La séptima víctima del Caso Ciccone

Un ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

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IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

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Capdevila - supuestas amenazas; eventual testimonio

Sentados en el café Martínez de Avenida del Libertador y Oro, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila le contó a un fiscal sobre las amenazas que, dijo, habían sufrido él y varios familiares. Le informó que se iba del país. El fiscal le retrucó que se presentara ese mismo día en los tribunales de Comodoro Py, adelantara su testimonial y luego se marchara. Despuntaba la mañana del lunes pasado, 19 de mayo, y la respuesta de Capdevila no dio margen: "Me voy en una hora".

Junto con las valijas, en el Buquebus en el que viajó a Uruguay, Capdevila se llevó múltiples interrogantes. El primero: ¿qué más podía aportar a la causa? Él cree que quedan muchos temas por responder y parece dispuesto a hacerlo. Sostiene que en marzo de 2012 no le preguntaron todo lo necesario y que "ahora la situación es muy distinta", una definición que podría intranquilizar al Gobierno, pero en particular al vicepresidente Amado Boudou, quien podría ser el principal afectado con una nueva declaración suya.

"Si ahora el juez tiene otras preguntas o considera que mi testimonial es incompleta dados los nuevos elementos que se acumularon en el expediente desde 2012, yo podría explayarme sin tampoco moverme un centímetro de mi anterior declaración", dijo a LA NACION por Skype. Acaso, también, pase por su énfasis para afirmar ciertos datos, ahora que ya no trabaja en el Palacio de Hacienda. O para exponer que cuando estalló el escándalo les pidieron buscar antecedentes similares a la nota que firmó Boudou a favor de la nueva Ciccone. "No encontramos. No hay", remarcó. Según la defensa de Boudou, no podría aportar nada nuevo sin contradecirse con su testimonial del 19 de marzo de 2012.

Capdevila afirma ahora que piensa declarar. Pero para cuando se encontró el lunes con un fiscal, ya llevaba un día con su decisión tomada de irse. La adoptó el domingo 18, luego de que un auto, según su versión, intentara encerrarlo en una rotonda. Y ya barajaba esa opción desde hacía más de 10 días. A tal punto de que el viernes 16 se reunió con diplomáticos de una poderosa embajada del hemisferio norte con quienes evaluó las opciones, según reconstruyó LA NACION. La sensación que dejó era de un hombre "con demasiada ansiedad".

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"¿Quién garantiza realmente mi protección?"

-¿Por qué querría alguien amenazarlo si, de acuerdo con la defensa de Boudou, usted declaró a favor del entonces ministro?

-¿Por qué dice que "a favor?

-Porque en su primera declaración judicial en el caso Ciccone, de marzo de 2012, usted declaró que "ningún ministro contestaría que se cierre una empresa" y que la nota que firmó Boudou "estaba dentro de las facultades del ministro"?

-Quizá me amenazan porque ahora la situación es muy distinta.

-¿Qué quiere decir?

-Ahora hay otro juez [Ariel Lijo en vez de Daniel Rafecas] y yo no estoy más en el Ministerio de Economía. Pasaron muchas cosas en el medio y quizá no quieran que responda más preguntas.

El testigo del "caso Ciccone" José Guillermo Capdevila no quiere decir dónde se encuentra. ¿Uruguay? Silencio como respuesta. Tampoco quiere decir con qué embajadas abrió juego antes de marcharse de Buenos Aires. Pero abrió juego. Y deja claro algo: no descarta pedir asilo político en otro país, lo cual sería un cimbronazo mayúsculo para la Casa Rosada. "No quiero dar detalles para no afectar un eventual pedido mío", explica.

Cansado, acaso agobiado, Capdevila dice que nunca se imaginó vivir una situación así. Ni siquiera cuando sobrellevó aprietes de acólitos de Alfredo Yabrán. "La diferencia con lo de ahora es abismal", sostiene. Entre otros motivos, porque mientras el superministro Domingo Cavallo salió a bancarlo, ahora domina el silencio. "Si la defensa de Boudou dice que yo declaré a su favor, ¿por qué no me llamó él para solidarizarse con lo que estoy pasando?"

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Caso Ciccone - el testigo que no (y se) fue

Acorralado por las amenazas que denunció haber padecido en las últimas semanas, un ex funcionario del Ministerio de Economía, testigo crucial en el caso Ciccone, dejó la Argentina por considerar que su vida corría peligro.

Es José Guillermo Capdevila, ex director general de Asuntos Jurídicos del Palacio de Hacienda, cuya declaración en la causa de la imprenta podría complicar el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou. 

Desde el exterior envió un comunicado, con el título "Carta a la opinión pública", en el que denuncia amenazas que recibieron él y algunos familiares. Según su relato, dos personas lo interceptaron en la calle y le advirtieron: "Mida sus palabras, doctor", para intimidarlo antes de que declarara en la Justicia.

Rápidamente el abogado de Boudou, Diego Pirota, despegó a su cliente del episodio. "Acá hay dos hipótesis. O lo está amenazando alguien que quiere perjudicar al vicepresidente, o lo que dice [Capdevila] es falso y esto es una mentira".

