Recondo: "El Gobierno busca su impunidad"

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, Ricardo Recondo, condenó la ofensiva "absolutamente fascista" del Gobierno contra la Corte Suprema, donde pretenden colocar a militantes para "conseguir impunidad", cuando restan meses para el fin del mandato de la Presidenta.

Desde el Gobierno "están tratando de conseguir impunidad frente a los hechos ilícitos que van surgiendo respecto de muchos funcionarios públicos", estimó Recondo, en el ciclo Conversaciones, de LA NACIÓN.



Recondo repudió, así, las críticas que desde el oficialismo lanzaron durante los últimos días contra el decano de los ministros de la Corte, Carlos Fayt, mientras protege a jueces como Norberto Oyarbide.

El objetivo del Gobierno "es aprovechar, de una manera absolutamente fascista, la edad del doctor Fayt para conseguir una vacante más en la Corte", indicó Recondo. De ese modo, buscan "debilitarla y conseguir militantes ministros en la Corte. Ya tienen militantes fiscales y militantes jueces para obtener impunidad".

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Un atisbo a las guerras intestinas de la ex Side

Hay un expediente en el que duerme una larga lista de potenciales escándalos: sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas, testigos falsos en el juicio por la tragedia de Once, el rol del teniente general César Milani en tareas de inteligencia interna, datos sobre el titular de la Corte y cruces de facturas dentro de la ex SIDE, entre otros.

Ese expediente se encuentra en manos del juez federal Sergio Torres. Comenzó hace tres años, incluye 82 carpetas con 16.400 fojas de transcripciones telefónicas que se acumularon hasta agosto pasado y aporta indicios sobre la disputa entre dos referentes de los espías: Antonio "Jaime" Stiuso y Fernando Pocino.

Tras revisar ese material, el fiscal federal Federico Delgado recomendó anteayer al juez que informe de inmediato sobre esos hallazgos al Congreso y a la Casa Rosada para que evalúen qué hacer. También le planteó al juez que archive la causa, pero que extraiga testimonios para que otros jueces investiguen y determinen si se cometieron delitos.

La causa madre se inició en octubre de 2011, cuando la ex SIDE le pidió a Torres que autorizara la intervención de teléfonos y una cuenta de correo electrónico. Todas vinculadas a la firma Dark Star Security, a la que acusó de "desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera".

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El exilio de Stiuso, que teme y espera

Antonio "Jaime" Stiuso calla y espera. Quienes aún mantienen contacto con él afirman que el hombre que dominó los hilos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante todo el kirchnerismo espera el momento adecuado para iniciar lo que mejor sabe hacer desde hace décadas: operaciones de contraofensiva.

El Gobierno lo citó para que pasado mañana se presente en la sede de la central de inteligencia para "dar explicaciones" sobre su vínculo con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Pero muy pocos creen que lo vaya a hacer. Casi todos aseguran que no está en el país, tal como afirmó su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. Y dicen que por ahora no piensa volver, ¿desde Miami? Otros se preguntan si se cuida solo o, como cuentan sus allegados, acaso como maniobra de distracción, lo custodian servicios extranjeros con los que supo trabar buena relación.

Stiuso está convencido de que si reaparece ahora, el Gobierno buscará meterlo preso. También teme terminar muerto. Como Pedro "el Lauchón" Viale, otro agente de la ex SIDE de su máxima confianza, que murió regado de balas del Grupo Halcón, de la policía bonaerense, en un operativo de julio de 2013 que la Justicia sospecha que fue un asesinato apenas disimulado.

Stiuso, "Jaime" o "Aldo Stiles" -su nombre oficial como espía-, ahora ex director general de Operaciones de la SIDE, sabe mucho de todas estas cosas, dicen seis fuentes que lo conocen -tres de las cuales aún mantienen contacto con él- y que accedieron a dialogar con LA NACIÓN bajo estricta reserva de sus nombres.

Sabe de operativos legales y de los inconfesables, de aprietes y de muertes. Por eso calla y espera su momento, cuando sólo pasaron unos días desde que la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios por el pacto con Irán.

