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lunes, 3 de noviembre de 2014

"Aimè" y "el Negro", dos viejos rivales

Se conocen desde hace 30 años y se recelan desde entonces. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acumulan chicanas, zancadillas y acusaciones cruzadas por negocios indebidos, según reconstruyó LA NACION de allegados a ambos funcionarios durante meses.

Ambos militaban en Mar del Plata, dentro de la UPAU, pero con perfiles muy distintos. "El Negro" descollaba en la Facultad de Derecho por sus frases incendiarias. Y "Aimé" dividía su tiempo entre la Facultad de Ciencias Económicas y su pasión por pasar música en boliches.


Echegaray se recibió de abogado y enfiló hacia Punta Alta, donde debió sobrellevar su primera tormenta por el llamado Grupo Los Cóndores. El cabecilla, Roberto Nicolás Lucero, se fugó con los ahorros y tiempo después la Justicia lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión. Y Echegaray enfiló luego hacia el Sur, donde pronto se contactó con Rudy Ulloa y ejerció como abogado de Gotti Hermanos, la firma que luego adquirió Lázaro Báez y que terminó siendo investigada por la AFIP por facturación falsa por más de $ 400 millones.

Boudou, mientras tanto, sobrellevó sus propios contratiempos en Mar del Plata, donde además de trabajar como disc-jockey asumió como gerente y luego gerente general de la empresa monopólica de recolección de basura de la ciudad, Venturino, que terminó por quebrar. Pero ya recibido, él siguió su camino entre el Municipio de la Costa -donde afrontó sus primeros traspiés con la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense-, y la Anses.

El punto de inflexión -y de reencuentro- para ambos llegó con el kirchnerismo, al que ninguno de los dos adscribía.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.

martes, 21 de octubre de 2014

CFK y Lázaro, ¿son o no socios?

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".

Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.


El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.

Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.

El pretendido despegue de la Presidenta de la suerte de Báez contrasta, sin embargo, con la larga lista de emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, financieros y comerciales que los unen desde hace más de una década.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

domingo, 21 de abril de 2013

Lázaro, con el caballo del comisario en la AFIP

A la hora de pelear por sus impuestos, el empresario kirchnerista Lázaro Báez corre con el caballo del comisario. Su abogada constituyó su domicilio legal para litigar contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

La insólita situación tiene como protagonistas a la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, y al titular de la DGI, Angel Toninelli. Pero hay más: la letrada difunde como teléfono de su estudio jurídico una línea que aún figura, en algunas guías telefónicas, a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.


Al tanto de los rumores que dentro de la AFIP lo vinculaban a Báez y otros empresarios patagónicos, Toninelli los calificó de "disparate" al asumir al frente de la DGI, en agosto de 2008. "No tengo ningún tipo de relación con las empresas, no los conozco", añadió ante la consulta de la prensa.

Martínez Naifleisch fijó, sin embargo, su domicilio legal en las oficinas comerciales de Toninelli en un asunto por demás sensible para la AFIP. Fue en el expediente administrativo en el que Báez detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras, según reveló LA NACION este jueves.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

lunes, 17 de septiembre de 2012

Invernes - el recuadro fallido

Por estrictas razones de espacio (la nota central iba a saltar de tapa y al final quedó adentro), este recuadro no se publicó en el diario LA NACION. Iba a acompañar al artículo sobre el doble triunfo que cosechó Lázaro Báez en el Tribunal Fiscal y en la Justicia en lo Penal Económico (ver acá). Un doble triunfo ligado a las empresas constructoras Gotti Hermanos y Badial, ambas a la vez con notables, fluidos y permanentes vínculos con la firma Invernes SA. 

De ahí, pues el siguiente (y fallido) recuadro:

Conocida en la Patagonia como “Inversiones Néstor”, por el ex presidente Néstor Kirchner, Invernes SA debe su nombre a un financista de extremo bajo perfil, Ernesto Clarens, de profusos vínculos con el núcleo del kirchnerismo empresarial.

En los registros societarios, sin embargo, Clarens apenas aparece como un empleado en relación de dependencia en Invernes, aunque los libros de la sociedad muestran como directores a Carlos Calvo López –el portador de los millones en efectivo traídos desde Uruguay según el testimonio ante la AFIP del propio Lázaro Báez–, y a Guido Santiago Blondeau, que también figura en Austral Construcciones junto a Báez.


A través de Austral Construcciones, Báez se asoció con Kirchner para construir 10 departamentos en Río Gallegos. El ex presidente se quedó con cinco unidades por un valor total de 325.000 pesos. Según su declaración jurada de 2007, embolsó cerca de $ 200.000 en un año en alquileres. (Y eso, sin nombrar el mausoleo que Lázaro construyó tras la muerte de Kirchner).

Bajo presión política, cuentan dentro de la AFIP, los inspectores debieron volver sobre sus pasos en el expediente Badial cuando se fue el entonces titular del organismo recaudador, Alberto Abad. De hecho, la resolución que dejó sin efecto la “determinación de oficio” perjudicial para Báez se fechó en marzo de 2008, cuando Abad renunció a la AFIP tras un cruce con el entonces jefe de la Aduana, Ricardo Echegaray.

