Hotesur - la Cámara define si aparta a Rafecas

La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el "caso Hotesur" que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de "querellante".

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como "querellante", lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.

Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su "objeto procesal", es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía "no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal" que se investiga en el expediente, por lo que "se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata". Y esto, a su vez, "impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado".

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

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Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

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Los Kirchner, Lázaro y sus empleados viajeros

El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.

Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por "la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad" de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban "con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos" a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.

En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.

Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.

Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como "actuación 10780-1041-2014", que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.

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Lázaro y sus US$ 6,2 millones para los Kirchner

Lázaro Báez reconoció ante la AFIP lo que en público calla. Admitió que pagó por un total de 2300 habitaciones en el hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia presidencial a lo largo de tres años, al mismo tiempo que alquiló dos de sus salones, según consta en los convenios confidenciales que entregó al órgano recaudador y cuya copia obtuvo LA NACION.

Fruto de esa operatoria hotelera, los Kirchner recaudaron por lo menos US$ 4 millones, más otros $ 11,5 millones entre fines de 2008 y mediados de 2013 a través de Hotesur, la firma con que controlan el hotel Alto Calafate, según surge de documentación adicional del grupo de empresas de Báez a la que accedió LA NACION. Es decir, un total cercano a los US$ 6,2 millones según la evolución del tipo de cambio a lo largo de todo ese período.

La operatoria que admitió Báez alcanzó a siete de sus empresas, según consta en esos y otros documentos a los que accedió este diario, que exponen una maniobra con dos grandes pasos. El primero fue que esas empresas firmaran convenios con Valle Mitre, la firma del propio Báez con la que gerenció el Alto Calafate entre 2008 y 2013. Y el segundo paso ocurrió cuando Valle Mitre, con los $ 23,7 millones que le aportaron esas siete empresas, comenzó a justificar los millones que empezó a pagarles a los Kirchner.

¿Qué decían esos tres contratos? Según reconstruyó la AFIP sobre la base de los documentos que aportó el propio Báez ante distintos organismos públicos, el primer contrato se selló el 10 de noviembre de 2008.

Es decir, apenas tres días después de que los Kirchner tomaron el control del Alto Calafate a través de Hotesur SA. Entonces firmaron un contrato "de locación" con Báez, quien aceptó pagarles US$ 80.000 más IVA por mes a los Kirchner entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, cerca de US$ 2,5 millones, más IVA.

Con el segundo contrato -"de cesión de explotación"- entre Báez y Hotesur, en tanto, el contratista de obra pública acordó un pago inicial de US$ 100.000 más otros US$ 40.000 por mes, también entre noviembre de 2008 y mayo de 2011. Es decir, otros 1,34 millones de dólares. Por último, con el tercero contrato "de locación" que reemplazó al primero y rigió entre mayo de 2011 y hasta su rescisión en julio de 2013, los Kirchner y Báez establecieron un canon de $ 408.000 por mes, más un seguro de US$ 5 millones. Es decir, casi $ 11,5 millones adicionales (cerca de US$ 2,4 millones según la evolución del tipo de cambio), más el seguro.

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Hotesur - más problemas con los domicilios

Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate. Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos. Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó "que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA",

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Hotesur, ¿un avance o retroceso?

Parece un avance, pero puede no serlo. La decisión que adoptó ayer el juez Daniel Rafecas es un gesto de aprobación al trabajo de su colega Claudio Bonadio en su pesquisa sobre los negocios de la familia presidencial. Pero eso no significa que la investigación pueda avanzar en el corto plazo. Por el contrario, aún corre serios riesgos de entrar en vía muerta.

¿Por qué? Porque la resolución de Rafecas será apelada por la defensa de la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, que como presidenta del directorio de Hotesur -sociedad controlante del Alto Calafate- lidera los esfuerzos por cerrar el expediente en Buenos Aires.

Las apelaciones que se avecinan son apenas el primer obstáculo para retomar la investigación, porque aun si la Cámara Federal porteña confirmara la decisión de Rafecas -y más allá de que luego suba o no hasta la Casación-, luego vendrá la segunda y más compleja batería de planteos defensivos.