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Pinchaduras para todos y todas

"Como todo, es un tema de precio", responde el experto. Y ese precio "se pone por la cara" del candidato, acota un segundo especialista. Una tarifa que será para atacar a otros -y escuchar o leer sus comunicaciones- o para que sus charlas permanezcan privadas.

Bienvenido, pues, al mundo de las escuchas telefónicas.

La premisa es sencilla: hay escuchas legales e ilegales. Las primeras las pide un fiscal o una parte en un expediente judicial -una persona, por ejemplo, que sufre amenazas-, pero siempre debe ordenarlas un juez, que decide qué números serán interceptados y por cuánto tiempo. En cuanto a las otras, las hay hechas por agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) con filones propios de negocios, por agencias privadas de seguridad y por hackers especializados.

En la Argentina formal, sin embargo, sólo la ex SIDE puede pinchar teléfonos. Así lo impone la ley de inteligencia de 2001, que veda esa competencia a la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército, o cualquier otra fuerza de seguridad o armada. Ésa, claro está, es la teoría.

Pero si las escuchas son ilegales, las metas son muy distintas. Permiten obtener una ventaja desleal en los negocios o frente a un competidor electoral -y Francisco de Narváez podría relatar aquí cómo se obsesionó por esquivar pinchaduras durante su campaña de 2009-. O pueden ser para extorsionar a un rival, sea empresario o político. Y en ese rubro, la ex SIDE forjó su fama con especial fuerza durante la última década.

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AFIP - Echegaray baja línea para votar

Fue una movida en dos tiempos. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, protagonizó primero una videoconferencia para todos los abogados que trabajan en el organismo, en todo el país. Les habló de la responsabilidad ética que implica votar en las elecciones del Consejo de la Magistratura. Para algunos profesionales, eso ya fue "incómodo". Pero el remate llegó después: en distintas dependencias de la AFIP de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, se entregaron sobres con los nombres de los letrados y, dentro, la boleta del candidato más cercano al kirchnerismo, César Grau.

La polémica movida, que en el resto del interior del país se plasmó en órdenes orales, fue confirmada por cinco funcionarios y abogados del organismo a LA NACION. Consultados por separado, los profesionales del interior del país y de la capital -pero con matrícula federal- aportaron detalles sobre la videoconferencia que se combinó con la difusión de un comunicado institucional y la aparición de los sobres con las boletas.

La utilización de videoconferencias en períodos electorales no es novedosa para Echegaray. En agosto de 2013, ordenó a todas las direcciones regionales de la AFIP que suspendieran las inspecciones, embargos y ejecuciones fiscales hasta después de las elecciones primarias y generales, para así reducir al mínimo posible el malestar de los contribuyentes, según reveló entonces LA NACION.

La nueva movida apunta ahora a otra votación, más acotada, pero también sensible para el Gobierno. El próximo viernes, los abogados del interior podrán votar a quien será su representante en el Consejo de la Magistratura por cuatro años.

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Ciccone - cuarto testigo amenazado

La frase del apriete difiere un poco, según la cuente un amigo u otro. Uno la recuerda así: "Tenga cuidado con lo va a decir, doctor". El segundo, más breve: "Mida sus palabras, doctor". Pero ambos coincidieron, por separado, en el mismo cuadro y mensaje final: el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, fue abordado por dos hombres en la calle, uno mucho más alto que el otro, que lo amenazaron días antes de la fecha prevista para que declarara en la "causa Ciccone".

Capdevila se convirtió así en la cuarta persona que padeció amenazas en relación al expediente judicial en el que se investiga la relación entre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta bajo el mando de Alejandro Paul Vandenbroele recibió un contrato para imprimir decenas de millones de billetes de 100 pesos.

LA NACION intentó contactar a Capdevila, pero por medio de un tercer amigo declinó confirmar si, en efecto, había sido amenazado en los días previos al jueves pasado, la fecha prevista para que testificara, por segunda vez, ante el juez federal Ariel Lijo.

Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, Capdevila se presentó ante un escribano público y le relató su versión de lo ocurrido, aunque no reconoció a quienes lo intimidaron. En ese testimonio aportó constancias de lo que vivió -y de lo que sabe- y le permitió fijar una fecha cierta de cuándo lo amedrentaron.

