Recondo: "El Gobierno busca su impunidad"

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, Ricardo Recondo, condenó la ofensiva "absolutamente fascista" del Gobierno contra la Corte Suprema, donde pretenden colocar a militantes para "conseguir impunidad", cuando restan meses para el fin del mandato de la Presidenta.

Desde el Gobierno "están tratando de conseguir impunidad frente a los hechos ilícitos que van surgiendo respecto de muchos funcionarios públicos", estimó Recondo, en el ciclo Conversaciones, de LA NACIÓN.



Recondo repudió, así, las críticas que desde el oficialismo lanzaron durante los últimos días contra el decano de los ministros de la Corte, Carlos Fayt, mientras protege a jueces como Norberto Oyarbide.

El objetivo del Gobierno "es aprovechar, de una manera absolutamente fascista, la edad del doctor Fayt para conseguir una vacante más en la Corte", indicó Recondo. De ese modo, buscan "debilitarla y conseguir militantes ministros en la Corte. Ya tienen militantes fiscales y militantes jueces para obtener impunidad".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Las extrañas llamadas entre Greppi, Elaskar y Fariña

El escándalo se expande y se ramifica. Desde la financiera Propyme, del financista Guillermo Greppi, se comunicaron por lo menos una decena de veces con Federico Elaskar y Leonardo Fariña, que se hicieron conocidos por el caso Lázaro Báez. Todas las llamadas se realizaron cuando ambos personajes estaban por aparecer en público y denunciaron amenazas.

Las comunicaciones entre Fariña, Elaskar y la mutual de Greppi constan en un registro de llamadas entrantes y salientes que obtuvo LA NACION. Abren así una potencial conexión entre el escándalo que sacude a Báez y el caso que puso en la mira al juez Norberto Oyarbide por frenar un allanamiento a Propyme por pedido de Carlos Liuzzi, el número dos del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Las llamadas al ex marido de la vedette Karina Jelinek y a Elaskar se dieron en dos momentos clave. En el caso de Fariña, el supuesto "valijero" de Báez, fueron hechas en el mismo período en el que dijo que si no se detenían las presiones que sufría, contaría "todo".

En el caso del dueño de la financiera SGI, cuando ya había grabado su testimonio con el equipo del periodista Jorge Lanata, que saldría al aire en cuestión de días.

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¿Valijeros? no; ¿mochileros? sí, por millones

"Los jefes daban las órdenes de quién tenía que hacer los retiros de dinero. Esos retiros eran de mucha plata, aproximadamente un millón de pesos promedio, hasta dos millones, depende la época, y debíamos traerla en la mochila"... 

El Gobierno afronta una disyuntiva tan sensible como incómoda. Acumula razones de peso para resguardar al juez federal Norberto Oyarbide. Pero también para mantener silenciado lo que su denunciante, Guillermo Greppi, calla. Sabe demasiado sobre la operatoria clandestina de las cuevas que financian el "lado B" de la política, las empresas y los bancos. 

La causa quedó en manos de Luis Rodríguez, un par de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py, quien evalúa citar a declarar a Enrique Drzewko, quien se presenta como "empresario" y sostiene que, como Greppi, él también afrontó un pedido de coimas de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal. Greppi y Drzewko comparten más que esos supuestos pedidos de coimas. 

Ambos son referentes de la City paralela, los descuentos con cheques y el dólar blue. También comparten una escala común en Mendoza y, al menos en el caso del segundo, las ramificaciones llegan hasta el "caso Skanska", a una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou y a cadetes que recorren la ciudad con mochilas repletas de millones de pesos. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro, el gran benefactor inmobiliario K

Los vínculos económicos cruzados entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de la obra pública patagónica, son más de los que parecen. A las habitaciones sin usar, pero pagadas, en hoteles de El Calafate y los alquileres de sus inmuebles , los créditos cruzados y un condominio, se suman la compra y venta de nueve propiedades.

Sólo entre 2008 y 2009, Báez compró a los Kirchner al menos nueve inmuebles en la ciudad de Río Gallegos. Pagó $ 4 millones y los escrituró a nombre de su empresa insignia, Austral Construcciones. Así surge de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y de registros contables internos del grupo Báez, que LA NACION obtuvo y analizó durante meses. 

