La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció la
creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con
facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha,
incluso en otros fueros que no sean el penal.
La flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos, quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general
subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de
derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura
de Río Tercero.
Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas:
la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario,
mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la
administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un
cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la
administrativa.
En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución
inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin)
y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y
Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap). El
personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la
Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y
Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de
cargos.
Polémica en puerta, obvio. Porque la salida de Plee, por
ejemplo, ocurrió justo cuando debía presentar sus informes en el caso Ciccone
(sobre la ruta de dinero, Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones del gobierno
de Formosa a Alejandro Vandenbroele). Pero también porque Gonella y sus
principales colaboradores llegan a la Procuraduría como subrogantes o fiscales “ad
hoc”. Es decir, sin estabilidad en sus cargos y con dependencia absoluta de
Gils Carbó.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