Báez también movió sus fichas. Cambió el domicilio fiscal de sus empresas. Las sacó de la Patagonia y las radicó en Buenos Aires. Y así quedaron bajo la órbita de la Regional Sur Metropolitana que dirige Andrés Vázquez, el mismo que lideró un operativo con más de 200 inspectores contra el Grupo Clarín y que en tiempos de Abad cosechó un sumario por su vinculación con el Casino Flotante de Puerto Madero.

Investigado por la Justicia y por la unidad antilavado (UIF) por mantener una cuenta en el exterior por más de 500.000 dólares sin declarar ante la propia AFIP, Vázquez continúa sin embargo al frente de esa regional gracias a sus contactos con el área del inteligencia del Gobierno.

Por su parte, y al igual que en los casos de Badial, Austral Construcciones y Gotti, Báez también sorteó otro escollo judicial con la constructora Palma SA, en la que su mano derecha, Fernando Butti, llegó a ser citado a indagatoria a fines de 2009 por la presunta evasión de más de $ 6 millones. En esa firma, también figuraban su hermana, Irene Beatriz Báez, y su cuñado, Diego Palleros, el hijo del intermediario de la venta de armas a Croacia y Ecuador por la que el ex presidente Carlos Menem llegó a quedar detenido.

sábado, 15 de septiembre de 2012

El Antonini de Lázaro Báez

Justo antes de la feria judicial de invierno, el empresario patagónico Lázaro Báez cosechó dos silenciosas buenas noticias. La Justicia debió cerrar una causa penal que lo tuvo contra las cuerdas por la presunta evasión de más de $ 400 millones. Y el Tribunal Fiscal, con nuevos miembros, revocó la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que lo dejaba al borde de otra causa penal por presunto lavado de activos.

El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, debió suspender la tramitación de una investigación contra una de las firmas vinculadas a Báez, Gotti Hermanos, ya que la constructora se acogió a la ley 26.476 de moratoria y blanqueo por al menos $ 75 millones, una cifra que, sin embargo, quedó muy por debajo de los $ 400 millones que habían estimado los inspectores de la AFIP antes de que los removieran junto con sus superiores.


El otrora socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también cosechó una buena noticia desde el Tribunal Fiscal para otra constructora: Badial SA. Por dos votos contra uno, logró que la sala A revocara las conclusiones de los inspectores de la AFIP, que le enrostraron una evasión, lo que conllevaría la apertura de otra causa penal, con presuntas maniobras de lavado de activos.

Ante la AFIP, Báez había detallado cómo un directivo de la sociedad uruguaya Reloway Company SA, Carlos Calvo López, solía viajar en avión o por Buquebus a la Argentina con fortunas en efectivo -por encima de los montos permitidos por la AFIP-, que luego transportaba hasta Río Gallegos, donde se depositaban en la cuenta de la constructora en los bancos Patagonia o de Santa Cruz, o se lo daba a Báez en mano.

La línea de la AFIP procuró entonces ubicar al imitador de Guido Alejandro Antonini Wilson, pero resultó inhallable. Al final, sólo se logró verificar que Calvo era director de la firma Invernes SA.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

jueves, 2 de febrero de 2012

Echegaray, fuera de control

Este no es un libro pasatista. Playero. De esos que usted disfrutará mientras juega con sus pies en la arena frente al mar o entre las sierras. No. Ni su protagonista es un personaje de digestión ligera. Tampoco. Por el contrario, Ricardo Echegaray integra la élite de oscuros funcionarios que sobrelleva la Argentina y en la que antes descollaron Ricardo Jaime, María Julia Alsogaray Alberto Flamarique o Carlos Alderete.

Cínico, arbitrario y soberbio son los calificativos más suaves que le dedican sus empleados, actuales y pasados, como así también quienes debieron lidiar con él desde hace más de 30 años, como sus subordinados en el Liceo Naval, sus compañeros universitarios en Mar del Plata o sus colegas en la administración pública.

¿Cómo podrían olvidar sus palabras, por ejemplo, quienes lo escucharon defender al dictador Jorge Rafael Videla? Lejos de indultarlo, llegó a decir por televisión, deberían condecorarlo. Más aún, debió impulsar una “solución final”, como Augusto Pinochet en Chile.

¿Cómo podrían olvidarlo los afectados su rol en la estafa del “Grupo Los Cóndores”, en su Punta Alta natal? Aquella banda que les cobró dólares a cientos de plomeros, carpinteros y operarios de la base naval Puerto Belgrano para en teoría enviarlos a la reconstrucción de Kuwait tras la guerra del Golfo, pero que terminó con el jefe de la banda prófugo y luego condenado.

Eso y mucho más y peor saca a la luz el periodista Matías Longoni en su libro “Fuera de control” (Editorial Planeta, 337 páginas).