Esas operaciones inmobiliarias, que los Kirchner informaron en la declaración jurada de 2009, aunque sin precisar jamás que Báez fue el comprador, tuvieron lugar en un momento crucial. Ese año, la pareja presidencial afirmó que su patrimonio había crecido 158% en apenas 12 meses. Esto fue denunciado a la Justicia, pero el juez federal Norberto Oyarbide (foto, arriba)los sobreseyó sin investigar y sin que los fiscales apelaran.

Los nuevos vínculos comerciales que salen ahora a la luz se suman al condominio de casi 9 hectáreas que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comparte con Báez en El Calafate. Y también se añade a las siete empresas de este ex empleado del Banco de Santa Cruz que firmaron convenios confidenciales y retroactivos para pagar 935 plazas hoteleras por mes en el hotel Alto Calafate durante un par de años, como lo reveló LA NACION el domingo 15 de este mes. Por esa operatoria el matrimonio presidencial recibió de Báez $ 10,1 millones entre 2010 y mediados de 2011, y que se suman a otros $ 3,2 millones por el alquiler de la hostería Las Dunas y otros $ 1,1 millones por Los Sauces SA.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION por mi gran coequiper Mariela Arias, acá.

Para todo lo demás, MonsterCard

"Una procuradora dispuesta a ensuciar a un limpio
para limpiar a un sucio: no tiene precio".



Autor: Enrique Piñeyro, guionista y director del extraordinario "El Rati Horror Show" y, antes, de "Fuerza Aérea Sociedad Anómima" y "Whisky, Romeo, Zulu", ganador del Premio Konex de Platino en la categoría documentalista de la última década.

Porque hay cosas que no tienen precio...

Desvíos (y lavado) a gran escala

De todo un poco. Desvíos para cuentas propias, para bolsillos ajenos, para comprar terrenos y barcos, para pagar indemnizaciones laborales (en negro) y hasta para solventar obras públicas con fondos, también públicos, pero que estaban destinados a otros fines. En suma, el cálculo preliminar de la Justicia es que Sergio Schoklender habría desviado al menos 283,6 millones de pesos, más otro 1,3 millón de dólares de las arcas fiscales desde 2005, según surge del expediente.

Schocklender actuó, sin embargo, junto 15 colaboradores en perjuicio de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Lo ayudaron durante cerca de seis años, según el juez federal Norberto Oyarbide, quien incluyó a María Alejandra Bonafini entre los acusados, pero dejó afuera a su madre, Hebe Pastor de Bonafini.

El perjuicio abarcó, además, al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a varias provincias, como Chaco y Salta, al tiempo que el dinero desviado abarcó, entre otros, campos y terrenos adquiridos en Santa Fé, por $ 4 millones, Misiones, por US$ 925.000, y Chaco, por otros 900.000 pesos.

El presunto desfalco, sin embargo, no sólo abarcó dinero en efectivo, sino que también incluyó “la adquisición y utilización de manera irregular de materiales de construcción de la Fundación” para fines particulares. Entre otros, para 20 inmuebles privados vinculados a la ex esposa de Sergio Schocklender, Viviana Sala, a su hermano Pablo Shocklender y hasta al colegio Jean Piaget, entre otros.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Y un día, apareció Vandenbroele

Primero salió al ruedo la familia Ciccone, al día siguiente se sumó el vicepresidente Amado Boudou y, ayer, en el tercer día hábil consecutivo, apareció Alejandro Vandenbroele. Mediante una solicitada, desmintió cualquier delito o vínculo espúreo en el resurgimiento de la principal imprenta gráfica del país.

“Es absolutamente falso que sea testaferro del vicepresidente”, afirmó Vandenbroele. “No fui, ni soy amigo, ni conocido, y mucho menos cierto que tenga con él relación comercial alguna”, planteó. Procuró desmentir así a su esposa, Laura Muñoz, quien lo identificó ante el fiscal federal Carlos Rívolo y la prensa como presunto “testaferro” de Boudou para los “negocios no tan claros” y blanquear “coimas”.