El apriete, sin embargo, incluiría un segundo incidente con un automóvil sin patente, que se dedicó a seguir a un familiar de Capdevila durante varios kilómetros, a través de un trayecto que incluyó múltiples curvas y contramarchas.

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Secreto fiscal - desmentida y ratificación

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó esta tarde que “el Gobierno no proyecta levantar el secreto fiscal, tal como informaron algunos medios de comunicación", en alusión al artículo que publicó LA NACION ayer (ver, acá).

"La AFIP siempre ejerce su accionar respetando el marco normativo de la ley 11.683 de Procedimiento Tributario", sostuvo Echegaray durante la conferencia de prensa a la que convocó para informar la recaudación de noviembre.

Echegaray respondió así a la nota que publiqué ayer revelando que el Gobierno prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la AFIP levantar el secreto fiscal y utilizarlo la información tributaria en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo.

Para que quede claro: ratifico lo que publiqué ayer, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuve y confirmaron luego fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

pd: la desmentida de Echegaray, acá.

La AFIP y el secreto fiscal como garrote

El Gobierno prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) levantar el secreto fiscal y utilizarlo en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo Nacional, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

La reforma tributaria, que lleva más de dos años de redacción y debate dentro del Gobierno, legitimará en la práctica que los funcionarios -incluida la presidenta Cristina Kirchner- puedan exponer incluso por cadena nacional los detalles de la situación tributaria de la persona o empresa que se queje ante la prensa, algo que ya ocurrió durante los últimos meses con el cineasta Eliseo Subiela y con uno de los socios de una conocida inmobiliaria.

El proyecto que circula por la AFIP, que lidera Ricardo Echegaray [foto, arriba], el Ministerio de Economía y algunos despachos de la Casa Rosada también habilita otra opción para levantar el secreto fiscal. Será cuando algún área del Ejecutivo desarrolle un programa de "subsidios o beneficios" y necesite o quiera hurgar en los ingresos y gastos declarados por el contribuyente.

Pero la primera de las nuevas excepciones sería la más polémica. Regirá cuando "un contribuyente, responsable o titular de los datos cuestione públicamente -por cualquier medio de difusión- acciones de control o actos administrativos del organismo"; la segunda, "cuando ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional tengan que ejecutar o implementar programas de subsidios o beneficios".

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AFIP, un arma política

Empresas y empresarios, economistas, productores agrícolas, un club de rugby y deportistas, políticos, medios de comunicación y periodistas, el esposo de una jueza e incluso ex funcionarios kirchneristas. Todos tienen algo en común: los visitaron inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) justo cuando salieron a la escena pública con algo incómodo para el Gobierno, según surge de un relevamiento de los últimos años.

Los antecedentes cobran relevancia luego de la inusual revelación de la Presidenta de que había pedido informes al ente recaudador respecto de un empresario inmobiliario que criticó medidas oficiales. En este contexto, se desató ayer una ola de críticas al Gobierno por el uso de la AFIP como "arma política", que incluyeron críticas del ex vicepresidente Julio Cobos, el senador radical Ernesto Sanz y la diputada Patricia Bullrich. Pero sólo 24 horas después de la revelación presidencial por televisión, la inmobiliaria de Jorge Toselli fue inhabilitada para operar. Días antes, otros inspectores habían visitado la panadería de la mujer que lidera un comedor comunitario en Tucumán y que había aparecido en el programa de televisión de Jorge Lanata. Al igual que con Toselli, la irrupción de los sabuesos se concretó en 24 horas.

Esas acciones comenzaron, sin embargo, con el arribo mismo de Echegaray a la AFIP, donde llegó tras su paso por la Aduana y la Oncca; allí también había cosechado planteos por presuntas represalias contra empresas y personas. En noviembre de 2008, por ejemplo, socios del club de rugby Los Cardos, de Tandil, lo increparon para que se fuera del predio. Poco después, seis miembros de la comisión directiva fueron investigados por la Oncca y la AFIP.

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