Espionaje ilegal en tiempos K

La puja por las escuchas excede a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Apunta a los doce años previos del kirchnerismo en el poder y a la forma en que manejaron las intervenciones telefónicas (y los carpetazos) cuando las manejaba (y manipulaba) la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).

Fueron años en que el entonces presidente Néstor Kirchner se movió a gusto con la información que le pasaban los espías liderados por Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, al que los santacruceños mimaron y potenciaron durante una decada.

CFK, Pocino y Stiuso

Fueron años, además, en los que el kirchnerismo disfrutó de montar operaciones de desprestigio en cada campaña electoral, como las que padecieron Enrique Olivera o Francisco de Narváez, entre otros. Y fueron años en los que las escuchas (las legales y las otras) quedaron bajo la órbita de la infame "Ojota" de la ex SIDE, que se ganó su apodo gracias a sus iniciales formales: O. J.

Ese statu quo sólo comenzó a cambiar cuando, ya en su último año en la Casa Rosada, el kirchnerismo rompió con sus socios para los trabajos desagradables. Y no rompió por un súbito ataque de conciencia. La causa fue más práctica: la entonces presidenta Cristina Kirchner sospechó que los muchachos eran más fieles a si mismos que a ella y su poder.

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Kirchner y Báez - repaso de una relación

"Si soy amiga de él, necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta una de las pocas veces que aludió a Lázaro Báez en público, aunque sin nombrarlo, mientras lo comparaba con otros contratistas de obra pública que, según el Ministerio de Planificación Federal, recibieron más fondos del Estado nacional.

Otros empresarios reciben, en efecto, más dinero de las arcas públicas nacionales que Báez. Pero ninguno acumula tantos lazos con la familia presidencial como él. Tantos, que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, al intentar desmentir que fueran "socios", admitió que mantienen múltiples "vínculos comerciales" entre sí.

Parte de esos vínculos aparecieron en cajones del escritorio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, Negocios Inmobiliarios SA, en el allanamiento que el juez Claudio Bonadio ordenó a mediados de julio. Días después lo apartó la Sala I de la Cámara Federal porteña -la más cercana al Gobierno-.

¿Qué encontraron los colaboradores de Bonadio? Facturas, cheques, poderes y contratos de alquiler cruzados entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que siguió con Máximo, según surge del acta del allanamiento, cuya copia reveló LA NACION a mediados de agosto.

Pero la relación es más profunda. Al mismo tiempo que Báez pagaba por miles de habitaciones y salones en los hoteles de la familia Kirchner, se convertía en condómino con la Presidenta en un terreno de El Calafate, prestaba millones de Austral Construcciones al ex presidente -sin cobrarle intereses-, y compraba la casa familiar en Río Gallegos.

Mientras Báez colaboraba con los ingresos familiares de los Kirchner, el Gobierno le otorgó más de $ 8800 millones en contratos de obra pública, en particular a través de Austral Construcciones, creada días antes del ingreso de los patagónicos en la Casa Rosada, en mayo de 2003, y que terminó de registrarse ante la AFIP semanas después.

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Zuvic, los Kirchner y los negocios

Entrevista a la líder de la Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic.

Espionaje K - de Stiuso a Pocino y Milani

"Stiles, para servirle." Así comenzó la relación que durante años unió al ex presidente Néstor Kirchner con Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, el espía que más alto llegó en la estructura de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE).

Se conocieron en los inicios de la presidencia de Kirchner, aunque el santacruceño ya conocía bastante sobre los procedimientos de la ex SIDE. Por un lado, porque Cristina Fernández tejió un buen lazo con otro referente de los espías, Fernando Pocino, desde el Congreso. Por el otro, porque un tercer agente fue el encargado de recabar información en Santa Cruz sobre el entonces gobernador y la primera dama provincial, pero quedó expuesto y los Kirchner lo denunciaron.

Otros tiempos; Aníbal, "Paco" Larcher y Kirchner.