Vandenbroele, al salir de Comodoro Py (crédito: Omar Lavieri).

El abogado reconoció, por el contrario, que mantuvo una relación “estrictamente profesional”, de “servicios de asesoramiento”, con José María Núñez Carmona, íntimo amigo, socio comercial en varias firmas, padrino de casamiento y testigo del divorcio de Boudou.

Vandenbroele detalló además que no es, ni vivió en Mar del Plata, salvo “esporádicamente”, lo que refutó Muñoz desde Mendoza. “Alejandro estuvo viviendo en la casa de los primos. Arrancamos mal si miente sobre algo comprobable”, señaló.

Tras cuatro semanas de silencio público, en tanto, el rostro visible de The Old Fund nada dijo, ni explicó, sobre el inesperado giro y la moratoria excepcional concedida por la AFIP a la ex Ciccone, ni sobre el origen de los fondos que permitieron levantar la quiebra.

pd1: más información, en LA NACION, acá y acá.

pd2: día peculiar, ayer. Apareció Vandenbroele por partida doble (solicitada y en Comodoro Py) y el juez federal Norberto Oyarbide declinó tomar el "caso Ciccone" en sus manos (opciones: o la movida del denunciante Jorge Orlando Pacífico resultó demasiado grotesca o los operadores K sienten que ya tienen tomado al toro por las astas). 

Oyarbide, ¿al rescate de Boudou?

La investigación por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y otros supuestos delitos contra el vicepresidente Amado Boudou podría, mediante una inesperada derivación, aterrizar en el juzgado de Norberto Oyarbide.

Síp.

Un clásico.

Ocurre que el 14 de diciembre, un ex carapintada llamado Orlando Pacífico radicó una denuncia penal basado en las primeras versiones sobre los nuevos controladores de la imprenta Ciccone Calcográfica y sus supuestos vínculos con Boudou. Y sorteo mediante, recayó en el juzgado de Oyarbide.

El problema es que Pacífico nunca se presentó a ratificar su denuncia, que fue archivada, aunque ahora, tras el escándalo, Pacífico se habría comunicado con el Juzgado para manifestar su interés por mantener vivo el asunto. Por eso fue citado para el próximo martes para ratificar la denuncia que había efectuado dos meses atrás, antes de la feria judicial de enero.

La duda, pues, es si el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo se quedarán con la causa porque cuentan con el expediente más avanzado (pese a contar con la denuncia más reciente) o se la queda Oyarbide, junto al fiscal Jorge Di Lello.

Oyarbide, vale recordar, viene de demoler lo que se conoce como “los mails de Jaime”, con la que derrumbó múltiples investigaciones contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. ¿Ahora va por Boudou?

pd: más datos, acá y acá.

Una búlgara que calla

Nina Lozeva, la búlgara acusada de ser uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se negó hoy a declarar en la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito del karateca ex funcionario.

Lozeva trabaja en las afueras de La Plata como adiestradora de perros, pero figura como supuesta dueña de un departamento que vale cerca de medio millón de dólares en la avenida Figueroa Alcorta. Y aún así, vive en una casa humilde, de un barrio humilde.

Tan ajustada era su vida mientras en teoría compraba el semipiso, que decía a los dueños de los perros que adiestraba (a $ 70 la hora) que la ventaja de vivir en una zona semirural era que podía cultivar legumbres y verduras cuando la billetera no alcanzaba...

La búlgara se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide, pero se acogió al derecho constitucional de negarse a declarar sin que esa decisión se interprete en su contra, la misma decisión que tomó la mayoría de los imputados.

No trascendió, sin embargo, si se presentó en tribunales con el mismo abogado defensor, Jorge González Novillo, que apareció el año pasado, cuando su nombre salió a la luz. Un abogado que, vale decirlo, ni conocía a la búlgara, ni ella al letrado. A ella se lo embocaron, a él se lo pidieron de favor. No dijo quién.

Lozeva, en particular, está acusada de ocultar con su nombre al verdadero dueño (¿Jaime?) de un semipiso en Figueroa Alcorta 3358 que figura a nombre de la empresa Claraman SA.

