El caso Ciccone por definirse

Si no hay sorpresas ni nuevas dilaciones, el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou comenzará a definirse a fines de noviembre o principios de diciembre. Será entonces cuando la Cámara Federal porteña definirá si revoca su procesamiento, anula todo o parte del caso Ciccone y aparta de la causa al juez federal Ariel Lijo.

Los tiempos de la Cámara responden a la dinámica misma del expediente, en el que Boudou y otros acusados, como su socio, José María Núñez Carmona; su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entre otros, apelaron sus procesamientos y presentaron nueve pedidos simultáneos de nulidad.

Ante ese cuadro, los integrantes de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah- ya celebraron todas las audiencias necesarias con los procesados, la última de ellas con el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Completado ese requisito previo, los camaristas podrían definir ahora si confirman, revocan o anulan los procesamientos que dispuso Lijo. Pero optaron por esperar para evaluarlos junto con las nulidades por razones de "economía procesal".

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Boudou vs Lijo (vía Scioli y Brito)

El vicepresidente Amado Boudou concentra sus esperanzas en la Cámara Federal. Quiere que aparte al juez federal Ariel Lijo del caso Ciccone. Y espera que revoque su procesamiento y anule un largo trecho de la causa. Y para lograrlo apuntó -pero sin jamás escribir sus nombres a lo largo de las 513 fojas con que fundamentó su apelación- al gobernador (y precandidado a presidente) Daniel Scioli y al banquero Jorge Brito.

La alusión directa a Scioli y a Brito sin siquiera nombrarlos parece una contradicción. Pero no lo es. Ambos quedaron expuestos en las copias escaneadas de dos artículos periodísticos que la defensa de Boudou incorporó a su largo escrito ante la Cámara. Uno es de LA NACION y el otro de Ámbito Financiero. Ambos aluden a la fiesta con la que Lijo celebró su segundo casamiento, con el gobernador bonaerense y con el dueño del Banco Macro como sus invitados de honor.

El objetivo real de Boudou es argumentar que Lijo muestra un interés "selectivo" por investigar el caso Ciccone de un modo que lo perjudica a él, pero sin ahondar en la ruta del dinero -en la que Brito, su hijo homónimo o el ex banquero Raúl Moneta, entre otros, podrían terminar implicados- ni hurgar en otras potenciales ramificaciones políticas. O que, incluso, es amigo del abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz. Por tanto, argumenta la defensa de Boudou, no es imparcial y debe ser apartado de la investigación.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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CFK, Lázaro y sus "vínculos comerciales"

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia del empresario Lázaro Báez, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió aclarar lo aclarado. Reiteró que no son socios "técnicamente", pero admitió, por primera vez, que ambos mantienen "vínculos comerciales".

"La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales", indicó Echegaray al dialogar con un programa de radio, frase que poco después quedó claro que no lanzó al azar. Casi con las mismas palabras, lo repitió en una segunda radio.

"En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial", buscó bajar el tono Echegaray, al ser consultado sobre los nexos financieros, hoteleros, comerciales y personales que unen a la Presidenta con el empresario patagónico desde hace años. "La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina", añadió.

El titular de la AFIP, que antes fue abogado de Gotti Hermanos -otra empresa de Báez, que acumuló facturas truchas por más de $ 400 millones- reafirmó, no obstante, la línea formal que separa a la jefa del Estado del ex empleado bancario. "Técnicamente no hay sociedad constituida", indicó Echegaray, lo que luego repitió con palabras casi idénticas: "Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios", reiteró.

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