Pese a ese pecado original, Kirchner recurrió a la ex SIDE como ningún otro presidente desde el retorno de la democracia, en 1983. La utilizó para tareas de espionaje doméstico: desde escuchas a políticos, empresarios y periodistas hasta tareas de infiltrar manifestaciones.

Todo comenzó cuando Stiuso le entregó su propia carpeta, con tapas de cartulina amarilla, al inicio mismo de su mandato, según reveló el periodista Gerardo Young en su libro Código Stiuso. Un gesto para congraciarse.

A partir de entonces, si Kirchner criticaba a alguien poco después aparecía en su despacho la carpeta de la víctima de turno. Y de la mano del entonces número dos de la ex SIDE, Francisco "Paco" Larcher, también comenzaron a aparecer sobre el escritorio del ex presidente las escuchas telefónicas que Kirchner consumía, a la hora de la siesta, con fruición.

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¿Cuánto creció la Side durante la década K?

La Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) elaboró más de 600.000 informes reservados para la "seguridad nacional" durante los primeros diez años del kirchnerismo en el poder. El número surge de datos oficiales que el propio organismo informó al rendir cuentas sobre cómo gastó los más de 5000 millones de pesos que recibió del Estado durante la última década, sin contar otros 800 millones para este año. LA NACION analizó las cifras junto a ex jefes de la secretaría.

La rendición de cuentas de la SI revela cómo creció el papel de los espías desde que el matrimonio Kirchner ingresó en la Casa Rosada. Se pasó de emitir 1400 por año en 2002 y 2003 (3,8 por día, en promedio) a 143 "informes de inteligencia" por día en 2004 y a unos 200 tres años después. En 2007, cuando Cristina Kirchner sucedió a su marido al frente del Ejecutivo y Antonio "Jaime" Stiuso era el jefe real de los espías, se llegó a casi 72.000 informes en el año.

La ex SIDE justificó esa expansión en el papel creciente que asumió como auxiliar de jueces y fiscales para investigar secuestros extorsivos y hacer escuchas telefónicas y otros trabajos de inteligencia pedidos por el Poder Judicial o el Ministerio Público.

Así lo explicó la propia agencia de espionaje al exponer sus tareas en los reportes denominados "cuentas de inversión" que acumula cada año la Secretaría de Hacienda y muestra, entre otras cosas, el cumplimiento de metas cuantitativas por parte de organismos del Estado.

Pero, cuestionada desde hace décadas por extralimitarse en sus funciones y extorsionar a políticos, empresarios, jueces, periodistas y otros dirigentes -motivos en los que el Gobierno basó la remoción de sus autoridades a fines de 2014 y creó la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, la ex SIDE no aportó más detalles sobre el contenido de esos "informes".

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El exilio de Stiuso, que teme y espera

Antonio "Jaime" Stiuso calla y espera. Quienes aún mantienen contacto con él afirman que el hombre que dominó los hilos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante todo el kirchnerismo espera el momento adecuado para iniciar lo que mejor sabe hacer desde hace décadas: operaciones de contraofensiva.

El Gobierno lo citó para que pasado mañana se presente en la sede de la central de inteligencia para "dar explicaciones" sobre su vínculo con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Pero muy pocos creen que lo vaya a hacer. Casi todos aseguran que no está en el país, tal como afirmó su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. Y dicen que por ahora no piensa volver, ¿desde Miami? Otros se preguntan si se cuida solo o, como cuentan sus allegados, acaso como maniobra de distracción, lo custodian servicios extranjeros con los que supo trabar buena relación.

Stiuso está convencido de que si reaparece ahora, el Gobierno buscará meterlo preso. También teme terminar muerto. Como Pedro "el Lauchón" Viale, otro agente de la ex SIDE de su máxima confianza, que murió regado de balas del Grupo Halcón, de la policía bonaerense, en un operativo de julio de 2013 que la Justicia sospecha que fue un asesinato apenas disimulado.

Stiuso, "Jaime" o "Aldo Stiles" -su nombre oficial como espía-, ahora ex director general de Operaciones de la SIDE, sabe mucho de todas estas cosas, dicen seis fuentes que lo conocen -tres de las cuales aún mantienen contacto con él- y que accedieron a dialogar con LA NACIÓN bajo estricta reserva de sus nombres.

