Y ahora la Justicia denuncia a la AFIP

Las denuncias hasta ahora las radicaban particulares, empresarios o políticos opositores que acusaban a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -y en particular a su anterior titular, Ricardo Echegaray- de montar supuestas operaciones de desprestigio o de persecución política. Pero ahora, por primera vez, la denuncia la emitió uno de los magistrados más conocidos del Poder Judicial de la Nación.

El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, efectuó la denuncia tras cerrar un expediente en el que halló indicios de que la AFIP facilitó una "operación mediática" contra la dirigente Lilita Carrió en plena campaña electoral de 2013, basada en la compra de un lote en un country de Capilla del Señor. Ahora será el juez federal Daniel Rafecas quien deberá investigar lo ocurrido.

Esa campaña de desprestigio, según reconstruyó López Biscayart durante los últimos meses y terminó por plasmar en una resolución que firmó este lunes, tuvo a la AFIP como protagonista. Se habría servido de dos causas penales simultáneas -una en su Juzgado; la otra en Campana- para filtrar información fiscal con que buscó afectar la imagen de la referente de la Coalición Cívica.

"A criterio de este estrado -resumió López Biscayart-, existen constancias suficientes de que se utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador (téngase en cuenta, en aquel momento, la inminencia de las elecciones del año 2013) y que, habiéndose afectado derechos de terceros mediante actividad intrusiva como los allanamientos practicados, podría constituir delitos", afirmó.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro Báez y otra usina de facturas truchas

Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace años, según confirmó el propio organismo a la justicia en lo penal tributario.

Su nueva proveedora de facturas apócrifas es Conde Marketing SRL, una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá y Bahía Blanca, con otro proveedor de facturas truchas, el bahiense Juan Ignacio Suris, el amigo de Leonardo Fariña que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico.

Austral Construcciones acumuló facturas de Conde Marketing durante al menos dos años -2011 y 2012-, por lo que la AFIP le reclamó más de $ 520.000 en sus rendiciones por IVA y Ganancias, más una tasa. Y la empresa de Báez pagó, aunque bajo reserva.

Con los informes de la AFIP en sus manos, sin embargo, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart dio por cerrada la impugnación fiscal, ya que "el monto evadido" no superó los $ 400.000 "por tributo y por ejercicio anual" que exige la ley para iniciar una pesquisa por evasión tributaria simple. Eso salvó a Báez de otra causa penal, porque al momento en que acumuló esas facturas ese piso mínimo era de $ 100.000 y el accionar de Báez era delito.

Aun así, el hallazgo de Conde Marketing SRL en sus libros contables significa para el ex empleado bancario patagónico un nuevo contratiempo. Sumó otra marca al listado de sus empresas con facturas truchas que acumularon cientos de millones de pesos durante años, al tiempo que la justicia federal investiga si Báez integra una "asociación ilícita fiscal" junto a funcionarios de la AFIP, incluido su titular, Ricardo Echegaray.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

AFIP confirma negocios entre los Kirchner y Lázaro

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadío hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Una buena para Báez (por los impuestos)

El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $ 254 millones a los balances de Austral Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores, luego de que la AFIP determinó que los montos exigibles por impuestos impagos por un global de $ 1,1 millón no superan el monto mínimo exigido por ley, o se abordan figuras penales ajenas a su competencia.

El juez dio entonces por cerrada la pesquisa contra las empresas de Báez y sobreseyó a sus colaboradores Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, y remitió copias del expediente a la Cámara Federal para que sortee el Juzgado que deberá investigar si se registraron maniobras de lavado, entre otras figuras penales, lo que ya lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.

López Biscayart, -que durante la presidencia de Néstor Kirchner investigó el "caso Skanska" sobre presuntos sobreprecios en la obra pública- tomó esa decisión el miércoles pasado, pero sólo trascendió ayer, cuando venció el plazo para que apelara la Fiscalía -que no recurrió su fallo-, y colaboradores de Báez se encargaron de difundirlo.

