El camarista y su caserón

El caserón blanco de dos plantas se levante justo frente a la quinta presidencial de Olivos. Nadie vive allí porque desde hace poco menos de un año se encuentra en remodelación. Es una coqueta zona residencial, pero esa propiedad de 1234 m2 no pasa inadvertida por sus dimensiones y por el muro de tres metros que la protege. ¿Su nuevo dueño? El camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa cuya copia obtuvo LA NACION.

Protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner, Freiler consignó que pagó $ 2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en US$ 1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.

"Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares", explicó Freiler ante la consulta de LA NACION.

El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.

pd: el resto de la nota publicada hoy junto a Iván Ruiz, acá.

FIFAgate: duro revés judicial para los Jinkis

Prófugos y buscados por la Interpol, los empresarios Hugo y Mariano Jinkis sufrieron un duro revés para sus planes de continuar en libertad mientras se discute en la Justicia argentina si se los extradita a Estados Unidos y por cuáles delitos, lo que podría consumir años y llegar hasta la Corte Suprema.

La Cámara Federal rechazó ayer los pedidos de eximición de prisión que presentaron sus abogados, mientras que ambos empresarios se mantienen en la clandestinidad desde hace más de dos semanas, cuando las autoridades estadounidenses los acusaron de participar en la trama de corrupción mundial conocida como "FIFAgate".

Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah concluyeron que de concederles la eximición, los dueños de la firma Full Play, padre e hijo, podrían entorpecer la investigación local o, incluso, preparar lo necesario para huir de manera definitiva.

El tercer camarista, en tanto, Martín Irurzun, votó en disidencia, al considerar que podían admitirse sus pedidos y aplicarles una caución real y ciertas medidas adicionales de seguridad que garantizaran que se mantendrían a disposición de la Justicia local.

Uno de los abogados de los Jinkis, Francisco Castex, había solicitado ese beneficio al sostener que así lo habilitaba la legislación local. "Se trata de delitos que pueden ser excarcelables para la ley argentina y cometidos entre privados", argumentó ante los camaristas la semana pasada.

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Boudou, procesamiento confirmado

Menos de 24 horas después de concluida la Marcha del Silencio y mientras la presidenta Cristina Kirchner celebraba su cumpleaños en Chapadmalal, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de su número dos, Amado Boudou, en el caso Ciccone. 

En un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou, que ayer mismo afrontó nuevos pedidos de juicio político, se quedó con el 70% de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.

La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.

El fallo resultó un revés completo para Boudou, luego de que su abogado Diego Pirota renunciara días atrás a su defensa. La Cámara no sólo consideró probada "claramente" su relación con Vandenbroele, sino que también validó las múltiples reuniones que el entonces ministro de Economía mantuvo con los Ciccone en los estudios del canal Telefé, el bar I Fresh Market y el hotel Hilton de Puerto Madero.

En una resolución de 81 carillas, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah también decidieron que continúen procesados el empresario dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de gabinete del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

El jefe de la AFIP quedó, a su vez, un paso más cerca de su llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. Así lo reclamó uno de los camaristas, Farah, que también pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.

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Ministerio de Justicia, de ambos lados del mostrador

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el "caso Ciccone", según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio liderado por Julio Alak (foto) como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

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El caso Ciccone por definirse

Si no hay sorpresas ni nuevas dilaciones, el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou comenzará a definirse a fines de noviembre o principios de diciembre. Será entonces cuando la Cámara Federal porteña definirá si revoca su procesamiento, anula todo o parte del caso Ciccone y aparta de la causa al juez federal Ariel Lijo.

Los tiempos de la Cámara responden a la dinámica misma del expediente, en el que Boudou y otros acusados, como su socio, José María Núñez Carmona; su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entre otros, apelaron sus procesamientos y presentaron nueve pedidos simultáneos de nulidad.

Ante ese cuadro, los integrantes de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah- ya celebraron todas las audiencias necesarias con los procesados, la última de ellas con el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Completado ese requisito previo, los camaristas podrían definir ahora si confirman, revocan o anulan los procesamientos que dispuso Lijo. Pero optaron por esperar para evaluarlos junto con las nulidades por razones de "economía procesal".