Sabe de operativos legales y de los inconfesables, de aprietes y de muertes. Por eso calla y espera su momento, cuando sólo pasaron unos días desde que la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios por el pacto con Irán.

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Cristóbal y la sucesión de Néstor Kirchner

A los millones que los Kirchner recibieron del "zar del juego", Cristóbal López,  por los alquileres de Puerto Madero se suma otra fuente de ingresos: el Grupo Indalo también alquila el histórico departamento de la familia presidencial en el barrio porteño de Recoleta. Y la operación tiene una particularidad: se factura a través de la sucesión aún abierta del ex presidente Néstor Kirchner, según documentos, recibos y testimonios que obtuvo y verificó LA NACION.

Los Kirchner embolsaron más de $ 200.000 en ocho meses gracias a este nuevo alquiler -a razón de 26.000 pesos mensuales por un contrato con precios pactados en dólares-, aunque el vínculo comercial por esa propiedad lleva al menos dos años, según informaron voceros del Grupo Indalo. Se suma así a los otros $ 2,8 millones que cobró la familia presidencial, también en apenas ocho meses, por los inmuebles de Puerto Madero.

Las rentas por el departamento de la esquina de las calles Uruguay y Juncal aportan además un nuevo vínculo comercial que une a los Kirchner con Cristóbal López, uno de los empresarios que más crecieron durante la última década, con ramificaciones en las industrias del juego, petrolera, inmobiliaria y de medios de comunicación, entre otras.

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Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

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Báez - control total sobre los hoteles K

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario gerenció los hoteles Alto Calafate y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. 

Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

pd: el resto de la nota publicada ayer en LA NACIÓN, acá.

Hotesur - contadores de Lázaro al mando

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas.

Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Pero no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate. También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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Lázaro & los Kirchner, en la "Ciudad del Pecado"

En Nevada, a 4000 kilómetros del estrado del juez federal Thomas Griesa, el fondo NML Capital dio otro paso en su lucha por encontrar activos millonarios vinculados de algún modo a la Argentina que pueda, acaso, ejecutar. Cosechó anteayer una pequeña victoria contra 123 sociedades que sospecha son del empresario patagónico y socio presidencial Lázaro Báez.

Los abogados del fondo NML lograron que el juez federal con sede en Las Vegas Cam Ferenbach intimara a 123 sociedades radicadas en el estado de Nevada, sobre la costa oeste de Estados Unidos, para que antes del 12 de septiembre entreguen datos adicionales sobre sus apoderados, ejecutivos y, en lo posible, sus verdaderos dueños.

El juez Ferenbach así lo dispuso anteayer, tras considerar que NML "hizo una demostración sustancial de que Báez lavó dinero a través de 123 sociedades", para beneficio del "sórdido trío", como lo caracterizaron los abogados del fondo, que Báez conformó junto a la presidenta Cristina Kirchner y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Para esas supuestas operaciones de lavado por US$ 65 millones, según refrendó el juez en su fallo, Báez pasó a controlar las 123 sociedades por medio del estudio jurídico y contable Mossack & Fonseca, con sede en Panamá y sucursales en distintos paraísos fiscales alrededor el mundo.

El magistrado también estimó que NML aportó evidencias suficientes para sospechar que dos firmas de las islas Seychelles, Aldyne y Gairns, también pertenecerían a Báez, quien siempre desmintió esa acusación a través de sus voceros.

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De Grondona y de cobardes

Una vez mi padre me dio una enseñanza que me marcó para siempre.

Veíamos juntos cómo algunos despedazaban a los militares cuando estos habían perdido el poder. Papá, que sí hizo lo que la inmensa mayoría no se animó (presentar habeas corpus por varios desaparecidos) cuando los militares eran dueños de vidas y de muertes, optó por seguir su camino. "No seré hoy más duro de lo que fui ayer; si no, actuaría como un cobarde".

Y él, que podría haberse colgado (merecidas) medallas, siguió su camino.

¿A qué viene esto?

