Báez - ahora Casanello apura a la AFIP

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello (foto, abajo) había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".
Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro, una víctima política...

Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

.

"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá

El complicado cuadro judicial de Vandenbroele

Alejandro Vandenbroele no imaginó jamás que afrontaría el panorama judicial que hoy padece. Detenido en una celda sin luz natural desde el viernes 20 de febrero, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por su presunto rol en el caso Ciccone. Y afronta tres citaciones a indagatoria simultáneas en la Argentina y en Uruguay, que reclama su inmediata extradición.

Pero sus problemas no comenzaron ahora. Tampoco cuando estalló el caso Ciccone, en febrero de 2012. Su suerte empezó a cambiar hace casi seis años, cuando se reconectó con José María Núñez Carmona, el ex novio de una prima suya de Mar del Plata que ensayaba múltiples negocios de la mano de su íntimo amigo y socio, Amado Boudou, por entonces ministro de Economía.

Vandenbroele se sumó entonces como "operativo", mezcla entre abogado y gestor, a esos proyectos de "Nariga". Juntos movieron dinero dentro y fuera del país; juntos contactaron al gobierno de Formosa; y juntos se involucraron en la resurrección de la ex Ciccone.

Los dos años siguientes a su reencuentro con Núñez Carmona se asemejaron a un sueño. Vandenbroele pasó a presidir la máquina de hacer billetes de $ 100 de la Argentina, mientras Núñez Carmona viajaba por el mundo y Boudou asumía como vicepresidente.

Con el estallido del caso Ciccone, sin embargo, el sueño expiró.

pd: el resto del análisis publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Lavado - Lázaro vs juez, medios y AFIP

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones.

La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló LA NACION el 19 de octubre pasado. 

El fastidio del empresario que mantiene "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion.

"Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa", le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como "un verdadero círculo vicioso". Es decir, "una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante" por la que los medios publican versiones que llevarían al juez -al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de "tortuga"- a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias.

Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM.

A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió "ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas" que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro & Bahía Blanca, ¿delito precedente?

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro Báez - indagatoria en puerta

Sólo 24 horas después de que la Cámara Federal porteña reclamó una investigación "integral y completa" sobre Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la indagatoria del empresario ultrakirchnerista por presuntas maniobras de lavado de activos por millones de dólares.

Marijuan consideró que Báez actuó como inversor en las sombras cuando el supuesto empresario Leonardo Fariña compró "en comisión" la estancia mendocina de El Carrizalejo, por US$ 5 millones, una de las maniobras a las que habría recurrido el dueño de Austral Construcciones para lavar decenas de millones de dólares. El arribo de Báez a los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse de los cargos por lavado de activos, sin embargo, podría demorarse durante meses o incluso extenderse más allá de 2015, ya que el propio fiscal solicitó también una larga lista de medidas de pruebas previas, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, apuntará ahora a completar esas medidas previas, y para eso podría delegar parte de la labor en el propio fiscal Marijuan, y así repartir la carga entre ambos, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION. El objetivo clave es determinar cuál sería el delito precedente de esas maniobras de activos. Es decir determinar, si Báez lavó dinero negro, ¿de dónde provinieron esos fondos que buscó blanquear? En esa línea, y sólo un par de horas después de recibir su escrito, Casanello accedió a una de las medidas que pidió el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco Supervielle, se encargó de mover los US$ 5 millones con una serie de operaciones bajo sospecha.

Una segunda hipótesis pasa por la facturación falsa detectada en varias empresas de Báez, según adelantaban anoche los investigadores de Comodoro Py. La última vez fue cuando LA NACION reveló a fines de octubre pasado cómo tres grupos de empresas de Bahía Blanca -de las familias de Silvio Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza- emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que así pudo evadir impuestos, pagar sobornos u otras acciones irregulares.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Formosa - Ministro vs Vicepresidente

Sin llamar la atención a su paso por los pasillos, como a lo largo de toda su gestión en el Palacio de Hacienda, el ex ministro de Economía Carlos Fernández declaró anteayer en los tribunales de Comodoro Py. Pero, bajo juramento, dejó contra las cuerdas al vicepresidente Amado Boudou en la causa por el canje de la deuda de Formosa con el fisco nacional.

Fernández declaró que era innecesario que la sociedad The Old Fund, cuyo único rostro visible es Alejandro Vandenbroele, participara como consultora en la negociación que la provincia de Formosa completó cuando Boudou ya lo había reemplazado como ministro.

El ex funcionario declaró como testigo a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, por su experiencia en la administración bonaerense y nacional durante dos décadas. Comenzó en 1989 como director nacional de Coordinación Fiscal con las provincias durante la presidencia de Carlos Menem, y terminó en julio de 2009 con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando renunció como ministro de Economía (había asumido en abril de 2008).

