José
Crettaz, amigo y colega en el diario LA NACIÓN, es
un tipo al que respeto MUCHÍSIMO y que conoce como pocos (acaso como casi
nadie) toda la rosca que rodea a la
“Ley de Medios” desde su génesis.
Como miembros del Foro de Periodismo Argentino (Fopea)
compartimos una red de correos electrónicos en la que podemos intercambiar ideas, discutir otras, denunciar aprietes, difundir becas y capacitaciones, pedir ayuda y mucho más.
En ese foro, José volcó un análisis extraordinario a partir
del plan de Fopea de organizar una mesa de debate sobre la Ley de Medios
protagonizada por abogados de prestigio, análisis que asumo como propio desde la
primera y hasta la última palabra.
Digo esto, en la tarde en que
la senadora Liliana
Fellner (Jujuy) invocó mi nombre en el recinto del Senado
para remarcar las críticas al Grupo Clarín que expuse en el Salón Azul de ese
mismo Senado (palabras que mantengo). Pero la legisladora obvió todas las críticas
y objeciones que también expuse sobre la Ley de Medios (mi exposición, completita,
acá). Es decir, me
sacó de contexto, tergiversó mis opiniones y las amoldó a sus intereses
previos. Como periodista,
la senadora Fellner afrontaría un serio problema.
Este es el análisis que José expuso en el foro electrónico
de Fopea (y subo a mi blog con su autorización):
A la ley de medios no sólo hay que leerla, también hay que
entenderla y ponerla en contexto. Y sobre todo, hay que salir del debate
chiquito que se propone "¿Qué va a pasar el 7D?" para ir a uno más
grande, más amplio y de cara al futuro (pero no el futuro del mes próximo, sino
el de los próximos cinco a diez años).
Para mi, el tema es mucho más amplio, tiene que ver
directamente con la libertad de expresión y no solamente con cuestiones
patrimoniales de algunas empresas. Tiene que ver con la convergencia digital y
el futuro de la
comunicación. Y tiene que ver con el periodismo que no
hacemos por no entender y centrarnos sólo en la pelea de un Gobierno contra una
empresa o de una empresa contra un gobierno, como fuere. Me parece que la
hoja de ruta propuesta por la CD es oportuna y equilibrada como para enmarcar
el debate, aunque me parece sesgado el panel específico sobre ley de medios.
Este es un tema muy importante como para dejarlo sólo en manos de abogados (con
perdón de los doctores).
Este mail va a ser largo. Pero me parece importante señalar
algunas cuestiones básicas (procurando que sean más hechos que opiniones,
aunque eso es sólo una intención):
Nos confunden cuando hablan de licencias y las equiparan a
medios, y peor cuando se mezclan las frecuencias: las licencias son permisos
administrativos necesarios para contar con medios audiovisuales, en general
están vinculadas a frecuencias (un "espacio" en el espectro
radioeléctrico por el cual el medio emitirá si es que requiere espectro, como
la TV abierta, las AM y las FM). Clarín no tiene 300 medios, ni 300
frecuencias, tiene 300 licencias, de las cuales más de 260 son licencias de
cable (que no ocupa espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable
por localidad (a veces dos, fruto de la fusión). Además, cable es distribución,
medios (canales de TV, radio y señales de TV paga) refiere a contenidos.
En el mundo, las restricciones a la cantidad de licencias se aplican al
espectro que es limitado y es considerado propiedad del Estado (como los ríos,
el mar o el espacio aéreo).
Si hablamos de medios, Telefe tiene más canales de TV
abierta (9) que Clarín (4), y Moneta-Garfunkel tiene más radios (8 o 9, quién
sabe bien; v. Mitre,
Mitre Córdoba, la 100 y algunas más). Si hablamos de señales
de TV paga, los programadores ologopólicos son Fox, Turner y Disney (a los que
no se les aplica si quiera cuotas relevante de contenido nacional -apenas deben
destinar el 0,5% de la facturación total anual a comprar contenido nacional
pero sólo aquellos que emitan cine en más del 50% de sus programas). Y,
finalmente, si hablamos de uso de espectro, en el área metropolitana de Buenos
Aires el que más espectro de TV -por ejemplo- tiene asignado es Telecentro (y
ahí cerca, Antina). Ese espectro es usado para dar TV paga inalámbrica.
