Suris - problemas dentro del BaPro

El "caso Suris" se expande, con múltiples ramificaciones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) dispuso la suspensión de un empleado jerárquico y el pase a disponibilidad de otro por las multimillonarias operaciones que durante años efectuó el "empresario" Juan Ignacio Suris en una sucursal de la entidad en Bahía Blanca sin que jamás se las reportara como sospechosas.

El primero de los sancionados es el gerente regional del Bapro en la zona de Bahía Blanca -se reserva su nombre por tratarse de un sumario en marcha-. Fue suspendido de manera preventiva mientras se completa la investigación interna, ya que bajo su órbita se encuentra la delegación Barrio Universitario, donde operó Suris, detenido y procesado por la Justicia por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas.

La suspensión del gerente se dispuso de manera preventiva, ya que bajo su jurisdicción no se emitieron alertas por la forma sospechosa en la que se movían millones en las cuentas vinculadas a Suris, el amigo -¿socio?- del hoy también detenido "valijero" Leonardo Fariña.

La investigación sumarial que inició el Bapro tras el estallido del escándalo también alcanza al tesorero en la regional de Bahía Blanca. Fue puesto en "disponibilidad" hasta que se precise cuál fue su rol mientras ocurrían decenas de depósitos "virtuales" por un total de $ 11,5 millones entre 2008 y 2012.

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Suris y su red de complicidades dentro del BaPro

Procesado ya por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas, Juan Ignacio Suris calla mucho más de lo que admite ante la Justicia. Calla, en particular, sobre la red de complicidades que operó dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BaPro) para que él pudiera mover más de $ 11,5 millones sin que saltaran las alarmas de la entidad, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y de media docena de testimonios durante las últimas semanas.

Ante el juez federal de Bahía Blanca que luego lo procesó, Santiago Martínez, Suris admitió que emitió facturas por servicios que jamás prestó y que luego completaba operaciones ficticias en el BaPro para simular que las empresas le pagaban por esos servicios inexistentes. ¿Cómo? Se simulaba el depósito del dinero y en cuestión de horas lo retiraba con cheques. De ese modo, los fondos jamás ingresaron a su cuenta. Pero aun así, el BaPro sólo emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando fue demasiado tarde y se ordenó la detención del amigo del "valijero" Leonardo Fariña, hoy también detenido por una presunta evasión tributaria multimillonaria.

Basados en las evidencias que acumularon y un informe que prepararon técnicos de la AFIP, los investigadores judiciales sospechan que Suris contó con la ayuda de uno o más empleados del BaPro para armar la "calesita" de depósitos y retiros ficticios. Pero la duda de la Fiscalía es si esta complicidad alcanza sólo a un cajero de la delegación Barrio Universitario del banco o llega más arriba.

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Te llaman, UIF, sumate

Transcurridas casi ocho semanas desde que estalló el “caso Ciccone”, la Justicia convocó a la unidad antilavado para que colabore con la pesquisa sobre la ruta del dinero y la madeja societaria que rodea a la imprenta de valores de seguridad más importante del país.

La Unidad de Información Financiera (UIF) que preside José Sbattella (foto, arriba) deberá aportar información sobre las personas, empresas y sociedades que aparecen como protagonistas del escándalo. Una madeja que impide verificar quiénes son los verdaderos dueños de la firma que se encargará de imprimir al menos 400 millones de billetes de 100 pesos durante los próximos meses.

El pedido de colaboración se centra, en particular, en The Old Fund SA, la sociedad que controlaría el 70% de las acciones de la ex Ciccone, que rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana SA pasó a ser presididita por Alejandro Vandenbroele.

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Con una ayudita de los amigos

El mensaje llegó del Ministerio de Economía, que por entonces lideraba Amado Boudou. “Reciban esta gente”. Y atento al pedido, así se hizo. La cúpula del Banco Provincia escuchó a los emisarios. Fue a mediados de 2010. Eran dos abogados. Uno de ellos era Alejandro Paul Vandenbroele. Y se presentaron para pedir la colaboración de la entidad bancaria en el proceso de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.

La intercesión del Palacio de Hacienda a favor de Vandenbroele ante el segundo banco público más importante del país fue confirmada por dos altas fuentes de la entidad. Ambas aportaron más detalles de las negociaciones alrededor de una acreencia por más de $ 6 millones, que incluyeron hasta una reunión de directorio en septiembre de aquel año para consensuar los pasos a seguir.

“Vandenbroele se presentó para comunicar el interés que tenían por Ciccone, aunque dijo que sería el Estado nacional el que tomaría el control de la planta y que por lo tanto nos pedía que no objetáramos el levantamiento de la quiebra que estaban por solicitar”, rememoró uno de los informantes. “Pidió que presentáramos una conformidad con ese levantamiento o que por lo menos nos mantuviéramos callados”.

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