Hotesur - un largo camino hacia los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadío dejó atrás ayer el primero de los varios escollos que afronta para investigar la operatoria hotelera de la familia Kirchner y la ruta del dinero que la une con dos de los empresarios más controvertidos de la última década: Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Cámara de Casación Penal se encargó de ese primer escollo. Lo confirmó al frente del "caso Hotesur" -como se llama la sociedad controlante del hotel Alto Calafate-, a pesar de los esfuerzos por recusarlo por la supuesta vulneración de los derechos de defensa de los imputados.

Sin embargo, el juez afronta aún al menos otros dos desafíos. El primero es un intento que llegó del Sur para quitarle la pesquisa por razones de competencia. El objetivo es que Bonadio se desprenda del expediente y lo envíe a Río Gallegos. El segundo pasa por el rol que debe asumir -o no- el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien semanas atrás se tomó una licencia inesperada.

¿Por qué tantas dificultades alrededor de esta investigación? Porque si Bonadio retiene el expediente, avanzará sobre Máximo Kirchner. Y más tarde o más temprano lo citará a indagatoria.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

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¿Quién investiga al investigador?

En mayo, revelé en el diario LA NACION nuevos detalles sobre cómo el Gobierno utiliza la Unidad de Información Financiera (UIF) para sus fines políticos. Tanto para proteger amigos –cajoneo mediante de reportes de operaciones sospechosas-, como para perseguir rivales.

De manera inesperada, sin embargo, y tras un año y medio de publicar distintos artículos, un fiscal federal tomó ese artículo periodístico y decidió abrir una investigación preliminar.

Ahora, algo más de cuatro meses después, Carlos Stornelli –que de él se trata- concluyó su pesquisa y radicó una denuncia penal. Por sorteo, cayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien actúa este año junto al fiscal -obvio, también del fuero federal- Eduardo Taiano.

Stornelli -motor del "caso Armas", ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli, cercano ahora al PRO- detalló que acumuló “pruebas” sobre múltiples conductas reprochables dentro de la UIF. En total, les imputó a las autoridades de la unidad, José Sbattella a la cabeza, cuatro presuntos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.

Con el expediente en sus manos, la primera decisión del juez Rafecas será enviárselo al fiscal Taiano para que este evalúe si archiva sin más la denuncia o si requiere la acción e imputa a la cúpula de la UIF de manera formal.

Taiano podría optar por una vía intermedia: verificar primero si el objeto de esa denuncia no se investiga ya en el expediente que instruye el juez federal Sergio Torres –aunque esa causa se centra sólo en el cajoneo de reportes sobre Sergio Schoklender- o incluso del magistrado Norberto Oyarbide –algo más complejo, desde que la sala I de la Cámara Federal acaba de convalidar a la propia UIF como querellante en la causa Shocklender-.

La pregunta es, en el fondo, ¿quién investiga a quien debe investigar? Y, más aún, con la premisa de que toda la actuación de la UIF es secreta. Por tanto, ¿es posible, por ejemplo, allanar el organismo? ¿Se encuentra en una situación sui generis, cual la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE)? ¿Cómo se investiga algo secreto?

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