Según verificó López Biscayart, los inspectores de la AFIP objetaron las declaraciones impositivas que presentaron varias empresas de Báez durante los últimos años en relación con los convenios que firmaron con los hoteles de la familia presidencial, y verificaron que Austral Construcciones operó con otro "proveedor apócrifo" de facturas, "Conde Marketing SRL".

pd: el resto de la nota publicada por LA NACION, acá.

El complicado cuadro judicial de Vandenbroele

Alejandro Vandenbroele no imaginó jamás que afrontaría el panorama judicial que hoy padece. Detenido en una celda sin luz natural desde el viernes 20 de febrero, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por su presunto rol en el caso Ciccone. Y afronta tres citaciones a indagatoria simultáneas en la Argentina y en Uruguay, que reclama su inmediata extradición.

Pero sus problemas no comenzaron ahora. Tampoco cuando estalló el caso Ciccone, en febrero de 2012. Su suerte empezó a cambiar hace casi seis años, cuando se reconectó con José María Núñez Carmona, el ex novio de una prima suya de Mar del Plata que ensayaba múltiples negocios de la mano de su íntimo amigo y socio, Amado Boudou, por entonces ministro de Economía.

Vandenbroele se sumó entonces como "operativo", mezcla entre abogado y gestor, a esos proyectos de "Nariga". Juntos movieron dinero dentro y fuera del país; juntos contactaron al gobierno de Formosa; y juntos se involucraron en la resurrección de la ex Ciccone.

Los dos años siguientes a su reencuentro con Núñez Carmona se asemejaron a un sueño. Vandenbroele pasó a presidir la máquina de hacer billetes de $ 100 de la Argentina, mientras Núñez Carmona viajaba por el mundo y Boudou asumía como vicepresidente.

Con el estallido del caso Ciccone, sin embargo, el sueño expiró.

pd: el resto del análisis publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro suma una nueva denuncia penal (y van...)

Tres meses después de la primera publicación en LA NACIÓN, Lázaro Báez sumó ayer una nueva causa penal en su contra.

La Justicia investigará si utilizó su nave insignia, la empresa Austral Construcciones, para evadir impuestos y lavar dinero por medio de facturas truchas y la adulteración de los balances contables.

La decisión la tomó el fiscal en lo Penal Tributario, Claudio Navas Rial, tras evaluar la denuncia que presentó un abogado en base a una serie de notas que publicó el diario a partir de junio. El fiscal estimó que corresponde investigar si Báez y un grupo de familiares y colaboradores recurrieron a Austral Construcciones para evadir cientos de millones de pesos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

LA NACION había revelado cómo Báez ocultó pérdidas por más de $ 250 millones y recurrió a diversas técnicas de contabilidad creativa en los balances de Austral Construcciones entre los años 2008 y 2011.

Entre otras inconsistencias que ahora deberá evaluar el juez del fuero, Javier López Biscayart, figuró el ingreso extraordinario de $ 254,3 millones que en teoría arribaron desde Uruguay y Belice durante 2011, aunque también incluyó supuestos aportes recibidos desde otras de sus empresas, o incluso la suma errónea de $ 32 millones de más durante el ejercicio de 2008.

La investigación penal abarcará así a Báez y a dos de sus hijos, Martín y Leandro, como así también al presidente de la constructora, Julio Mendoza, y a los contadores Daniel Pérez Gadín -también investigado por su actuación en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita"- y César Andrés.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá; algunas de las notas que derivaron en la denuncia y la investigación penal, acá y acá y acá.

¿Qué hace falta?

Y sí, el 54% de Cristina Fernández de Kirchner pega. Y asusta mucho. En especial en Comodoro Py, donde muchos (aunque no todos) fiscales, jueces y camaristas son grandes tiempistas. Acaso eso explique la última noticia salida de la Cámara Federal.