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Gao Ping - la mafia chino-israelí-española

“Fue un encuentro discreto. El empresario Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre, el que dio nombre a Puerto Banús, el famoso puerto deportivo de Marbella, acudió con su lujoso coche deportivo Bentley Continental al hotel Mirasierra Suites de Madrid el pasado 8 de marzo. La cita era con una señora de mediana edad que le esperaba en el hall. Tras saludarse afectuosamente, Banús y su acompañante se dirigieron a una zona reservada del hotel, según los policías que les observaban en ese momento. Estuvieron allí un escaso cuarto de hora. Después salieron y se despidieron. Cada uno se fue por su lado”.

Así comienza la estupenda crónica de El País sobre la mayor red de blanqueo desarticulada en España durante los últimos años: la mafia china que dirigía Gao Ping, un empresario/banquero/todoterreno que, como muestra la foto de abajo, estaba bien conectado. Y la mujer con la que se reunió don Banús Ferré fue Malka Mamam, la principal cabecilla del grupo de israelíes radicados en España que colaboró con la matufia para sacar millones de euros rumbo a China.

Sigue la crónica: “Como Banús, varias decenas de empresarios españoles, entre ellos algunos muy conocidos por pertenecer a la nobleza o ser asiduos de la prensa del corazón, acudieron a Malka —directamente o a través de intermediarios— para traer a España dinero cash procedente de cuentas en el exterior, eludiendo así los controles de Hacienda, según la policía. El sistema, que según fuentes jurídicas constituiría en algunos casos un delito fiscal, no solo beneficiaba a los receptores de los maletines y bolsas. También a la red de Gao Ping, que conseguía blanquear grandes cantidades deshaciéndose en estos intercambios del efectivo que generaban sus supuestas actividades de contrabando y falsificación de mercancías para vender al por mayor a los miles de bazares chinos dispersados por todo el país”.

Comentario I: qué despelote se armaría acá si la Policía y la Justicia emprendiera una investigación de este tipo. Y no es que las oportunidades escaseen. Más bien, todo lo contrario. Pero como demostró la pesquisa por la cueva del BNP Paribas, en cuanto llegaron al primer eslabón sensible, tooooodoooos los que debían investigar empezaron a arrugar de manera ostensible ante una papa caliente.

Comentario II: y hablando de Justicia y poder, hoy saldría el fallo de la Cámara Federal sobre el caso Ciccone/Boudou (las opciones ya las comenté acá).

pd: el resto de la crónica sobre Gao, Malka y el Who is Who del blanqueo español, acá.

Guía práctica para detectar piratas

Varón, gerente de finanzas o contabilidad, de entre 36 y 45 años, y estudios universitarios. Con alguna manía o psicopatología (pero no tan grave como para que sea inimputable) y, para peor, suele actuar con un cómplice, ya sea dentro o fuera de la compañía. Ése es el perfil aproximado de quien suele saquear las arcas de la empresa para la cual trabaja o, incluso, de la que es dueño (y quiere vaciarla). ¿Y el de un funcionario corrupto? Ésa es otra historia, a la que también apunta Raúl Saccani.

"Digamos que el político corrupto no es propiamente un ladrón, en el sentido clásico", dice. "No se suele exponer; extorsiona. Es el rey de la metáfora: nunca menciona cantidades, sólo insinúa. Nunca es directo, seguro de que el interlocutor sabrá leer entrelíneas."

Contador y administrador de empresas, 10 años en el área de investigaciones de delitos económicos complejos de la Policía Federal y otro par de años en Londres, Saccani [foto, abajo] trabaja desde 2006 en el área de "contabilidad forense" de la consultora KPMG. Y ese adjetivo calificativo es la clave que define su trabajo. 

Al igual que el médico que ofrece su experticia a la justicia para dictaminar sobre un cadáver, la "contabilidad forense" se encarga de detectar indicios y desenterrar evidencias de fraudes corporativos o actos de corrupción entre privados o con funcionarios de los libros contables, los balances y las facturas de, por ejemplo, una compañía. Sea una multinacional gigantesca, como ocurrió con Skanska, o una pequeña firma local.

A veces, esos indicios se convierten en "luces rojas" que hay que saber interpretar. "El 20% de las veces que se detecta un fraude corporativo, el patrimonio y/o el nivel de gastos [del sospechado] no va acorde con sus ingresos. En el 15% de los casos, se queda en su oficina en horarios no habituales. Y en otro 15%, expresa sentimientos de revancha o quejas contra su organización", señala sobre la base de los análisis de KPMG de los últimos años.