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ALERTA - Caso Ciccone - testigo se fue del país

Un ex funcionario del Ministerio de Economía cuyo testimonio en el “caso Ciccone” podría resultar clave para el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou se fue ayer de la Argentina, acorralado por las amenazas que declaró padecer durante las últimas semanas.

Se trata del ex director general de Asuntos Jurídicos del Palacio de Hacienda, José Guillermo Capdevila, quien a través de un comunicado público confirmó las amenazas que padecieron él y algunos familiares y que LA NACIÓN reveló diez días atrás.

“Temo por mi vida y nadie de los que tienen la responsabilidad institucional y moral fueron capaces de cuidarme”, indicó. “Supongo que cuando las condiciones de seguridad estén dadas podré venir, volver a mi país a declarar como testigo y podré seguir desde el lugar que me toque tratando de hacer lo mejor por nuestra Argentina”.

Horas después de marcharse del país, un allegado a Capdevila presentó dos escritos judiciales en la misma línea. Uno en el “caso Ciccone”, que instruye el juez federal Ariel Lijo; el segundo, en la causa por amenazas contra el ex funcionario de Economía que se inició tras la publicación de LA NACIÓN y quedó en manos del juez Sebastián Casanello.

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Ciccone - cuarto testigo amenazado

La frase del apriete difiere un poco, según la cuente un amigo u otro. Uno la recuerda así: "Tenga cuidado con lo va a decir, doctor". El segundo, más breve: "Mida sus palabras, doctor". Pero ambos coincidieron, por separado, en el mismo cuadro y mensaje final: el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, fue abordado por dos hombres en la calle, uno mucho más alto que el otro, que lo amenazaron días antes de la fecha prevista para que declarara en la "causa Ciccone".

Capdevila se convirtió así en la cuarta persona que padeció amenazas en relación al expediente judicial en el que se investiga la relación entre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta bajo el mando de Alejandro Paul Vandenbroele recibió un contrato para imprimir decenas de millones de billetes de 100 pesos.

LA NACION intentó contactar a Capdevila, pero por medio de un tercer amigo declinó confirmar si, en efecto, había sido amenazado en los días previos al jueves pasado, la fecha prevista para que testificara, por segunda vez, ante el juez federal Ariel Lijo.

Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, Capdevila se presentó ante un escribano público y le relató su versión de lo ocurrido, aunque no reconoció a quienes lo intimidaron. En ese testimonio aportó constancias de lo que vivió -y de lo que sabe- y le permitió fijar una fecha cierta de cuándo lo amedrentaron.

El apriete, sin embargo, incluiría un segundo incidente con un automóvil sin patente, que se dedicó a seguir a un familiar de Capdevila durante varios kilómetros, a través de un trayecto que incluyó múltiples curvas y contramarchas.

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Caso Ciccone - dos premiados (y un castigado)

El tiempo todo lo acomoda. Al menos, en el “caso Ciccone”. Dos funcionarios sospechados de haber actuado a favor del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou fueron premiados con nuevos cargos y sueldos más altos, mientras que un tercero, que había objetado su intervención como ministro de Economía a favor de la imprenta, debió presentar su renuncia, según surge de documentos públicos y fuentes oficiales.

El beneficiario más reciente es Rafael Resnick Brenner [foto], que como jefe del gabinete de asesores del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, resultó decisivo para que el organismo le concediera los planes excepcionales de pago a la "nueva" Ciccone. Cuando estalló el escándalo, su jefe lo desplazó y bajó su perfil, pero lo mantuvo dentro de la AFIP con salario, coche y chofer incluidos. Y ahora que pareció menguar el escándalo, lo reactivó y colocó al frente de la delegación regional en Salta, con un sueldo neto que puede ascender a los $ 75.000 por mes.

El primer beneficiario se registró meses antes. Es Marcelo Mamberti, quien lideró la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando ocurrió el extravío o robo en ese organismo de tres legajos vinculados al "caso Ciccone". Cuando debió renunciar a la IGJ, el propio Boudou lo designó como asesor en el Senado, en la categoría más alta posible, según consta en la copia del nombramiento.

El funcionario despedido, en tanto, es el ahora ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, quien alertó por escrito a su superior, Boudou, que no podía ni debía opinar sobre el pedido de moratoria presentado por la "nueva" Ciccone porque carecía de facultades para intervenir y porque la información recopilada por la AFIP en el expediente administrativo era, cuanto menos, incompleta. Aún así, Boudou firmó una nota favorable.

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Después no digas que no te avisé

Fechado el lunes 8 de noviembre de 2010, el dictamen del director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, fue contundente. Tanto al oponerse a que el ministro Amado Boudou opinara sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone Calcográfica como al consignar que los datos con los que avanzaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eran, cuando menos, escasos e insuficientes.

Capdevila detalló, entre otros faltantes, que en el expediente de la AFIP no constaba el dictamen del área jurídica del propio organismo recaudador, el testimonio o una copia certificada de la sentencia que verificara sus créditos en el expediente judicial de la quiebra, o siquiera "un informe sobre el estado de la causa". Por lo tanto, estimó, "la opinión a verter se encuentra limitada".

A lo largo de los siguientes doce párrafos del dictamen DGAJ 222.012, Capdevila expuso además la incompetencia de Boudou para opinar sobre Ciccone y las facultades propias con las que contaba Echegaray para decidir por sí solo.

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