Y ahora la Justicia denuncia a la AFIP

Las denuncias hasta ahora las radicaban particulares, empresarios o políticos opositores que acusaban a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -y en particular a su anterior titular, Ricardo Echegaray- de montar supuestas operaciones de desprestigio o de persecución política. Pero ahora, por primera vez, la denuncia la emitió uno de los magistrados más conocidos del Poder Judicial de la Nación.

El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, efectuó la denuncia tras cerrar un expediente en el que halló indicios de que la AFIP facilitó una "operación mediática" contra la dirigente Lilita Carrió en plena campaña electoral de 2013, basada en la compra de un lote en un country de Capilla del Señor. Ahora será el juez federal Daniel Rafecas quien deberá investigar lo ocurrido.

Esa campaña de desprestigio, según reconstruyó López Biscayart durante los últimos meses y terminó por plasmar en una resolución que firmó este lunes, tuvo a la AFIP como protagonista. Se habría servido de dos causas penales simultáneas -una en su Juzgado; la otra en Campana- para filtrar información fiscal con que buscó afectar la imagen de la referente de la Coalición Cívica.

"A criterio de este estrado -resumió López Biscayart-, existen constancias suficientes de que se utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador (téngase en cuenta, en aquel momento, la inminencia de las elecciones del año 2013) y que, habiéndose afectado derechos de terceros mediante actividad intrusiva como los allanamientos practicados, podría constituir delitos", afirmó.

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La AFIP saca el pie del acelerador

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, ordenó a todas sus direcciones regionales del país que suspendan las inspecciones, embargos y ejecuciones fiscales hasta después de las elecciones, según confirmaron cinco fuentes del ente recaudador a LA NACION desde cuatro provincias.

Echegaray impartió la orden poco antes de las elecciones primarias que se celebraron el domingo 11 de agosto pasado, y provocó que inspecciones que incluso ya estaban en marcha (entre otros sobre frigoríficos y jugueterías por el día del Niño, tuvieran que levantarse o postergarse hasta mediados de noviembre, relataron los sabuesos tributarios consultados.

La orden, que apunta a reducir al mínimo desde su organismo el eventual malestar de los contribuyentes antes de acudir a las urnas, aporta nuevos indicios sobre la discrecionalidad política que impuso Echegaray desde su arribo a la AFIP a fines de 2008. Desde entonces, acumula denuncias penales por la supuesta persecución a ciertos productores rurales, jueces, cineastas y hasta deportistas, mientras que salen a la luz indicios sobre su presunta protección de empresarios cercanos al poder.

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AFIP, un arma política

Empresas y empresarios, economistas, productores agrícolas, un club de rugby y deportistas, políticos, medios de comunicación y periodistas, el esposo de una jueza e incluso ex funcionarios kirchneristas. Todos tienen algo en común: los visitaron inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) justo cuando salieron a la escena pública con algo incómodo para el Gobierno, según surge de un relevamiento de los últimos años.

Los antecedentes cobran relevancia luego de la inusual revelación de la Presidenta de que había pedido informes al ente recaudador respecto de un empresario inmobiliario que criticó medidas oficiales. En este contexto, se desató ayer una ola de críticas al Gobierno por el uso de la AFIP como "arma política", que incluyeron críticas del ex vicepresidente Julio Cobos, el senador radical Ernesto Sanz y la diputada Patricia Bullrich. Pero sólo 24 horas después de la revelación presidencial por televisión, la inmobiliaria de Jorge Toselli fue inhabilitada para operar. Días antes, otros inspectores habían visitado la panadería de la mujer que lidera un comedor comunitario en Tucumán y que había aparecido en el programa de televisión de Jorge Lanata. Al igual que con Toselli, la irrupción de los sabuesos se concretó en 24 horas.

Esas acciones comenzaron, sin embargo, con el arribo mismo de Echegaray a la AFIP, donde llegó tras su paso por la Aduana y la Oncca; allí también había cosechado planteos por presuntas represalias contra empresas y personas. En noviembre de 2008, por ejemplo, socios del club de rugby Los Cardos, de Tandil, lo increparon para que se fuera del predio. Poco después, seis miembros de la comisión directiva fueron investigados por la Oncca y la AFIP.

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