¿Con qué objetivo? Que el expediente se remita al Sur, al juzgado federal con competencia en Río Gallegos, tal como ya esbozó el titular de Idea SA, la firma gerenciadora de los hoteles, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA y socio de Cristóbal López en Talares de Posadas SA, además de su empleado en Álcalis de la Patagonia.

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Una buena para Báez (por los impuestos)

El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $ 254 millones a los balances de Austral Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores, luego de que la AFIP determinó que los montos exigibles por impuestos impagos por un global de $ 1,1 millón no superan el monto mínimo exigido por ley, o se abordan figuras penales ajenas a su competencia.

El juez dio entonces por cerrada la pesquisa contra las empresas de Báez y sobreseyó a sus colaboradores Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, y remitió copias del expediente a la Cámara Federal para que sortee el Juzgado que deberá investigar si se registraron maniobras de lavado, entre otras figuras penales, lo que ya lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.

López Biscayart, -que durante la presidencia de Néstor Kirchner investigó el "caso Skanska" sobre presuntos sobreprecios en la obra pública- tomó esa decisión el miércoles pasado, pero sólo trascendió ayer, cuando venció el plazo para que apelara la Fiscalía -que no recurrió su fallo-, y colaboradores de Báez se encargaron de difundirlo.

Según verificó López Biscayart, los inspectores de la AFIP objetaron las declaraciones impositivas que presentaron varias empresas de Báez durante los últimos años en relación con los convenios que firmaron con los hoteles de la familia presidencial, y verificaron que Austral Construcciones operó con otro "proveedor apócrifo" de facturas, "Conde Marketing SRL".

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Hotesur - un largo camino hacia los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadío dejó atrás ayer el primero de los varios escollos que afronta para investigar la operatoria hotelera de la familia Kirchner y la ruta del dinero que la une con dos de los empresarios más controvertidos de la última década: Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Cámara de Casación Penal se encargó de ese primer escollo. Lo confirmó al frente del "caso Hotesur" -como se llama la sociedad controlante del hotel Alto Calafate-, a pesar de los esfuerzos por recusarlo por la supuesta vulneración de los derechos de defensa de los imputados.

Sin embargo, el juez afronta aún al menos otros dos desafíos. El primero es un intento que llegó del Sur para quitarle la pesquisa por razones de competencia. El objetivo es que Bonadio se desprenda del expediente y lo envíe a Río Gallegos. El segundo pasa por el rol que debe asumir -o no- el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien semanas atrás se tomó una licencia inesperada.

¿Por qué tantas dificultades alrededor de esta investigación? Porque si Bonadio retiene el expediente, avanzará sobre Máximo Kirchner. Y más tarde o más temprano lo citará a indagatoria.

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Báez - control total sobre los hoteles K

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario gerenció los hoteles Alto Calafate y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. 

Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

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Hotesur - contadores de Lázaro al mando

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas.

Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Pero no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate. También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

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Hotesur - sin reporte antilavado desde IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad de la familia Kirchner Hotesur SA, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Pero para el organismo que depende del Ministerio de Justicia se trató de apenas una "falta administrativa leve", punible con una multa.

La obligación de emitir esa alerta surge de dos resoluciones de la UIF y de un manual de procedimientos que emitió la IGJ. Las tres normativas imponen reportar a las autoridades antilavado cuando una sociedad oculta información interna que está obligada a entregar o entrega datos falsos. Por ejemplo, sobre su domicilio, sus balances o sus beneficiarios finales.

Ese reporte de operación sospechosa (ROS) debió abarcar a la sociedad en sí, Hotesur SA, como también a sus accionistas, de modo de abrirle la puerta a la UIF para que analizara por su cuenta si correspondía iniciar una investigación por presunto lavado.

La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una "persona políticamente expuesta", como la presidenta Cristina Kirchner y sus familiares.

Sin embargo, la posición oficial sobre la sociedad hotelera de la familia Kirchner es una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", según la caracterizó anteayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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Hotesur irregular; Máximo protagonista

El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.

"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

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Hotesur & IGJ - inconsistencias expuestas

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.