Sólido, preciso, contundente, pero a la vez de ágil lectura, el libro debe leerse, sin embargo, en dosis homeopáticas. Si no, puede amargarle su verano, aunque le movilizará sus entrañas como pocas investigaciones –y esta es una de las mejores de los últimos tiempos–, al desnudar las dobleces del protagonista.

Longoni sigue las huellas de Echegaray más allá de su versión kirchnerista en la Aduana, en la Oncca –que desguazó hasta que resultó inevitable su disolución– o en su destino actual, la AFIP. Por eso destapa, por ejemplo, sus tropiezos como abogado con peritajes caligráficos truchos o, peor aún, mal copiados de otros expedientes.

De algún modo u otro, Echegaray logró filtrarse o participar de lleno en muchos de los peores escándalos de los últimos años. Desde Southern Winds y las evasiones de la pesquera Conarpesa o la constructora Gotti –para la que trabajó como abogado y ahora debería fiscalizar–, hasta el escándalo de la valija con US$ 800.000 de Claudio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson, la compra de terrenos fiscales en El Calafate, los subsidios truchos de la Oncca o el allanamiento al Grupo Clarín.

Aquí vale destacar una aclaración. Tras formarse en la agencia estatal Télam, Longoni trabaja para Clarín desde 1998. Pero eso no opaca su visión al encarar este libro, lo que queda claro cuando, por ejemplo, critica con dureza al director del suplemento Rural de ese diario por un artículo suyo sobre un ex titular de la Oncca.

Para Echegaray, sin embargo, las denuncias penales y las investigaciones periodísticas que acumula son parte de una “campaña de desprestigio” montada en su contra. O contra el Gobierno, de cuyo relato “nacional y popular” se encontraba en las antípodas durante los años 80 y 90, cuando se declaraba férreo seguidor de Domingo Cavallo.

Acaso aún repudie la prédica kirchnerista, pero en voz baja y en los hechos concretos. Porque en la práctica, la Oncca concentró el 49% de los $ 3771 millones que repartió en subsidios para harina entre apenas 10 molinos, los más grandes, como Cargill. Y lo mismo ocurrió en otras muchas cadenas productivas.

Esa es apenas una muestra de la gestión Echegaray. El mismo que durante sus primeros 6 meses al frente de la AFIP cambió a más de 300 jefes y desplazó a más de 1200 empleados, y redujo así los controles, nombró familiares propios y de sus colaboradores y, también, a la cuñada de Máximo Kirchner como jefa de la flamante regional tributaria de Río Gallegos. Allí, la muchacha, también proveedora del Estado y tercera candidata a senadora por el kirchnerismo en Santa Cruz, debe fiscalizar a los Kirchner, a Lázaro Báez y a Rudy Ulloa, el referente de Echegaray.

El actual jefe de la AFIP, como “monje negro del kirchnerismo –concluye Longoni, continúa aquí, entre nosotros. Y su lógica, la del desprecio al Estado, la de la prepotencia y la de la impunidad, es la que sigue mandando.”

“Fuera de control” es, en definitiva, un libro indispensable. Sea en la playa, en la sierra o en la ciudad. Si quiere saber de qué se trata.

pd: el artículo publicado en LA NACIÓN, acá.

martes, 29 de noviembre de 2011

Lázaro, la AFIP y las facturas truchas

La megainvestigación penal sobre las facturas truchas sigue viva. En terapia intensiva, pero viva al fin. Ahora, resta saber por cuánto tiempo más. Acaso por eso, y a pesar de los múltiples escollos, los sabuesos judiciales decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009, por entre 75 y 100 millones de pesos, abarcó todas sus deudas tributarias.

El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.

En público, y hasta acogerse a la moratoria, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".

La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.

De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder político y económico. Entre ellos, los vínculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego Díaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José María Caula.

Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. Así, no sólo modificó toda la línea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debía revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacía años.

Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

martes, 21 de junio de 2011

El que da de comer y el que...

No pensaba escribir este post. Pero me pareció maravilloso el dibujo que trazó mi colega del diario, Alfredo, para ilustrar mi nota sobre la más grande usina de facturas truchas y creo que la situación se invirtió y la sola imagen justificó el artículo.

El dibujo, más simple y elocuente, imposible.

Porque escribí sobre Roberto Gustavo Viazzo, el más grande "panadero" de facturas apócrifas que jamás conoció la historia tributaria argentina. Que quizá incluso siga horneando sus truchadas en alguna ciudad del interior (o quién sabe, quizá incluso en la propia Buenos Aires).

Pero el dibujo fue más allá. Y aunque yo consigné varias de las grandes empresas que se beneficiaron de la Panadería Viazzo (Metrovías, Ledesma, Atanor, Siemens, Coto, Disco, Gotti, Telecom y un larguísimo etcétera que incluye también al mismísimo Congreso de la Nación), y que estas prestigiosas firmas terminaron por acogerse a la moratoria por más de $ 615 millones, la imagen muestra mucho más.

Muestra, en suma, que para bailar el tango se necesitan dos. El que hornea la factura apócrifa y el que se la lleva y la filtra en sus balances para evadir impuestos o esconder el pago de coimas.

pd: la nota, acá.