-Entre esas "luces rojas", también aparece que en el 10% de los casos, el pirata no se tomaba sus vacaciones. ¿Por qué? ¿Porque aprovecha que el resto se va para tapar sus delitos o cometer nuevos?

-[Sonríe] ¡No! ¡Si vos te tomás vacaciones, alguien tiene que hacer tu trabajo y ahí es cuando puede detectarse el fraude! ¡Por eso es que se recomienda como práctica preventiva que todos se tomen sus vacaciones de manera obligatoria cuando deben tomárselas y, además, que se fomente la rotación en los puestos de trabajo!

pd: el resto del reportaje publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Se viene Racing

Desde hace semanas se espera que la sala I de la Cámara Federal porteña defina si declara nulo un tramo de la investigación del "caso Ciccone" que protagoniza el vicepresidente Amado Boudou. Que sería hoy, que sería mañana, que debió ser hace un par de semanas, que quizá entre las Fiestas, cual regalo de Navidad, o acaso como el juez Norberto Oyarbide con el sobreseimiento que dictó para el matrimonio presidencial Kirchner, que cuajó el día de los Santos Inocentes. Que la inocencia les valga.

En cualquier caso, da igual la fecha. Lo relevante es qué decidirán: ¿nulifican o no? ¿con qué alcance? Porque los escenarios básicos son sencillos:

1. Confirma todo lo actuado (escenario poco probable).

2. Nulifica todo lo actuado (escenario poco -pero algo más- probable).

3. Nulifica un tramo de la investigación (testimonio de Laura Muñoz, la aún esposa -aunque separada de hecho desde 2010- de Alejandro Vandenbroele). Escenario más probable.

En el caso 1), Boudou está en problemas. En el caso 2) Boudou está de fiesta. En el caso 3), el abogado de Boudou y el fiscal Jorge Di Lello deberán discutir (y el juez Ariel Lijo decidir) hasta dónde llegará esa nulidad parcial, es decir, hasta dónde la caída de una pieza derrumba otras piezas, cual efecto dominó.

Y en eso estamos. A la espera de lo que definan los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Integrantes de lo que dentro de Comodoro Py se ganó (años atrás) el apodo de "sala Racing". ¿Por qué? Porque como la otra sala, integrada por Horacio Cattani y Martín Irurzún, era considerada más independiente del poder político, por contraposición futbolística...

¿Qué hace falta?

Y sí, el 54% de Cristina Fernández de Kirchner pega. Y asusta mucho. En especial en Comodoro Py, donde muchos (aunque no todos) fiscales, jueces y camaristas son grandes tiempistas. Acaso eso explique la última noticia salida de la Cámara Federal.

Ayer, los camaristas de la Sala I (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah) revocaron las procesamientos en la “causa Skanska” contra tres mosqueteros del ministro Julio de Vido: el secretario de Energía Daniel Cameron, el ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Más aún. Y peor aún. Anunciaron la "inexistencia de delito".

O sea, acá no pasó nada.

Los tres mosqueteros. Madaro, Ulloa y Camerón.

La investigación comenzó en 2005 por un supuesto pago de sobreprecios para la ampliación de gasoductos que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte mediante un fideicomiso bajo el control del Enargas.

Ya en julio, De Vido, había reclamado el cierre de la causa y el sobreseimiento de los funcionarios, tras conocerse el resultado de un peritaje de expertos de la Universidad de Buenos Aires.

Pero el principio del fin comenzó mucho antes, cuando le sacaron la pesquisa al juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien luego saboteó la causa del mejor modo: simulando que avanzaba y hasta procesando a los funcionarios, pero de tal modo que la Cámara le enrostró “insalvables contradicciones”.

La pregunta de fondo, mientras tanto, es bastante simplona: ¿Qué hace falta para que la Justicia dicte una condena contra el poder?

Si no alcanza con que las armas se hayan contrabandeado para una condena en el “caso Armas”, si tampoco sirven las confesiones de los protagonistas –como en IBM-Banco Nación–, ni tampoco que hasta la empresa coimera así lo reconozca –Siemens, ¿les suena?, y en este mismo caso, la sueca Skanska, que reconoció el pago de "comisiones ilegales" por escrito (¡y hasta pagó luego impuestos a la AFIP!)–, la duda es patética.

¿Qué se necesita para que condenen?