La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.

Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.

Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.

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Hotesur - una firma clave, en una trama millonaria

Dos son las sociedades clave para entender el entramado de negocios y sospechas que une a Cristina Kirchner con el empresario patagónico Lázaro Báez. Una es Hotesur; la otra, Valle Mitre. Y ambas se encuentran bajo la lupa judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria, y otras figuras que se ciernen sobre los funcionarios que deberían controlarlas.

Hotesur SA es la firma que con que la familia Kirchner controla sus hoteles en el Sur. El más importante es el Alto Calafate. Pero sus números se mantienen en las sombras. Entre otros motivos, porque incumplió con varias exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debe controlar a las sociedades creadas o domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, y que depende del Ministerio de Justicia.

Valle Mitre SA, en tanto, pertenece a Báez. ¿Por qué es relevante esa firma? Porque durante años se encargó de gerenciar los hoteles de la Presidenta y garantizarle ingresos multimillonarios a través de los contratos que firmaron al menos ocho empresas del propio Báez para pagar cientos de habitaciones sin jamás usarlas, tal como reveló LA NACION en diciembre y enero pasados.

¿Cómo era esa operatoria? Ocho firmas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta superar las 1100 habitaciones por mes durante años, que él pagó, sin obtener una tarifa corporativa ni descuento alguno y sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas o si se trataba de temporada alta o baja.

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CFK + Lázaro + Clarens = convenios para un hotel

Los acuerdos confidenciales y retroactivos que firmaron el hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner, y el conglomerado de firmas que rodea a Lázaro Báez fueron más de siete. Al menos otras dos empresas vinculadas al constructor santacruceño pactaron convenios similares en los últimos años con el mismo fin: garantizarles ingresos millonarios a los Kirchner a cambio de cientos de habitaciones que jamás usaron.

Los dos nuevos convenios que salen ahora a la luz los firmaron Diagonal Sur Comunicaciones SA, también controlada por Lázaro Báez, y Credisol SA, vinculada a ese empresario y al financista Ernesto Clarens. Ambas tienen baja cantidad de empleados propios y operaciones centradas en Río Gallegos, lejos de El Calafate.

Ambas firmas se suman a las siete de Báez que se comprometieron a pagarles a los Kirchner 935 habitaciones por mes por un total de $ 10,1 millones entre mediados de 2010 y de 2011.

Ese tercio de ocupación que garantizó Báez se combinó, a su vez, con otro tercio diario que durante ese período se encargó de cubrir Aerolíneas Argentinas, ya en pleno proceso de expropiación, y aun cuando otros hoteles de la misma categoría en El Calafate ofrecían tarifas más bajas.

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Lázaro, el "inflador" turístico

El empresario Lázaro Báez montó una operatoria por al menos $ 12,7 millones para engordar los ingresos de la firma gerenciadora Valle Mitre y cubrir de ese modo los pagos que debió realizar al matrimonio de los Kirchner por la contratación de sus hoteles durante 2010.

La operatoria se basó en el armado de un paquete de "proyectos" turísticos, algunos de los cuales jamás se concretaron. Pero aun así Báez contrató y le pagó durante meses cifras millonarias a Valle Mitre para de ese modo aumentar su caudal de fondos. Estos datos surgen de los documentos contables de sus empresas a los que accedió LA NACION, que los analizó junto con seis expertos contables, financieros y antilavado.

Durante los meses de temporada baja, en particular, el empresario patagónico [foto, arriba] debió recurrir a esos "proyectos" porque los ingresos que Valle Mitre podía adjudicar a los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea ya habían llegado a un punto que de ampliarse hubieran resultado difíciles de justificar.

Báez optó por acudir a Austral Construcciones. Así, la constructora asumió un triple rol. Firmó uno de los convenios confidenciales y retroactivos para pagar habitaciones en el Alto Calafate aunque sus empleados no las usaran. También se encargó de cubrir los pagos de las restantes seis firmas del empresario que firmaron esos mismos acuerdos. Además aportó los millones necesarios para financiar los supuestos "proyectos" con Valle Mitre.