Ayer, los camaristas de la Sala I (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah) revocaron las procesamientos en la “causa Skanska” contra tres mosqueteros del ministro Julio de Vido: el secretario de Energía Daniel Cameron, el ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Más aún. Y peor aún. Anunciaron la "inexistencia de delito".

O sea, acá no pasó nada.

Los tres mosqueteros. Madaro, Ulloa y Camerón.

La investigación comenzó en 2005 por un supuesto pago de sobreprecios para la ampliación de gasoductos que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte mediante un fideicomiso bajo el control del Enargas.

Ya en julio, De Vido, había reclamado el cierre de la causa y el sobreseimiento de los funcionarios, tras conocerse el resultado de un peritaje de expertos de la Universidad de Buenos Aires.

Pero el principio del fin comenzó mucho antes, cuando le sacaron la pesquisa al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien luego saboteó la causa del mejor modo: simulando que avanzaba y hasta procesando a los funcionarios, pero de tal modo que la Cámara le enrostró “insalvables contradicciones”.

La pregunta de fondo, mientras tanto, es bastante simplona: ¿Qué hace falta para que la Justicia dicte una condena contra el poder?

Si no alcanza con que las armas se hayan contrabandeado para una condena en el “caso Armas”, si tampoco sirven las confesiones de los protagonistas –como en IBM-Banco Nación–, ni tampoco que hasta la empresa coimera así lo reconozca –Siemens, ¿les suena?, y en este mismo caso, la sueca Skanska, que reconoció el pago de "comisiones ilegales" por escrito (¡y hasta pagó luego impuestos a la AFIP!)–, la duda es patética.

¿Qué se necesita para que condenen?

Quizá la respuesta sea, como me comentó un juez hace un par de semanas, mientras que yo conversaba con un segundo juez en un pasillo, mientras esperaba que me atendiera un tercer juez: “Llegaste temprano, Hugo”. Miró su reloj y añadió: “Dos años temprano”.

pd1: más datos, acá, acá y acá.

pd2: y a la luz de estos últimos acontecimientos, releo mi post anterior y... qué mal que te veo, Mario Pontaquarto...

¿Otro valijero?

En una larguíííííííísima resolución de 1309 carillas, el juez federal Norberto Oyarbide procesó la semana pasada a un puñado de ex funcionarios kirchneristas por haber defraudado al Estado y haber recibido coimas como parte del llamado “caso Skanska.

Oyarbide también procesó a quienes manejaban una verdadera usina de facturas truchas Adrián Félix López y Alfredo Greco, en tanto que llamó a indagatoria al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, para el 8 de marzo.

"Pichi" López (foto, derecha) apuntó por encima de Cameron cuando también fue indagado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart. Vinculó con la operatoria al ministro de Planificación Federal a Julio De Vido. Y declaró a la revista Noticias que armó la maniobra junto al contador Andrés Galera, a quien calificó como “valijero” del ministro.

¿Otro Guido Alejandro Antonini Wilson? ¿O Claudio Uberti? ¿Acaso López y Galera se repartieron los roles como durante aquella madrugada del 4 de agosto de 2007?

Según López, en la reunión que mantuvo con Galera también participó un estrecho colaborador de De Vido, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, Roberto Baratta.

Esa reunión habría ocurrido en 2005, en el Hotel Regal Pacific y Galera se presentó ante López como un enviado del ministro, al tiempo que pegoteó a otro funcionario más: "Yo sabía que era... un valijero y él decía venir en nombre de Planificación, en nombre de Julio de Vido. Creo que no es funcionario, creo que sí trabaja con López, el de Obras Públicas", en alusión a José Francisco López, el secretario de Obras Públicas.

Galera y Baratta figuran como imputados en el expediente, aunque Oyarbide no aludió a ellos en su resolución, ni mucho menos los llamó a indagatoria.

Uberti, Antonini Wilson, José María Olazagasti, Daniel Cameron, José Francisco López, Néstor Ulloa, Fulvio Madaro, Baratta, Galera… Dios los cría...

pd: el texto completo, acá y acá.