Fernández planteó que durante su gestión ninguna provincia contrató a una consultora para negociar su deuda, ni era necesario. "Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional", explicó, y diferenció ese tipo de negociaciones con el frente exterior. "Distinto es la emisión de un bono internacional, donde ahí participan otros actores, como bancos colocadores, estudios jurídicos, calificadoras de riesgo, allí es distinto", indicó.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Lázaro y EEUU - se abre una incógnita

La justicia argentina lanzó una botella al mar. Le pidió a Estados Unidos que le informe si el empresario Lázaro Báez, su familia y sus colaboradores poseen bienes, sociedades o cuentas bancarias en ese país. Es muy difícil que así sea. O que la operatoria de Báez en la superpotencia sea tan evidente. O, incluso así, que Washington alguna vez responda ese pedido.

¿Por qué son tan bajas las expectativas? Porque dependerá de múltiples factores. El más relevante de todos, que Báez y su entorno hayan cometido algún error grosero.

Por supuesto, siempre existe esa última y devastadora opción: que Estados Unidos sí le conteste a la Justicia argentina, que informe que Báez o su círculo íntimo sí registra allí bienes, sociedades o cuentas -algo que una y otra vez sus voceros desmienten de manera categórica-. Y encima que Estados Unidos exponga que Lázaro ha sido tan torpe como para dejar sus dedos pegados. Pero es casi imposible. Aunque nunca se sabe.

pd: el resto del escenario publicado hoy en LA NACION, acá.

Formosa no retacea dinero (pero sí información)

En público, silencio. Y ante la Justicia federal, respuestas con cuentagotas y a paso cansino. El gobierno de Formosa evitó durante las últimas semanas dar detalles sobre la millonaria contratación del fondo The Old Fund para un supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que mantenía con el fisco nacional, según indicaron ayer fuentes de los tribunales de Comodoro Py.

La reticencia del gobierno de Gildo Insfrán quedó expuesta en las respuestas a los oficios que el juez federal Sebastián Casanello envió a la provincia con órdenes de presentar todos los documentos vinculados a la contratación de The Old Fund con la advertencia de que se ordenaría el allanamiento de las oficinas públicas que no acataran esos pedidos.

"Están dando vueltas con las respuestas a los oficios", indicó una fuente judicial, que recordó que desde la provincia se buscó bloquear la intervención de la justicia federal hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal indicó que Casanello podía continuar con su pesquisa.

"Con lo que debieron entregar las autoridades formoseñas ya hay cosas que resultan inexplicables o plantean argumentos que son fáciles de contrarrestar", indicó una segunda fuente en Comodoro Py, donde se sospecha que los millones que cobró The Old Fund podrían ocultar el supuesto pago de una coima a Boudou y sus colaboradores.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

ALERTA - Caso Ciccone - testigo se fue del país

Un ex funcionario del Ministerio de Economía cuyo testimonio en el “caso Ciccone” podría resultar clave para el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou se fue ayer de la Argentina, acorralado por las amenazas que declaró padecer durante las últimas semanas.

Se trata del ex director general de Asuntos Jurídicos del Palacio de Hacienda, José Guillermo Capdevila, quien a través de un comunicado público confirmó las amenazas que padecieron él y algunos familiares y que LA NACIÓN reveló diez días atrás.

“Temo por mi vida y nadie de los que tienen la responsabilidad institucional y moral fueron capaces de cuidarme”, indicó. “Supongo que cuando las condiciones de seguridad estén dadas podré venir, volver a mi país a declarar como testigo y podré seguir desde el lugar que me toque tratando de hacer lo mejor por nuestra Argentina”.

Horas después de marcharse del país, un allegado a Capdevila presentó dos escritos judiciales en la misma línea. Uno en el “caso Ciccone”, que instruye el juez federal Ariel Lijo; el segundo, en la causa por amenazas contra el ex funcionario de Economía que se inició tras la publicación de LA NACIÓN y quedó en manos del juez Sebastián Casanello.

pd: el resto de la nota que acabo de subir al .com, acá; y el comunicado completo, acá.

Lázaro y el investigador investigado

El máximo responsable de la prevención del lavado del Banco Nación hasta principios de 2012 es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) por no haber reportado un sospechoso depósito por US$ 7,5 millones que efectuó el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, según surge de documentos confidenciales cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron tres fuentes de distintas reparticiones públicas.

Las sospechas se centran en el ex miembro del directorio del Banco Nación Jorge Omar Maldonado Santechia, quien presidió durante años el Comité de Auditoría de la mayor entidad bancaria del país, pero cuyo nombre ahora también figura en el expediente sobre Báez que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

A cargo de supervisar toda el área antilavado del Banco, Maldonado quedó en la mira luego de que la sucursal en Comodoro Rivadavia del Banco Nación abrió cinco plazos fijos por un total de US$ 7,5 millones a nombre de la petrolera Epsur y de Austral Construcciones, dos empresas controladas por Báez.

La primera reacción de los oficiales de cumplimiento antilavado de la entidad resultó la correcta. Le pidieron al ex socio del ex presidente Néstor Kirchner que justificara el origen de esos fondos, que se repartieron en cuatro plazos fijos a nombre de Epsur y el restante bajo la titularidad de la constructora Austral.

"La respuesta que dio fue que el dinero correspondía al flujo normal de los negocios y que los plazos fijos eran también propios de la operatoria comercial, lo cual no resultó satisfactorio", detalló una fuente oficial al tanto de lo ocurrido.

Los problemas dentro del Banco Nación comenzaron a partir de ese momento. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.