La propiedad, según surge de la pesquisa de los investigadores judiciales, habría sido comprado por el ex funcionario de la Secretaría de Transporte, Hugo Álvarez Picasso (quien también vive o vivía en La Plata) y luego se transfirió (en teoría) a Lozeva.

Todo esto, y más, fue parte de una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto al colega del diario LA NACIÓN, Hernán Cappiello, y sirvió a los fiscales.

pd: ver, por ejemplo, acá, acá, acá y acá.

¿Qué hace falta?

Y sí, el 54% de Cristina Fernández de Kirchner pega. Y asusta mucho. En especial en Comodoro Py, donde muchos (aunque no todos) fiscales, jueces y camaristas son grandes tiempistas. Acaso eso explique la última noticia salida de la Cámara Federal.

Ayer, los camaristas de la Sala I (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah) revocaron las procesamientos en la “causa Skanska” contra tres mosqueteros del ministro Julio de Vido: el secretario de Energía Daniel Cameron, el ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Más aún. Y peor aún. Anunciaron la "inexistencia de delito".

O sea, acá no pasó nada.

Los tres mosqueteros. Madaro, Ulloa y Camerón.

La investigación comenzó en 2005 por un supuesto pago de sobreprecios para la ampliación de gasoductos que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte mediante un fideicomiso bajo el control del Enargas.

Ya en julio, De Vido, había reclamado el cierre de la causa y el sobreseimiento de los funcionarios, tras conocerse el resultado de un peritaje de expertos de la Universidad de Buenos Aires.

Pero el principio del fin comenzó mucho antes, cuando le sacaron la pesquisa al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien luego saboteó la causa del mejor modo: simulando que avanzaba y hasta procesando a los funcionarios, pero de tal modo que la Cámara le enrostró “insalvables contradicciones”.

La pregunta de fondo, mientras tanto, es bastante simplona: ¿Qué hace falta para que la Justicia dicte una condena contra el poder?

Si no alcanza con que las armas se hayan contrabandeado para una condena en el “caso Armas”, si tampoco sirven las confesiones de los protagonistas –como en IBM-Banco Nación–, ni tampoco que hasta la empresa coimera así lo reconozca –Siemens, ¿les suena?, y en este mismo caso, la sueca Skanska, que reconoció el pago de "comisiones ilegales" por escrito (¡y hasta pagó luego impuestos a la AFIP!)–, la duda es patética.

¿Qué se necesita para que condenen?

Quizá la respuesta sea, como me comentó un juez hace un par de semanas, mientras que yo conversaba con un segundo juez en un pasillo, mientras esperaba que me atendiera un tercer juez: “Llegaste temprano, Hugo”. Miró su reloj y añadió: “Dos años temprano”.

pd1: más datos, acá, acá y acá.

pd2: y a la luz de estos últimos acontecimientos, releo mi post anterior y... qué mal que te veo, Mario Pontaquarto...

Una piedra en su zapato (de lujo)

La pregunta que surge con cada nuevo escándalo de corrupción es casi siempre la misma: ¿Cómo es posible? Es decir, cómo es posible que el protagonista se compre una mansión. O mueva montañas de dinero en efectivo. O se pasee en un yate. O en un avión. O, en este caso, todo lo anterior y mucho más. Y la respuesta es, también, casi siempre la misma: sobredosis de impunidad.

Esa sensación de “poder permanente” es una constante entre muchos funcionarios –de cualquier gobierno- hasta que se evapora. Puede prolongarse o puede renacer –como lo atestigua el salvavidas al ex presidente Carlos Menem en la “causa Armas”-, pero también tiene también sus excepciones. Ése fue el tragicómico caso del pintoresco ex funcionario, como lo describió Omar Lavieri en su estupendo libro “El recaudador. Ricardo Jaime: la cara de la corrupción en la era kirchnerista”.

