Contado con liqui - la City, de fiesta

La Cámara en lo Penal Económico concluyó que las operaciones de contado con liquidación con que miles de ahorristas e inversores escapan del cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno desde hace años en un intento de detener o desacelerar la fuga de divisas.

La Sala B de esa cámara consideró, mediante un fallo unánime de sus tres integrantes, que aplicarle el régimen penal cambiario a ese tipo de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional.

El fallo -que se firmó el miércoles, pero recién trascendió anoche- resulta un traspié para el Gobierno, que ya anticipó que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. Considera que su denuncia contra el banco BBVA Francés es un "caso testigo" de una operatoria sistémica delictual que permitió la fuga de miles de millones de dólares durante los últimos años.

"El llamado «contado con liqui» es una maniobra lícita en principio y si se trata de una operación aislada, individual; pero cuando resulta parte de un patrón conductual, sistemático y sostenido en el tiempo, consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley", indicaron desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a LA NACION.

Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la Sala B consideró que las operaciones bajo sospecha no pueden considerarse delito mediante "una interpretación extensiva y una aplicación analógica" de las leyes penales vigentes.

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Nace una oportunidad antipiratas - que así sea

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el penal.

La flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura de Río Tercero.

Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.

En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap). El personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de cargos.

Polémica en puerta, obvio. Porque la salida de Plee, por ejemplo, ocurrió justo cuando debía presentar sus informes en el caso Ciccone (sobre la ruta de dinero, Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones del gobierno de Formosa a Alejandro Vandenbroele). Pero también porque Gonella y sus principales colaboradores llegan a la Procuraduría como subrogantes o fiscales “ad hoc”. Es decir, sin estabilidad en sus cargos y con dependencia absoluta de Gils Carbó.

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