Como ya ocurrrió tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner (ver acá), me resulta entre patético, cínico, hipócrita y, sí, COBARDE ver a tant@s que ahora se ensañan con Julio Grondona cuando hasta ayer (literalmente ayer) lo llamaban "Don Julio" con veneración o, peor, miedo (y conozco varios, además, que ahora lo fustigan pero que incluso rondaron por la AFA buscando entradas de favor para ir al Mundial, hace apenas unas semanas...).

Hay que subirse al ring cuando Muhammad Alí (sea Grondona o el gigante de turno que fuere) está de pie... o hay que mantenerse abajo cuando ya cayó por knock-out.

Si no, sos eso: un cobarde.

Nùñez Carmona y el Tango 01

José María Núñez Carmona, el socio del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, coordinó los esfuerzos para que, a mediados de 2010, la Justicia levantara la quiebra de Ciccone Calcográfica. Actuó contra reloj con un objetivo declarado: subirse con ese logro al Tango 01 que llevó al matrimonio presidencial Kirchner a Nueva York, el 22 de septiembre de ese año, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El intento de Núñez Carmona incluyó los esfuerzos de organismos públicos, en particular de la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, controlada por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. También el de abogados de los estudios Taiah, Laporta y Fargosi, según reconstruyó la nacion sobre la base de documentos públicos y privados, y el relato de una docena de funcionarios y fuentes del sector privado.

Pese a esos esfuerzos, Núñez Carmona no logró levantar la quiebra de la ex Ciccone antes de que despegara el avión presidencial. La Justicia aprobó la resurrección de la imprenta el 24 de septiembre, dos días después de que el Tango 01 despegara rumbo a Estados Unidos. Pero la operatoria expone otro indicio sobre el protagonismo del socio del vicepresidente detrás de la nueva Ciccone, beneficiado por el poder y los contactos que le proveyó Boudou desde el Palacio de Hacienda.

"Estaban apuradísimos por levantar la quiebra; desesperados por firmar", relató a la nacion una fuente de la familia Ciccone, al recordar los esfuerzos de Núñez Carmona y del rostro visible de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele. "José María dirigía la batuta y era el que daba las órdenes cuando nos reuníamos en la sala de reuniones del estudio Taiah", añadió.

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Caso Ciccone - la Presidenta, última decisora

Ante la quiebra que se avecinaba de la vieja Ciccone Calcográfica, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó una decisión cuyas consecuencias arrastra hasta estos días. A mediados de 2010 rechazó el plan de sus funcionarios para que la Casa de Moneda controlara la planta impresora. Permitió así que llegara un grupo de inversores privados, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas sobre la base de documentos públicos y privados, y los testimonios de seis funcionarios y ex funcionarios, y empresarios y abogados.

La Presidenta tomó esa decisión, aclaran sus colaboradores, sin conocer la gravedad de lo que ocurriría en los meses que siguieron, con el arribo de The Old Fund, un fondo que el juez federal Ariel Lijo consideró, en su resolución del viernes, que pertenece a Amado Boudou (entonces ministro de Economía).

Sin embargo, luego del estallido del escándalo, en febrero de 2012, la Presidenta decidió darle cobertura política a su número dos con una serie de decisiones de protección que pudieron derivar en un potencial encubrimiento, con la destrucción de evidencias cuando dos colaboradores de Boudou encabezaron la intervención de Ciccone.

Al procesar a Boudou, Lijo llegó a la conclusión de que la expropiación de Ciccone fue "la concreción de la voluntad original de la Administración Pública de adquirir oficialmente la planta", decisión que terminó de tomarse cuando el caso ya había salido a la luz. "No resultaría llamativo -estimó-, especialmente después de que los hechos delictivos tomaran estado público, que el Estado nacional decidiera su expropiación."

Dos años antes, sin embargo, el promotor de la privatización había sido el ex presidente Néstor Kirchner, que pretendía crear una nueva Ciccone con empresarios como Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, en línea con lo que también impulsó, un par de años antes, en Aerolíneas Argentinas, cuando se imaginó a Avianca como operadora e incluso con Juan Carlos Mena, de Buquebus, también como inversor.