¿Qué falló? Demasiado. Entre otros factores, que su abogado defensor se lleva pésimo con el operador dilecto del Gobierno ante la Justicia federal, Javier Fernández; también, que su otro abogado, Marcelo Brito, encarna al mismísimo demonio según el juez Norberto Oyarbide, desde que antes patrocinó a Luciano Garbellano, aquel oscuro personaje de Spartacus y acusaciones varias por presunto proxenetismo y cobro de dinero negro contra el magistrado. Y, por último, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parecía por entonces caer cuesta abajo en la rodada electoral.

Hoy, en el escenario post-14 de agosto, acaso Jaime logre repetir la suerte de Menem y termine limpio de culpas y cargos. Pero como el ex Presidente o María Julia Alsogaray, el otrora “señor de los subsidios” es ya en un ícono de lo indebido. Y hasta los pequeños episodios lo pintan por completo. Como aquel con “Newton”, el perro que le robó al diputado nacional Rafael Flores, en 1996, sólo para devolverlo cuando la esposa del legislador llegó a tocarle la puerta en Río Gallegos, alertada por un vecino.

Este libro será, por siempre, una piedra en su zapato de lujo.

pd: la reseña completa de la revista ADN, acá.

¿Quién investiga al investigador?

En mayo, revelé en el diario LA NACION nuevos detalles sobre cómo el Gobierno utiliza la Unidad de Información Financiera (UIF) para sus fines políticos. Tanto para proteger amigos –cajoneo mediante de reportes de operaciones sospechosas-, como para perseguir rivales.

De manera inesperada, sin embargo, y tras un año y medio de publicar distintos artículos, un fiscal federal tomó ese artículo periodístico y decidió abrir una investigación preliminar.

Ahora, algo más de cuatro meses después, Carlos Stornelli –que de él se trata- concluyó su pesquisa y radicó una denuncia penal. Por sorteo, cayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien actúa este año junto al fiscal -obvio, también del fuero federal- Eduardo Taiano.

Stornelli -motor del "caso Armas", ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli, cercano ahora al PRO- detalló que acumuló “pruebas” sobre múltiples conductas reprochables dentro de la UIF. En total, les imputó a las autoridades de la unidad, José Sbattella a la cabeza, cuatro presuntos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.

Con el expediente en sus manos, la primera decisión del juez Rafecas será enviárselo al fiscal Taiano para que este evalúe si archiva sin más la denuncia o si requiere la acción e imputa a la cúpula de la UIF de manera formal.

Taiano podría optar por una vía intermedia: verificar primero si el objeto de esa denuncia no se investiga ya en el expediente que instruye el juez federal Sergio Torres –aunque esa causa se centra sólo en el cajoneo de reportes sobre Sergio Schoklender- o incluso del magistrado Norberto Oyarbide –algo más complejo, desde que la sala I de la Cámara Federal acaba de convalidar a la propia UIF como querellante en la causa Shocklender-.

La pregunta es, en el fondo, ¿quién investiga a quien debe investigar? Y, más aún, con la premisa de que toda la actuación de la UIF es secreta. Por tanto, ¿es posible, por ejemplo, allanar el organismo? ¿Se encuentra en una situación sui generis, cual la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE)? ¿Cómo se investiga algo secreto?

pd: la nota completa, acá.

Falsas o auténticas

Sergio Schoklender jura que las firmas que aparecen de Hebe de Bonafini son auténticas. Que ella rubricó las tres carillas de ese contrato con Meldorek SA, el 28 de diciembre de 2010.

Madres de Plaza de Mayo lo niega. Afirma que su presidenta jamás lo firmó, que no conoce al socio de Meldorek que aparece en ese contrato, Alejandro Gotkin, y que para esa fecha, ella ni siquiera estaba en Buenos Aires.

Schoklender retruca con que Bonafini miente.

Y las Madres replican, como un latigazo, que el que miente es y ha sido, siempre, Schoklender, quien incluso les ocultó información (y activos por vaaaarios millones de pesos) a la entidad durante años.

Un peritaje caligráfico de la Gendarmería [copia facsímil, abajo] ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide concluyó que las firmas son, en efecto, falsas.

Schoklender considera que esa es la demostración cabal de que el Gobierno le soltó la mano, que será el chivo expiatorio del escándalo y por eso decidió redoblar la apuesta y hablar ante los medios de comunicación y en el Congreso.