Mientras Clarín tiene un canal (13) -como Telefe-, Telecentro (Alberto Pierri, ex
presidente de la Cámara de Diputados en los 90), tiene 14 (13 para el servicio
pago, y uno para Canal 26, que es un canal abierto, aunque pocos lo
sepan).
El espectro en radio está colapsado completamente y Afsca no
ha demostrado tener un plan técnico (que debería confeccionar junto con la Comisión Nacional
de Comunicaciones. ¿Cómo se va a cumplir el 33% del espectro para radios sin
fines de lucro si en el área metropolitana no entra ni un alfiler en el
espectro? A juzgar por el tratamiento que recibe, por ejemplo Radio Cooperativa
(una radio completamente ilegal, que usurpa una frecuencia que es canal libre
internacional y que consiguió cuando a la radio que la usaba se "le
cayó" la antena...). En esa radio (por citar sólo un caso -podría
escribirse un libro sobre este tema- la agencia estatal Telam tuvo un programa
durante años y aún es responsable del espacio agropecuario. Alcaro: Radio
Cooperativa NO ES una cooperativa.
En la ley de medios también hay cuestiones de mercado que no
fueron contempladas durante el proceso de debate de la norma, aunque ya se
señalaban en ese momento. ¿Por qué no se habló más del concurso que durante más
de un año prometió 220 nuevos canales de TV? Porque sólo había 50 interesados
para 220 canales, 14 de los cuales (si no recuerdo mal) iban a estar en Buenos
Aires. Es habitual escuchar a los canales actuales decir que no es rentable la
TV abierta (con sólo cinco canales) y si se analizan los números de pauta
oficial podrían tener razón.
Desde el punto de vista tecnológico (y de la convergencia
digital) el tope de 24 licencias de cable en todo el país es tan absurdo como
la prohibición de que las empresas de telecomunicaciones (como las telefónicas)
puedan dar TV paga. En eso, el marco regulatorio argentino atrasa años de años.
En Brasil, después de cinco años de debate, se sancionó una ley de TV paga que
impulsa la penetración del cable (quieren que más hogares se conecten a la TV
paga) porque junto con el cable (o apenas detrás) llega Internet y con banda
ancha, llega la educación, el desarrollo económico y la posibilidad de un nuevo
ejercicio de las libertades políticas.
Para desmonopolizar en serio, las telefónicas deberían poder
dar TV paga y los cables dar telefonía sin limitaciones. Y ambos deberían poder
competir por espectro para movilidad (básicamente para Internet móvil). Si de
verdad se quisiera desmonopolizar, Afsca ya debería haber autorizado a nuevos
oferentes de TV satelital (como Tu Ves HD, que no tiene impedimentos legales
para dar el servicio en nuestro territorio). Para desmonopolizar, no hace falta
destruir. Y si se quiere destruir no es precisamente para democratizar.
Además hay otra cuestión: la ley permite a Afsca "la
trampita" de la extensión de licencias, que si se usa de manera
igualitaria para todos los oferentes no sería problema. La experiencia indica
que a algunos operadores se les exige una licencia por localidad mientras a
otros se les extiende la licencia de su área de origen a áreas vecinas, siempre
que las vecinas tengan menos población. Telecentro (que tiene el monopolio del
triple play en el área metropolitana, y esto no es una opinión) extendió su
cobertura a medio conurbano con la sola licencia que tiene para operar en La Matanza. Esa licencia
"extendida" le sirve para otros partidos del conurbano (porque
ninguno es más poblado que La Matanza) pero no para la Capital Federal. A
mi me parece bien que Telecentro se extienda y compita con Cablevisión y las
telefónicas, de hecho fui cliente de Telecentro siempre que pude, pero eso no
me impide ver que la ley no está siendo pareja. Lo mismo puedo decir de una
empresa que da servicio de cable DESDE Capital a Santa Fe, Paraná, Corrientes,
Resistencia y Posadas con una red que arranca en el barrio Belgrano, pero que
no puede dar cable en la ciudad porque Macri no le da los permisos municipales
para soterrar los cables o de uso de espacio aéreo para colgarlos.