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Los hoteles, una obsesión K

Los hoteles son una obsesión kirchnerista a la hora de invertir y recaudar. Esa predilección alcanza a la familia presidencial y a sus principales socios y colaboradores. También, a algunos de los empresarios más asociados al poder en la última década, incluidos Lázaro Báez, Cristóbal López y, posiblemente, Rudy Ulloa, según verificó LA NACION sobre la base de registros societarios oficiales.

Esa misma obsesión se extiende al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, pero también a Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la Presidenta, y a Raúl Copetti, ex tesorero de las campañas electorales del kirchnerismo. Todos ellos, y muchos más, apostaron al sector hotelero y turístico, que se expandió como nunca en la Argentina durante la última década, pero que también es considerada una actividad privilegiada para el lavado de activos.

Los Kirchner controlan tres hoteles. El más importante de ellos es Alto Calafate, con el que ocho empresas de Lázaro Báez, más una financiera de Ernesto Clarens, firmaron acuerdos retroactivos y confidenciales para garantizarle el pago de más de 1000 habitaciones todos los meses, aunque no usaran esas reservas. Gracias a esos convenios, la familia presidencial recaudó por lo menos $ 11 millones entre 2010 y 2011.

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Y Lázaro mira hacia la puerta de salida

El empresario kirchnerista Lázaro Báez abrió negociaciones con el consorcio de la construcción Sinohydro, que podrían concluir con la venta de sus compañías al gigante chino, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos privados y fuentes al tanto de las tratativas.

El objetivo inicial de Báez fue sellar un acuerdo para trabajar junto con la compañía china -con la que compitió en la cuestionada licitación para construir dos represas en Santa Cruz- y asumir su representación en la Argentina y el resto de la región. Pero en la negociación crece la alternativa de vender Austral Construcciones y las restantes firmas de su grupo, para así dedicarse a explotar sus campos.

La opción de venta es incluso alentada por algunos de sus más estrechos colaboradores, tras el estallido del escándalo que protagoniza junto con él valijero Leonardo Fariña. Más aún si el horizonte tras las elecciones de 2015 aparece complicado.También influyó el hecho de perder el contrato por casi $ 23.000 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

"Vender es una posibilidad, y hay algunas opciones desde China y Brasil", indicó un colaborador de Báez, aunque precisó que ahora el objetivo de Báez junto con Sinohydro es adjudicarse la construcción de la represa Chihuido, sobre el río Neuquén, por unos US$ 1500 millones, el mes próximo. "A Báez lo apasiona lo que hace, y hoy no está en venta el grupo, pero no es descartable que venda", añadió.

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Lázaro - ¿tú también, Sergio Berni?

No sólo a la familia Kirchner. El principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, Lázaro Báez, pagó cientos de miles de pesos al actual secretario de Seguridad, Sergio Berni, durante los últimos años por el alquiler de sus inmuebles en Santa Cruz.

Báez comenzó a alquilarle a Berni viviendas para distintos empleados de su conglomerado de empresas a fines de 2008 pero la operatoria inmobiliaria se extendió durante los años siguientes, según surge de los registros contables internos del Grupo Báez que LA NACION analizó durante meses junto a expertos contables y antilavado.

Berni emitió la primera factura a fines de 2008 y en diciembre de ese mismo año consta que Austral Construcciones emitió el primer pago. Fue por un total de $ 22.990, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Al año siguiente, los alquileres a Berni se convirtieron en una práctica recurrente para Austral Construcciones, la nave insignia de Báez, de acuerdo al “Libro IVA Compras” de esa firma. Le pagó cinco cheques por un total cercano a los $ 140.000 al por entonces subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, apenas por debajo de Alicia Kirchner.

