Cristóbal también gatilla $$$

Dos socios de Máximo Kirchner recibieron casi $ 1.200.000 por mes del empresario patagónico Cristóbal López por el alquiler de inmuebles y maquinarias, y por brindarle "asesoramiento inmobiliario", según surge de constancias que obtuvo LA NACION durante las últimas semanas.

Los receptores de esos pagos son Osvaldo Sanfelice, responsable de la gerenciadora del hotel Alto Calafate en la actualidad, y el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, ambos socios del hijo de la Presidenta en una inmobiliaria de Río Gallegos.

Los movimientos se hicieron a través de una sociedad que en la actualidad figura con el CUIT inhabilitado por la AFIP y en la que figura como socio un ex docente fallecido meses atrás. Sanfelice y Sancho recibieron esos millones del bolsillo personal del propio López y de tres de sus empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil M&S, la fábrica Álcalis de la Patagonia y la constructora CPC SA.

Esos pagos aportan así un nuevo vínculo comercial entre el llamado "zar del juego" y el entorno más íntimo de la familia presidencial. Se suman así a los alquileres de dos departamentos y cinco cocheras de la Presidenta en el complejo Madero Center de Puerto Madero, y el histórico departamento de la familia Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta.

Consultados por LA NACION, desde el Grupo Indalo confirmaron la veracidad de esos pagos, a los que restaron cualquier arista política. "Cristóbal conoce desde hace años a Sanfelice y mantiene vínculos personales y comerciales con él", indicó uno de sus voceros, que indicó que las facturas corresponden a "servicios" que prestó el socio en común que López mantiene con Máximo Kirchner. "Entre todas las empresas del Grupo [Indalo] tenemos alquilados más de 400 equipos de una larga lista de proveedores, no sólo de Sanfelice", explicaron.

Para recibir dinero de López, Sanfelice y Sancho recurrieron en especial a la firma Agosto SA, una sociedad constituida con fines inmobiliarios y comerciales, para la construcción y hasta como agencia de viajes, según consta en los registros societarios que obtuvo LA NACION.

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Kirchner y Báez - repaso de una relación

"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.

Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.

Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.

¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.

Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.

Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.

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Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

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Entrevista a Agustìn Salvia

"Nuestros informes muestran un avance sistemático del narcotráfico", alerta Agustín Salvia, uno de los referentes del Observatorio Social de la UCA.

Narcotráfico, desigualdad social, manipulación del Indec, pobreza, los desafíos estructurales que afronta la Argentina, la orden del Papa y mucho más.

pd: el link a la entrevista completa en el diario LA NACION, acá.