El ex apoderado de la fundación Madres reclama, además, que se practique un nuevo peritaje caligráfico de esas firmas, que Bonafini redacte un "cuerpo de escritura" completo, que asista a la audiencia un perito suyo e insiste, una vez más, con que las firmas son auténticas. Pero si esto fuera fútbol, por ahora Schoklender viene perdiendo 2 a 0. Y, encima, de visitante.

Y mientras Schoklender habla, sin embargo, las Madres continúan con su labor y aportan cada semana más documentos, material y elementos de prueba al expediente. Que ya superó las 10.000 fojas.

A todo esto, el juez Oyarbide mantiene el expediente bajo secreto de sumario. Lleva más de 90 días. Algo muy inusual, incluso para los particulares tiempos que suelen manejarse en Comodoro Py. La medida le permite controlar el flujo de información. Aunque las filtraciones, de vez en cuando, ocurran. Como esta vez.

En la edición de hoy del diario LA NACIÓN revelamos tanto el peritaje de la Gendarmería, como así también el supuesto contrato de la discordia (un instrumento privado, sin participación de un escribano público fedatario) con las supuestas firmas de Bonafini.

El texto resulta una prueba clave y comprometedora. Sea porque las supuestas firmas de Bonafini son auténticas (y en ese caso la titular de Madres estaría en problemas) o porque como el peritaje indica (y validan todas las pruebas indiciarias hasta ahora conocidas), son falsas. Y en ese caso, como hasta ahora, el que estaría en problemas es Schoklender.

pd: el artículo en LA NACIÓN, acá.

Antonini, encima "destituyente"

Si algo le faltaba al “valijero” Guido Alejandro Antonini Wilson era que lo catalogaran como “destituyente”. Y el mote se lo cargaron, nomás.

Porque no le alcanzaba con ser, para empezar, el supuesto dueño de la valija (que otros le endilgan al entonces recaudador de la campaña y embajador “paralelo” en Venezuela, Claudio Uberti).

Tampoco bastó con acusarlo de ser agente encubierto del FBI o de la CIA (el presidente Hugo Chávez lanzó esa tendencia, a la que luego se sumaron Luis D’Elía y AníbalF, entre otros).

Ahora, la onda es ubicarlo en la misma sintonía que los productores rurales argentinos y con el vicepresidente Julio Cobos, alias “el traidor”.

Y lo paradójico es que quien lo ubica en la nueva categoría es el ministro de Economía, Amado Boudou, aquel estudiante ultra-liberal del CEMA, de quien sus amigos de Mar del Plata (lo que me consta, porque hablé con ellos) aún no pueden creer que trabaje para un gobierno cuyas ideas denostaba/detestaba.

La cuestión es que Boudou –fanático de los Estados Unidos, de esquiar en Aspen, surfear en San Diego y del fútbol americano, pero no quiere que todo eso se sepa en el actual clima político, según propia confesión en Wikileaks- dijo: “Cristina sufrió ataques destituyentes, como lo de la valija de Antonini, el conflicto del campo y lo del vicepresidente, pero nos demostró que con convicción se puede llevar adelante un proyecto”.

Mientras tanto, eso sí, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría no aprobó la rendición de cuentas del kirchnerismo por su campaña presidencial de 2007.

En aquella campaña, además de Servini, el también juez federal Ariel Lijo investiga si hubo empresas que aportaron dinero para la campaña electoral que luego fueron beneficiadas en negocios realizados con el Estado; y su colega Norberto Oyarbide (el mismo que sobreseyó de manera más que polémica al matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito) ya planteó en dos fallos que se pudieron haber lavado fondos proveniente de delitos en la campaña. Entre otros, de la “mafia de los medicamentos”, en particular Global Pharmacy, Multipharma, Unifarma y Seacamp, de Sebastián Forza, asesinado en el “Triple Crimen” de General Rodríguez por sus nexos con el tráfico de efedrina.

