conclusión de que operaban 22.000 sociedades con fallecidos (el link a su anuncio del hallazgo, acá).

Esa primera y preliminar conclusión, tal y como consigné en la nota, derivó luego (tras la depuración final) en que las sospechas alcanzan a 24.200 sociedades, de las cuales más de 600 eran de alto riesgo.

El problema es, además, qué hizo a partir de ese hallazgo la IGJ, es decir, desde que supo tras una iniciativa propia que operaban esas 24.200 sociedades (y, en particular, las más de 600 de alto riesgo). Debió iniciar sumarios, radicar denuncias penales, notificar a los colegios de escribanos y de abogados, etcétera. Pero en su mayoría, por una decisión política, no lo hizo.

Precisada la precisión, avancemos.