Debo decir que noto un fuerte sesgo en la mesa de debate de
la ley de medios prevista para el Congreso de Fopea ¡Son todos abogados!
Además, sin entrar en otras consideraciones, a esa mesa le falta mercado
(le falta lo que le falta a la ley de medios). Si Henoch y Miguel me disculpan,
los abogados hablan del texto legal, y la realidad los cachetea con
incumplimientos deliberados de ese texto por una y otra parte, con artículos
clave que no fueron reglamentados y, lo que es más importante, con algunos datos
de la realidad que indican que la ley no podrá ser aplicada tal como está
redactada (por ejemplo, la prohibición de que un mismo licenciatario emita más
de un contenido por área geográfica en TV abierta: hoy la tecnología permite
que, compresión digital mediante, por el canal 13 o el canal 11 se puedan
emitir dos, tres, cuatro y tal vez hasta seis contenidos; de hecho en
transmisión de prueba así lo están haciendo Telecentro -Canal 26 HD y Telemax-
y América -América HD, A24-, alguno de los cuales incluso transmite One Seg
para móviles. ¿Para cumplir con la ley de medios vamos a dejar de usar el
espectro, un recurso limitado? ¿No era que se buscaban más voces? ¿O habrá que
repartir el canal en varios segmentos y las licencias ya no serán para uso de frecuencias
sino para uso de fragmentos de frecuencias?
En otras palabras, muchos abogados terminan hablando de
teoría del derecho, mientras la realidad se les muere de risa en la cara.
Es más, todo el desarrollo que el Estado está haciendo en
materia de televisión digital abierta no cumple el nuevo marco regulatorio, que
impide expresamente muchas de las cosas que se están haciendo con la coartada
legal de que la ley de medios permite la experimentación con nuevas
tecnologías. En muchos países del mundo, la TDT ya es la nueva normalidad, no
una experimentación. ¿Qué cosas no podrían hacerse? Por ejemplo, las 20 señales
(públicas, pero sobre todo las privadas) que emite la TDA llegan a más del 35%
de la población (de hecho, van a llegar al 100% pronto). Las señales privadas
que transmite la plataforma estatal usan espectro sin haber participado de
ningún concurso. Y eso, sólo por decir un par de cosas.
Podría hablarse aquí también de las promesas incumplidas de
la ley: como por ejemplo, la posibilidad de que las cooperativas den TV paga (o
mejor, triple play, telefonía y banda ancha incluidas). A tres años, NI UNA
sola cooperativa de servicios públicos (que eran las que sufrían la
discriminación) está dando TV paga (al menos hasta la semana pasada, la Coop.
de Santa Rosa, con todo listo para arrancar, seguía esperando). Los trámites se
traban en la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde no
tienen ni idea (como me aceptó el vicepresidente del organismo, que en realidad
es el presidente en los hechos -cosas de la Argentina-) de qué analizar y cómo
tramitar esos expedientes. El problema no es tanto donde las cooperativas
compiten con Cablevisión o algún otro cableoperador grande sino donde la
cooperativa quiere competir con cableoperadores pymes. ¿En ese caso, cuál es el
monopolio amenazante? No lo pregunto yo, lo dicen muchos cableoperadores pymes
que supuestamente están chochos con la ley de medios.
