Báez, Aldyne & un tano - el viento los amontona

Otra sombra se cierne sobre el “caso Báez”. Un fiscal italiano pidió una condena efectiva de prisión contra uno de los pocos rostros visibles que aparecen en el complejo entramado de sociedades que rodean al empresario patagónico Lázaro Báez.

El fiscal Antonio Bianco solicitó 7 años y cuatro meses de prisión para el financista ítalo-suizo Giampiero Addis Melaiu, por liderar una supuesta asociación ilícita destinada a lavar dinero y cometer fraudes y desfalcos por cerca de 50 millones de euros, según informó la prensa. Ya arrastraba una condena por tráfico internacional de armas.

Addis Melaiu [foto, arriba] figura como uno de los dos directores de la sociedad Aldyne, un eslabón clave en las Islas Seychelles entre la firma suiza Helvetic Services Group y una red de 148 empresas fantasmas que los investigadores argentinos sospechan que  habría lavado millones de dólares de Báez alrededor del mundo.

El juicio penal que afronta Addis Melaiu en Italia, sin embargo, no representa una novedad para el financista. En 2007 fue condenado por su rol en un tráfico de armas y en 2009 afrontó reclamos tributarios de los fiscos italiano y suizo por otra firma, domiciliada en Las Vegas, Estados Unidos.

Tras el estallido del “caso Báez” en la Argentina, en tanto, la firma Aldyne en la que aparece Addis Melaiu ordenó el cierre de al menos cinco de esas 148 sociedades.

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Fariña, el "Nueve Reinas" de Lázaro Báez

Leonardo Fariña no tenía plata, título universitario o contactos. Pero era capaz de ofrecerle el Obelisco a quien se le pusiera delante y prometer ganancias al desprevenido. Así llegó hasta Lázaro Báez. Y así se hizo millonario. En un golpe de fortuna que terminó mal, con una huida que continúa hoy, según surge de los testimonios de 20 personas que lo conocieron durante su ascenso, apogeo y escándalo, y decenas de declaraciones judiciales, correos electrónicos, documentos privados y públicos.

La imagen que surge de Fariña es muy distinta de la que él alienta. Muestra a un muchacho que hablaba de operaciones millonarias para comprar Telecom con una familia real del Medio Oriente o de financiar el proyecto Condor Cliff – La Barrancosa con sus contactos en el Banco de Desarrollo de China, pero que pedía $ 500 prestados para la cuota de alimentos de su hijo. O que decía ser hijo de Néstor Kirchner –y fue el epicentro de un llamado, y acaso de un encuentro en Roma- de la Presidenta, pero volvía a su ciudad, La Plata, en colectivo. Hasta que llegó el momento en que, a fines de 2010, se ganó la confianza del socio K. Y luego su furia.

Pero puesto a decirlo todo y proponerlo todo, Leonardo Fariña llegó a alturas inusuales. Poco después de la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, comenzó a afirmar entre algunos interlocutores que era hijo del ex Presidente, mientras que a otros les dijo que no era su vástago, pero sí que lo conocía y que tenía un vínculo con él. ¿Por qué? ¿Para que se le abrieran puertas en el Gobierno y en el sector privado que de otro modo hubieran permanecido siempre cerradas? Sólo él lo sabe.

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La ruta negra de Lázaro - todo vuelve

El fiscal José María Campagnoli lo hizo otra vez. Primero acumuló evidencias sobre cómo se habrían sacado 50 millones de euros negros de la Argentina a través de la financiera SGI. También reconstruyó cómo su dueño, Federico Elaskar, cedió sus acciones bajo amenazas del entorno del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Y, ahora, completó la tarea: detalló cómo ese grupo habría repatriado su equivalente en dólares, 65 millones, ya blanqueados, y los reinsertó en el circuito legal a través de una cuenta bancaria de su nave insignia, Austral Construcciones.

El presunto círculo del lavado se cerró del modo más polémico, según surge de la ruta del dinero ya lavado. Porque entre fines de 2012 y abril de este año retornó al país en forma de títulos de la deuda pública argentina y se depositó en una cuenta del Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, ante la pasividad de su área antilavado y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Campagnoli expuso esos hallazgos en un escrito que presentó el miércoles en la causa que instruye la jueza María Gabriela Lanz por la presunta extorsión padecida por Elaskar para que entregara el control de la financiera, conocida en el mundillo financiero como “La Rosadita”, y que corre en paralelo a la investigación por presunto lavado de activos que instruye el juez federal Sebastián Casanello.

El fiscal solicitó, además, que se cite a prestar declaración indagatoria al hijo del empresario, Martín Báez, al igual que a dos miembros de la sociedad suiza que tomó el control de SGI, Helvetic Services Group, Verena Úrsula Fontana y Claudio Fontana. Los consideró protagonistas de toda la presunta operatoria de lavado desarrollada por lo que calificó como la “armada de valijeros y testaferros de Lázaro Báez y sus socios”.

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De Suiza a Garbarino, con escala en Panamá

Helvetic Services Group (HSG), el misterioso fondo suizo que desembarcó en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, apareció en un informe propio de fines de 2011 como controlante del Grupo Garbarino, uno de los emporios más poderosos del país, con ingresos que superan los $ 5000 millones al año.

El dato surge de un reporte que un contador de HSG entregó a la Inspección General de Justicia (IGJ), en el que detalló su participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones. En Panamá, consignó que controlaba el 100% de Financiera del Exterior del Comercio SA, que figura en la Argentina como dueña del 95% del Grupo Garbarino, que abarca su cadena de locales de venta de electrodomésticos, Compumundo, Garbarino Viajes y Digital Fueguina.

Desde Garbarino confirmaron que existió un vínculo con Helvetic Services Group desde 2005 a través de una firma panameña, pero indicaron que ese vínculo se cortó antes de que estallara el escándalo que protagoniza el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Precisaron que ya nada une al grupo empresario con el fondo suizo y que así consta inscripto ante la IGJ para el período que cerró el 31 de diciembre pasado.

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