Los cheques a Berni replican la operatoria que Báez también desarrolló por medio de Austral Construcciones con el ex presidente Néstor Kirchner, al que le pagó más de $ 700.000 por año por el alquiler de varios inmuebles en Río Gallegos para algunos de sus gerentes, según reveló LA NACION el 29 de diciembre pasado.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro Báez + $$$ = los Kirchner

Junto con mi coequiper, la gran Mariela Arias, publicamos una serie de notas de investigación durante las últimas tres semanas. Centradas en la relación económica, financiera y patrimonial que une a la familia Kirchner con el ex empleado bancario Lázaro Báez, insumió dos años de trabajo.

Hoy publicamos el último texto de esta primera serie de notas. Expone que la ampliación del hotel boutique "Los Sauces" se construyó sobre un terreno que era del principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, quien después cedió el lote a la presidenta Cristina Kirchner. Pero la operación inmobiliaria no concluyó allí. Porque a cambio de ese predio, la Presidenta se asoció a Báez en otro terreno, en el que conformaron un condominio de casi nueve hectáreas que aún hoy comparten en El Calafate (más, acá).

De este modo, expusimos lo siguiente:

1. Que Báez hizo que siete de sus empresas firmaran acuerdos retroactivos y confidenciales con el hotel Alto Calafate de los Kirchner a mediados de 2010. Se comprometió así a pagar 935 habitaciones por mes durante más de un año, aunque sus empleados no las usaran. Como ocurrió. Pero el empresario desembolsó $ 10,1 millones.

2. Durante ese mismo período, Báez también pagó $ 3,2 millones para alquilar la hostería Las Dunas, un establecimiento que en el sector turístico de El Calafate le adjudicaban al propio empresario, pero que, tras la revelación, la Casa Rosada indicó que se trata de un emprendimiento de la familia Kirchner.

3. A esos alquileres se suman los más de $ 700.000 por año que la nave insignia de Báez pagó con múltiples cheques a Kirchner por el alquiler de varias de sus propiedades en Río Gallegos y que el contratista de obra pública destinó a algunos de sus gerentes. Incluso antes de la muerte del ex presidente, su hijo, Máximo Kirchner, se encargó de retirar esos cheques y cobrarlos.

4. Báez también le pagó $ 4 millones a la familia Kirchner por 9 de sus propiedades en la capital de Santa Cruz. Incluso Cristina Fernández de Kirchner y Báez comparten un terreno de 87.000 metros cuadrados ubicado en las afueras de El Calafate.

5. Y, como expuse más arriba, que la ampliación de Los Sauces se construyó sobre un terreno que era de Báez y, a cambio, la Presidenta se asoció con él en otro terreno en El Calafate, en el que conformaron un condominio de casi nueve hectáreas.

¿El saldo resultante? Todos esos vínculos exponen que sólo Báez explicaría cerca de un tercio del incremento patrimonial que declararon los Kirchner durante la última década.

Lázaro, el "inflador" turístico

El empresario Lázaro Báez montó una operatoria por al menos $ 12,7 millones para engordar los ingresos de la firma gerenciadora Valle Mitre y cubrir de ese modo los pagos que debió realizar al matrimonio de los Kirchner por la contratación de sus hoteles durante 2010.

La operatoria se basó en el armado de un paquete de "proyectos" turísticos, algunos de los cuales jamás se concretaron. Pero aun así Báez contrató y le pagó durante meses cifras millonarias a Valle Mitre para de ese modo aumentar su caudal de fondos. Estos datos surgen de los documentos contables de sus empresas a los que accedió LA NACION, que los analizó junto con seis expertos contables, financieros y antilavado.

Durante los meses de temporada baja, en particular, el empresario patagónico [foto, arriba] debió recurrir a esos "proyectos" porque los ingresos que Valle Mitre podía adjudicar a los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea ya habían llegado a un punto que de ampliarse hubieran resultado difíciles de justificar.

Báez optó por acudir a Austral Construcciones. Así, la constructora asumió un triple rol. Firmó uno de los convenios confidenciales y retroactivos para pagar habitaciones en el Alto Calafate aunque sus empleados no las usaran. También se encargó de cubrir los pagos de las restantes seis firmas del empresario que firmaron esos mismos acuerdos. Además aportó los millones necesarios para financiar los supuestos "proyectos" con Valle Mitre.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.