Quizá la respuesta sea, como me comentó un juez hace un par de semanas, mientras que yo conversaba con un segundo juez en un pasillo, mientras esperaba que me atendiera un tercer juez: “Llegaste temprano, Hugo”. Miró su reloj y añadió: “Dos años temprano”.

pd1: más datos, acá, acá y acá.

pd2: y a la luz de estos últimos acontecimientos, releo mi post anterior y... qué mal que te veo, Mario Pontaquarto...

Kleinhempel, dentro del corralito judicial

El ex CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, continuará imputado en la investigación sobre el supuesto pago de sobornos para adjudicarse y mantener el llamado “Proyecto DNI”.

Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, tras rechazar el planteo del ejecutivo alemán, cuya defensa había presentado una certificación de la Justicia germana donde se lo desvinculaba de la pesquisa que se lleva adelante en ese país por eventuales perjuicios patrimoniales causados a la multinacional.

Los integrantes de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmaron de ese modo la decisión del juez federal, Ariel Lijo, quien había denegado la petición y lo mantuvo dentro del corralito judicial tras concluir que "la prueba documental" presentada "no es idónea para acreditar el extremo que se pretende".

Lijo argumentó que "la investigación llevada a cabo por la Justicia alemana no agotó el tratamiento jurídico penal del comportamiento imputado al ex ejecutivo de Siemens SA, la que habría comprendido sólo las implicancias que éste tuvo en el extranjero", en tanto que aún queda "pendiente de juzgamiento los efectos de la acción de Kleinhmpel en nuestro país".

Kleinhempel, quien se retiró años atrás de Siemens y es uno de los protagonistas (aunque secundario) de mi libro "Las coimas del gigante alemán", dirige el Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School de la Universidad Austral (ver, acá).

Carlos Sergi vale $12 millones

Carlos Sergi, el intermediario que lo sabe todo sobre el lado oscuro del “Proyecto DNI”, vale 12 millones de pesos.

Eso, al menos, es lo que estimó el juez federal Ariel Lijo [foto], quien fijó en ese monto la libertad bajo fianza del ex director de Siemens y lobbista decisivo de la Argentina paralela de los últimos 35 años.

Sergi, que a los 78 años ya se había beneficiado con el arresto domiciliario, obtuvo antes un fallo favorable de la Sala II de la Cámara Federal, que ordenó su libertad, pero también le indicó a Lijo que fijara el monto de la fianza.

Según sus abogados (y me cuentan también múltiples fuentes que lo conocen y que aportaron a “Las coimas del gigante alemán”), el lobbista no está en condiciones mentales de afrontar un juicio. Es decir, que sería inimputable, pero eso deberán certificarlo los peritos médicos.

En cuanto a la fianza… sí, puede afrontar ese monto (y más también) sin mayores dificultades.

pd: más datos sobre Sergi, en el libro; y sobre la fianza, acá.

Sergi, libre bajo fianza

Carlos Raúl Sergi, el hombre clave para comprender toda la operatoria paralela del Proyecto DNI, recuperará su libertad plena. Así lo dispuso la Cámara Federal, que ordenó su excarcelación tras estimar que no hay indicios para sospechar que no se someterá a la investigación.

El juez federal Ariel Lijo había ordenado su detención el 10 de mayo, luego de que el otrora poderoso (y silencioso) lobbista rosario faltó siete veces a su indagatoria. Pero, en rigor, jamás pasó un minuto en una cárcel. Por su edad (78 años) se acogió al beneficio del arresto domiciliario, que cumplió en su piso de las torres Le Parc.

El abogado defensor de Sergi, Carlos Daray, reclamó la semana pasada “el cese de la detención” de su cliente [foto, aunque hoy está muy desmejorado], que padecería graves problemas de salud que lo tornarían inimputable. Pero Lijo rechazó su pedido por lo que calificó como la “actitud reiteradamente esquiva” del lobbista, tendiente a obstaculizar la investigación.

Ayer, sin embargo, la sala II de la Cámara Federal -Martín Irurzun y Eduardo Farah-, revocó la denegatoria de la excarcelación de Sergi, al que ordenó liberar bajo fianza. “La situación, básicamente apoyada en la posibilidad de obstrucción del proceso, no es insuperable en el caso”, concluyó.

Ya otra vez en plena libertad, la duda ahora pasa por su capacidad mental. Es decir, si los médicos determinan que puede someterse o no a un proceso penal y, entre otras posibilidad, si recuerda todo lo que vivió. Y otra discusión sería si además de recordarlo, desea contarlo (y en ese caso, qué despelote se armaría…).