De más está decir que ningún sector económico tiene una
norma antimonopolio propia como el que se ha creado para el de medios (que
mezcla medios chicos con medios grandes, no distingue FM de AM, confunde
generación de contenidos con distribución de contenidos, uso de espectro con
vínculo físico -cable- y muchas otras cuestiones). Hay una ley de defensa
de la competencia que no está reglamentada completamente y, entre lo que falta
reglamentar, están los tribunales de defensa de la competencia que serían los
organismos naturales que deberían intervenir en todos los casos de riesgo de
monopolización. Mientras eso no se reglamenta (es mejor para el poder de turno
tener el poder de autorizar o no la integración de poderes económicos, ¿no?),
la CNDC -que depende del Poder Ejecutivo- tiene potestad para decidir por
ejemplo, que Telefónica pueda controlar a Telecom, su principal competidor, y
así manejar entre el 60 y el 80 por ciento del mercado de banda ancha,
telefonía fija y móvil).
¿Los pueblos originarios? Después de haberlos usado, ya
nadie parece escucharlos y ellos (los que están alfabetizados y no se mueren de
desnutrición) se trenzan en una disputa por las autorizaciones para tener
medios. ¿Quién puede estar en contra de que cada comunidad aborigen tenga sus
medios, que hablen en su idioma, de sus costumbres, su música, sus temas...? Yo
estoy a favor de que puedan hacerlo. La pregunta es... jurídicamente, ¿Qué es
un pueblo originario? Los que siempre estuvieron inscriptos como tales en el
Instituto de Asuntos Indígenas (Inai) o las nuevas organizaciones que se
anotaron en un registro creado ad hoc (algo de los que casi nadie habla).
¿Tupac Amaru califica como "pueblo aborigen"? Si alguien quiere
chequear esto, busque Consejo Nacional Indígena en Google.
¿Y de las licencias que directamente puede entregar el Poder
Ejecutivo en ciudades de menos de 500.000 habitantes?
Y los medios universitarios... ¡No fueron creados por la ley
de medios! Argentina tiene una larga tradición en medios de comunicación
universitarios (lo demuestran las radios y canales de las universidades nacionales
del Litoral, de Córdoba y Tucumán; las decenas de FM de muchísimas casas de
estudios -entre ellas la red que tiene la UTN- y las frecuencias que desde los
90 tienen asignadas universidades como Luján y La Plata). Lo que le sigue
faltando a los medios universitarios es financiamiento genuino: el mejor
ejemplo -del que seguramente otros socios podrían hablar- es el de los
Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional
de Córdoba cuyos programas estrella son 678 (en Canal 10 de Córdoba) y los noticieros
de CN23 que retransmite CBA24N la primera señal de noticias del interior del
país (un proyecto buenísimo si no fuera que ahora dedica buenos tramos de su
programación a seis-siete-ochizar a muchos colegas cordobeses).
Que la ley de medios es una ley de la democracia es verdad.
Pero que otras leyes siguen siendo de dictaduras (algunas rancias) no es menos
verdad: decreto-ley de telecomunicaciones, decreto-ley de minoridad,
decreto-ley de creación del PAMI, decreto-ley de entidades financieras... todas
leyes clave sobre las que parece no hay necesidad de innovar.
En fin, me parece que la ley de medios debe analizarse en el
contexto total: en el que no hay ley de acceso a la información ni ley de
reparto de la pauta oficial, y tampoco hay ley de telecomunicaciones (la que
hay es del 72!) -que permita más competencia, mejores servicios de conectividad
y a menores precios-.
En conclusión: a los que se puede comprar, se los compra; a
los que se pueden sostener financieramente por sí mismos, se los parte al
medio; y a los que pueden sostenerse, no se les permite acceder a la
información pública. Ni Karadajián lo hubiese hecho mejor.
Hay mucha cháchara sobre la ley y poca visibilidad sobre la
aplicación sesgada y ficticia de la
ley. Les confieso que tanto explicar y explicar y explicar,
cansa. Y mucho. Que tengan buenas noches.
pd: el link al estupendo blog de Don
José Crettaz,
acá.
