¿Quién investiga al investigador?

En mayo, revelé en el diario LA NACION nuevos detalles sobre cómo el Gobierno utiliza la Unidad de Información Financiera (UIF) para sus fines políticos. Tanto para proteger amigos –cajoneo mediante de reportes de operaciones sospechosas-, como para perseguir rivales.

De manera inesperada, sin embargo, y tras un año y medio de publicar distintos artículos, un fiscal federal tomó ese artículo periodístico y decidió abrir una investigación preliminar.

Ahora, algo más de cuatro meses después, Carlos Stornelli –que de él se trata- concluyó su pesquisa y radicó una denuncia penal. Por sorteo, cayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien actúa este año junto al fiscal -obvio, también del fuero federal- Eduardo Taiano.

Stornelli -motor del "caso Armas", ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli, cercano ahora al PRO- detalló que acumuló “pruebas” sobre múltiples conductas reprochables dentro de la UIF. En total, les imputó a las autoridades de la unidad, José Sbattella a la cabeza, cuatro presuntos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.

Con el expediente en sus manos, la primera decisión del juez Rafecas será enviárselo al fiscal Taiano para que este evalúe si archiva sin más la denuncia o si requiere la acción e imputa a la cúpula de la UIF de manera formal.

Taiano podría optar por una vía intermedia: verificar primero si el objeto de esa denuncia no se investiga ya en el expediente que instruye el juez federal Sergio Torres –aunque esa causa se centra sólo en el cajoneo de reportes sobre Sergio Schoklender- o incluso del magistrado Norberto Oyarbide –algo más complejo, desde que la sala I de la Cámara Federal acaba de convalidar a la propia UIF como querellante en la causa Shocklender-.

La pregunta es, en el fondo, ¿quién investiga a quien debe investigar? Y, más aún, con la premisa de que toda la actuación de la UIF es secreta. Por tanto, ¿es posible, por ejemplo, allanar el organismo? ¿Se encuentra en una situación sui generis, cual la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE)? ¿Cómo se investiga algo secreto?

pd: la nota completa, acá.

Corrupción = violencia

Leía, como cada mañana, el diario Hindustan Times (en rigor, acabo de enterarme que existe, disculpas a mis lectores de aquellos lares), cuando me topé con la siguiente declaración de un perejil:

“La corrupción es otra forma de violencia y debemos esforzarnos más para eliminar este mal social”.

¿Su autor? Nada más y nadie menos que el mismísimo Dalai Lama.

¡Chupate esa mandarina!

Según mi nuevo diario de cabecera, el líder espiritual del budismo tibetano trazó esa línea roja durante su discurso en homenaje a otro monstruo, Mahatma Gandhi, en un nuevo aniversario de su nacimiento.

El alma-pater de la India encarnó la no violencia. Y el Dalai Lama subrayó que “implementar las acciones de no violencia de Gandhi en nuestra vida es la manera correcta de recordarlo. Así que la gente que verdaderamente cree en la no violencia debe dejar de involucrarse en corrupción”.

¿Es necesario recordar que una coima en el área de salud, por ejemplo, deriva en medicamentos truchos que causan muertes, lo que genera violencia? ¿O que un empresario, un juez, un policía, un político o un periodista corrupto generan, tarde o temprano, injusticia social, impotencia, desigualdad y, por último violencia?

Si el Dalai Lama -traducción literal: "Océano de Sabiduría"- debió subrayarlo es porque sí, en efecto, era necesario recordarlo.

pd: el artículo del Hindustan Times, acá.

Un changarín, dos patovas y $1 millón

El título me recuerda a la película de Guy Ritchie, "Juego, trampas y dos armas humeantes". Pero esto de ficción no tiene una pizca (y de patético, mucho).

De mendigo a millonario, de productor rural a mendigo otra vez y, ahora, a acusado ante la Justicia. El changarín que figuró como supuesto dueño de un feedlot fantasma para embolsar casi $ 1 millón en subsidios de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) deberá ahora explicar ante la Justicia qué pasó y quiénes lo metieron en esa operatoria.

El juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi citó al changarín Juan Benjamín Tapia [foto], a dos patovicas y a otros cinco imputados a indagatoria, sospechados de cometer varias irregularidades con fondos millonarios de la Oncca, que el Gobierno disolvió a raíz del escándalo. Todos ellos deberán declarar entre el 13 y 27 de este mes, acusados de fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos.

Tras la difusión pública de lo ocurrido con Tapia (gran mérito gran del colega de Clarín, Matías Longoni), el entonces titular de la Oncca, Emilio Eyras, revocó las órdenes de pago que él mismo había autorizado. No sólo eso. El escándalo aportó otro fruto inesperado. Reapareció el $ 1 millón birlado.

Según el polémico presidente de la Cámara Pesquera Marplatense, Daniel Tunoni, quien lo transportó desde Buenos Aires hasta Mar del Plata para devolverlo al Banco Nación fue Fernando Villaverde, uno de los colaboradores más cercanos desde hace dos décadas del ex titular de la Oncca y luego de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Y conste que te avisaron

Pa’ qué te viá decir qui no, si sí, sería la cuestión. Porque, en efecto, los bancos y el Gobierno supieron de las tropelías de Sergio Schoklender desde mucho antes de que estallara el escándalo.

En el caso de los bancos, optaron por enviarle reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) –Nuevo Banco de Santiago del Estero y Supervielle-, o de acotarle sus operaciones –Credicoop-, o incluso cerrarle la cuenta en la que operaba –otra vez, por ejemplo, la entidad santiagueña-.

En Santiago del Estero (BSE), “se observaron movimientos extraños y al contado, por lo que se emitió el ROS”, el 6441/2010. Y en el Supervielle el 8047/2010, al tiempo que requirió más información. Así fue como la empresa de Schoklender presentó el supuesto contrato de Meldorek con la presunta firma de Bonafini, fechado el 28 de diciembre de 2010, que un peritaje calcográfico de la Gendarmería concluyó que era falsa.

¿Qué reacción mostró el Gobierno ante las primeras luces amarillas? Bueno… según el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, comenzó a cerrarle el grifo dinerario al entonces apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero no radicó ninguna denuncia penal.

Y en el caso de la unidad antilavado, su reacción resultó endeble y polémica. Una vez más. En el caso del reporte del banco santiagueño –de marzo de 2010-, consideraron “justificado” su movimiento de dinero. Y en el caso del Supervielle –de septiembre del año pasado-, lo investigaron con paso cansino… Tan lento que sólo luego de que estalló el escándalo –y sólo porque estalló el escándalo- lo remitieron a la Justicia.

Cuando los papeles -tras más de un año- llegaron a las manos del fiscal general, Raúl Pleé, el proceso se aceleró. Sólo tardó 24 horas en impulsar una denuncia penal con información sobre los ROS del BSE y del Supervielle. Eso ya incluso se había publicado en la prensa; lo que se ignoraba hasta ahora es que el BSE además cerró la cuenta problemática, que el Supervielle pidió más info (y así apareció el contrato maldito de Meldorek) y todo lo ocurrido con el Credicoop ("intercambio violento" con Schoklender incluido).

pd: más datos, en el artículo y recuadro publicados ayer en LA NACION (acá y acá).