Entrevista a Federico Di Pasquale

"La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los ciudadanos", afirma el ex director de la Unidad Fiscal Antilavado, Federico di Pasquale. "La ley del arrepentido sirve", añade, aunque aclara que para investigar al poder se necesita transparencia.

pd: la entrevista completa del ciclo Conversación de LA NACIÓN, acá.

¿Espías anti-golpes de mercado?

La doctrina nacional de inteligencia que anunció ayer el Gobierno no es una gran novedad, ni es única en su tipo alrededor del mundo. También Estados Unidos, Venezuela y hasta Holanda, entre otros varios países, señalan a la economía como uno de sus objetivos prevalentes de seguridad nacional. Así que el problema no es el "qué", sino "quiénes", "cuándo" y "cómo" se encargarán de estas tareas.

¿Los agentes de "la Casa" ayudarán a evitar una corrida bancaria? ¿Alertarán a la Casa Rosada sobre los posibles desabastecimientos? ¿Analizarán la suba del dólar? ¿Detectarán "golpes de mercado"? ¿O sólo buscarán confirmar con datos selectivos los preconceptos que la Presidenta ya esbozó sobre esos temas durante los últimos años, como en su momento hicieron Antonio "Jaime" Stiuso y sus colaboradores? ¿Otra vez la alimentarán con informes tendenciosos y tremendistas?

Si algo demuestra la nueva doctrina, sin embargo, es que el dólar es una obsesión recurrente para este gobierno que se evidencia cada vez que su cotización pega un respingo. Por eso, durante los últimos años intentó controlarlo por distintas vías, siempre con magros resultados: desde montar un cepo hasta desarrollar operativos de la Gendarmería en la city porteña. Pero como eso resultó infructuoso, va por más. Ahora lo intentará con la vieja Secretaría de Inteligencia (SIDE), aunque con nuevo nombre: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

¿Sus agentes están en condiciones operativas de desarrollar investigaciones complejas sobre delitos económicos? ¿O de eso se encargarán los más de 200 militantes que ingresaron a la AFI durante los primeros meses de este año y que recibieron una instrucción tan acelerada como acotada en la Escuela Nacional de Inteligencia?

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Nace una oportunidad antipiratas - que así sea

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el penal.

La flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura de Río Tercero.

Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.

En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap). El personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de cargos.

Polémica en puerta, obvio. Porque la salida de Plee, por ejemplo, ocurrió justo cuando debía presentar sus informes en el caso Ciccone (sobre la ruta de dinero, Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones del gobierno de Formosa a Alejandro Vandenbroele). Pero también porque Gonella y sus principales colaboradores llegan a la Procuraduría como subrogantes o fiscales “ad hoc”. Es decir, sin estabilidad en sus cargos y con dependencia absoluta de Gils Carbó.

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Previsible como Justicia argentina

¿Cómo concluirá el juicio oral por las Coimas en el Senado? ¿Qué pasará con el “caso Ciccone”? ¿Y Ricardo Jaime? ¿O la tragedia de Once?

A la luz de los antecedentes (incluso cuando las propias empresas o involucrados reconocieron el pago de sobornos, como en IBM - Banco Nación, Skanska o Siemens), el horizonte resulta sombrío. Y sólo citaré un par de estudios recientes elaborados por ONGs respetadas.

Para empezar, las investigaciones sobre corrupción tardan en promedio más de una década en llegar a juicio (en los casos en que sí llegan). Porque además hay "prescripciones masivas", según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap), un organismo oficial que dirige la fiscal Sabrina Namer y que depende del Ministerio Público.

¿Ejemplo? Una de las instancias habituales donde las investigaciones se frenan es durante los peritajes contables. En particular, por la complejidad de los estudios que deben encarar, la sobrecarga de tareas sobre los expertos (sólo hay 13 en funciones) y la gran cantidad de definiciones que se les piden, en muchos casos innecesarias y mal planteadas (muchas veces a propósito, obvio, al igual que al enviar exhortos internacionales).

Algo más: según los datos recabados por el Cipce en un trabajo anterior, sobre 750 casos de corrupción registrados entre 1980 y 2007 (dictadura, Alfonsín, Menem I, Menem II, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner), sólo se condenó al 3% de los involucrados, quienes se quedaron con US$ 13.000 millones.

Más aún: según la ACIJ, sólo durante 2009 se iniciaron 207 causas por corrupción. Pero hasta ahora, sólo 11 fueron elevadas a juicio y en apenas 1 se llegó a una condena.

Conclusión: afaná, si te llegan a denunciar la pesquisa demorará más de 10 años, es probable que la causa prescriba y la guita no la vas a tener que devolver (como máximo, deberás repartir con tu boga, acaso con el fiscal y, en contados casos, con el juez, aunque los más avezados también computan esos aportes a la hora de calcular el monto de la coima).

Más clarito, agua. Y los muchachos, felices como pirata con garfio nuevo.