A todo esto, además, la fiscal en lo Penal Económico, María Luz Rivas Diez, pidió una larga lista de nuevas medidas de prueba en la investigación sobre los casi US$ 800.000 decomisados en agosto de 2007. Porque Boudou dirá que Antonini es “destituyente”. Pero las sospechas de Tribunales se centran en el recaudador Uberti.

pd: las declaraciones de Boudou, acá; la decisión de la jueza Servini y las investigaciones de Oyarbide y Lijo, acá; las medidas de prueba pedidas por la fiscal Rivas Diez, acá.

¿Otro valijero?

En una larguíííííííísima resolución de 1309 carillas, el juez federal Norberto Oyarbide procesó la semana pasada a un puñado de ex funcionarios kirchneristas por haber defraudado al Estado y haber recibido coimas como parte del llamado “caso Skanska.

Oyarbide también procesó a quienes manejaban una verdadera usina de facturas truchas Adrián Félix López y Alfredo Greco, en tanto que llamó a indagatoria al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, para el 8 de marzo.

"Pichi" López (foto, derecha) apuntó por encima de Cameron cuando también fue indagado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart. Vinculó con la operatoria al ministro de Planificación Federal a Julio De Vido. Y declaró a la revista Noticias que armó la maniobra junto al contador Andrés Galera, a quien calificó como “valijero” del ministro.

¿Otro Guido Alejandro Antonini Wilson? ¿O Claudio Uberti? ¿Acaso López y Galera se repartieron los roles como durante aquella madrugada del 4 de agosto de 2007?

Según López, en la reunión que mantuvo con Galera también participó un estrecho colaborador de De Vido, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, Roberto Baratta.

Esa reunión habría ocurrido en 2005, en el Hotel Regal Pacific y Galera se presentó ante López como un enviado del ministro, al tiempo que pegoteó a otro funcionario más: "Yo sabía que era... un valijero y él decía venir en nombre de Planificación, en nombre de Julio de Vido. Creo que no es funcionario, creo que sí trabaja con López, el de Obras Públicas", en alusión a José Francisco López, el secretario de Obras Públicas.

Galera y Baratta figuran como imputados en el expediente, aunque Oyarbide no aludió a ellos en su resolución, ni mucho menos los llamó a indagatoria.

Uberti, Antonini Wilson, José María Olazagasti, Daniel Cameron, José Francisco López, Néstor Ulloa, Fulvio Madaro, Baratta, Galera… Dios los cría...

pd: el texto completo, acá y acá.

Aquella campaña - aportes malditos

Los US$ 800.000 de la ya ultra-maldita valija mantienen su poder radioactivo. No sólo afectaron para siempre a Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson –entre muchos otros-, sino que su ola expansiva continúa.

Ahora, la jueza federal María Servini de Cubría suspendió el trámite del expediente en el que analiza si fue irregular o no el financiamiento del Frente para la Victoria (FPV) durante la campaña electoral que llevó a la Casa Rosada a Cristina Fernández de Kirchner durante 2007.

La magistrada (foto) dejó congeladas las actuaciones hasta que se resuelvan las investigaciones penales abiertas vinculadas a los aportes electores que recibió su campaña, con lo que evitó aprobar –o rechazar- el informe final de gastos, pero a la vez cumplió con una orden que le impartió la Cámara Nacional Electoral.

La primera causa penal a la que supeditó Servini su decisión la instruye su colega, el juez federal Norberto Oyarbide, y se centra en el presunto lavado de dinero de la mafia de los medicamentos mediante aportes electorales.

La segunda causa, en manos del también colega de los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Ariel Lijo, se centra en verificar si empresas que aportaron a la campaña K fueron luego beneficiadas con negocios con el Estado.

Y esto, sin olvidar los asesinatos de Sebastián Forza y compañía, los detenidos, los aportantes "fantasma", entre otros puntos oscuros.

A 200 metros de Comodoro Py, mientras tanto, en los tribunales en lo Penal Económico, tramita el expediente alrededor de Antonini Wilson, Uberti, el intento de contrabando –o de lavado de dinero-, que mantiene intactas sus características de “mancha venenosa”.

Es una cuestión de tiempo. Y, claro está, de fortuna.

pd: más datos, acá.