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Kirchner, Lázaro y los hoteles - para todos y todas

¿Cómo fue la operatoria hotelera del binomio Kirchner - Lázaro? ¿Qué significa? ¿Cuándo ocurrió? Acá va un resumen, lo más simplificado posible:

Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública durante la última década en la Patagonia, pagó millones de pesos por cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate durante años. Y así engordó la billetera de los últimos dos presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Tanto, que representó el equivalente al 20% del patrimonio de poco más de $ 70 millones que la pareja presidencial declaró en 2011.

Para eso, Báez recurrió a una operatoria sencilla, que nunca debió salir a la luz. Hizo que siete de sus empresas firmaran convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta acumular 935 habitaciones todos los meses que él pagó, sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas, ni si se trataba de temporada alta o baja.

¿Resultado? Al cabo de sólo un año y medio, Báez desembolsó $ 10,1 millones por esas habitaciones en el Alto Calafate. Y ese monto se sumó a otros $ 3,2 millones que también pagó por el "alquiler" de la hostería Las Dunas, más otro $ 1,1 millones por operatorias con Los Sauces SA. Total: $ 14,5 millones.

El dispendio de esa fortuna resulta notable. Pero más aún cuando el hombre de la chequera fue un simple empleado del Banco de Santa Cruz, por entonces estatal, hasta que conoció a Kirchner en 1990. Y que en paralelo al ascenso al poder del por entonces intendente se convirtió en un megaempresario.

Los números son evidentes. Sólo durante la década kirchnerista en la Casa Rosada ganó contratos nacionales por $ 4000 millones y otros $ 1200 millones de la provincia de Santa Cruz. O dicho de otro modo, mientras que Kirchner fue presidente, Báez ganó el 82% de los contratos que otorgó el gobierno santacruceño.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

LA NACIÓN y este escribidor, ¿desestabilizadores?

El Ministerio de Justicia acusó anoche a LA NACION y a uno de sus periodistas, Hugo Alconada Mon, de montar "un proceso sistemático" de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".

Así lo hizo horas después de que este diario revelara en su edición de ayer que la Inspección General de Justicia (IGJ) protegía a Hotesur, la sociedad anónima con que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate.

A través de un comunicado, el Ministerio sostuvo que ese artículo careció de "rigor periodístico" y mostró "la mala fe en el accionar" del diario y del periodista, quien reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", como también que presentó su declaración jurada de actualización de datos fuera de término.

Según detalló el Ministerio, que lidera Julio Alak, la sociedad presidencial presentó su declaración jurada el 27 de abril de 2012 -LA NACION publicó que fue un día después, y así consta en el registro informático de la propia IGJ-, y que fue "intimada el 17 de abril de 2013 mediante carta documento a la presentación de los estados contables, el pago de las tasas adeudadas y a inscribir las autoridades vigentes".

En efecto, esa información faltante, que la IGJ reconoció al señalar que debió intimarla -aunque lo hizo con un año de demora, ya que tenía 10 días para hacerlo según la normativa vigente-, es la que expuso LA NACION ayer, al indicar que su último directorio se designó en 2008 y que adeuda presentar los balances de 2011 y 2012.

pd: el artículo que generó la reacción del Ministerio de Justicia, acá: el texto completo del comunicado oficial, acá; y el texto publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Hotesur, la protegida del Gobierno

La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llega hasta la cúspide misma del poder. Porque al "cepo informativo" que se montó para cuidar al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se sumó una cobertura especial para Hotesur, la sociedad anónima con la que el matrimonio Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Así surge de los registros internos del organismo que fueron vistos por LA NACION y analizados por tres expertos.

Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si alguno de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).

Los incumplimientos de la firma controlante del Alto Calafate no terminan allí. Presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa vigente.

Esta protección no es aislada. Se suma a la que tuvieron tres empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar), socio del matrimonio presidencial, y a la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, tal como reveló LA NACION en enero y mayo pasados, lo que provocó la apertura de una investigación penal.

Pero el caso de Hotesur es más sensible. Se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que después de su muerte quedó bajo el control de su esposa y sus dos hijos, Máximo y Florencia.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.