Entrevista a Fernando Dozo

"Argentina ha desperdiciado esta década en cuestiones de transporte aeronáutico", afirma Fernando Dozo. Ex gerente de Política Aérea de Aerolíneas Argentinas (1990 - 2009) y ex presidente de la Cámara de Transporte Aerocomercial (JURCA), afirma que "Aerolíneas no se ha muerto porque han habido subsidios" y que "la industria aerocomercial argentina primero compra aviones y después ve a dónde los manda".

pd: el link a la entrevista completa, acá.

"El Cani" y los bigotes del Tigre

"Yo no soy soldado de La Cámpora ni de nadie -frena el juez federal Rodolfo Canicoba Corral-. Desmiento terminantemente que yo sea el emisario del Gobierno para negociar una tregua con [los jueces federales de] Comodoro Py y además, soldado... como mínimo, soy general."

Célebre en el Poder Judicial por su lengua irónica y filosa como pocas, Canicoba Corral se ríe de su propia ocurrencia. Pero deja claro, también, que considera injusto que lo señalen como interlocutor entre los jueces y fiscales federales y la Casa Rosada. "Yo sólo soy un veterano que aconseja en tiempos agitados", dice.

Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 desde que Carlos Menem firmó su decreto de designación el 16 de junio de 1993, Canicoba Corral lleva la cuenta de cuántos han pasado por la Rosada: "Ya he visto pasar a siete presidentes y voy a ver pasar la octava", remacha.

Pero esta vez el juez está molesto. Lo está desde el domingo pasado, cuando LA NACION reveló que el Gobierno negocia una tregua hasta diciembre con Comodoro Py y lo incluyó como protagonista de esos intentos de tender puentes. Y, más aún, por detallar que lo llamó al fiscal federal Gerardo Pollicita para avisarle que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el desistimiento de la denuncia contra la Presidenta que firmó el juez Daniel Rafecas por el supuesto encubrimiento a Irán en el caso AMIA.

"Hablé con Pollicita, sí. Pero fue para darle un consejo, no para transmitirle una amenaza o un apriete", se ataja Canicoba Corral ante lo que considera una tergiversación de lo ocurrido.

-¿Qué le dijo al fiscal?

-Le dije: "Hacé lo que tengas que hacer y tené cuidado".

-¿Cuidado? ¿Por qué? ¿De qué o de quién debería cuidarse?

-No me venga con chicanas.

pd: el resto del reportaje publicado en LA NACIÓN, acá.

Canicoba Corral y los bigotes del tigre

"Yo no soy soldado de La Cámpora ni de nadie -frena el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Desmiento terminantemente que yo sea el emisario del Gobierno para negociar una tregua con [los jueces federales de] Comodoro Py y además, soldado como mínimo, soy general."

Célebre en el Poder Judicial por su lengua irónica y filosa como pocas, Canicoba Corral se ríe de su propia ocurrencia. Pero deja claro, también, que considera injusto que lo señalen como interlocutor entre los jueces y fiscales federales y la Casa Rosada. "Yo sólo soy un veterano que aconseja en tiempos agitados", dice.

Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 desde que Carlos Menem firmó su decreto de designación el 16 de junio de 1993, Canicoba Corral lleva la cuenta de cuántos han pasado por la Rosada: "Ya he visto pasar a siete presidentes y voy a ver pasar la octava", remacha.

Pero esta vez el juez está molesto. Lo está desde el domingo pasado, cuando LA NACION reveló que el Gobierno negocia una tregua hasta diciembre con Comodoro Py y lo incluyó como protagonista de esos intentos de tender puentes. Y, más aún, por detallar que lo llamó al fiscal federal Gerardo Pollicita para avisarle que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el desistimiento de la denuncia contra la Presidenta que firmó el juez Daniel Rafecas por el supuesto encubrimiento a Irán en el caso AMIA.

"Hablé con Pollicita, sí. Pero fue para darle un consejo, no para transmitirle una amenaza o un apriete", se ataja

pd: el resto del reportaje publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Nueva SIDE, nuevas escuchas, nuevas denuncias

La nueva "dueña" de las escuchas telefónicas en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Josefina Kelly Neira, acumuló las primeras dos denuncias penales en su contra. Ambas, por las supuestas trabas que un fiscal federal afirma que le interpuso mientras investigaba secuestros extorsivos en el conurbano.

El fiscal federal Paul Starc la denunció la semana pasada tras considerar que, como flamante jefa de la Dirección de Observaciones Judiciales, Kelly Neira "se negó" a cumplir con su labor. Es decir, se resistió a pinchar dos teléfonos -"o al menos demoró su cumplimiento"- durante la investigación de uno de los secuestros e impidió el acceso a dos policías designados para unas "escuchas directas" durante el segundo secuestro.

Starc también pidió ayuda a su jefa máxima, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que "inste" a las nuevas autoridades de la ex SIDE, tanto Kelly Neira como su superior, Oscar Parrilli, "a abstenerse de realizar conductas tales como la denunciada", lo que consideró que causó "un injustificado retardo" para avanzar con sus investigaciones.

Con un paso previo en el Ministerio de Justicia, Kelly Neira llegó a la dirección conocida en la jerga tribunalicia y de los servicios como "Ojota" tras la asunción de Parrilli como nuevo titular de la ex SIDE, al igual que otros militantes de La Cámpora. De buena sintonía con el referente de esa agrupación y actual secretario general de la Presidencia, Wado de Pedro, Kelly Neira concentró el fastidio del fiscal Starc por su actuación durante los últimos días de febrero.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Militantes x espìas: la nueva SIDE

Los elegidos no llegan seleccionados desde las mejores universidades ni fueron reclutados en las escuelas de las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, como ocurre en otros países.

Se trata de una nueva forma de captación de potenciales espías. La nueva y "democratizada" Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazará a la ex SIDE, ya tiene sus primeros candidatos a agentes. Son militantes de varias organizaciones políticas, como La Cámpora y el Movimiento Evita, y hasta ex candidatos a intendente del conurbano y comuneros de la ciudad de Buenos Aires, confirmaron cinco fuentes del área a LA NACION.

El número total de militantes es incierto. Pero oscila entre 200 y 300 personas, en su mayoría jóvenes. Entre ellos, hay unos 20 miembros del círculo íntimo del flamante "señor 5" y ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

La incorporación de los partidarios del kirchnerismo más radical a las filas de la ex Secretaría de Inteligencia se produce como parte de la anunciada "democratización" de los servicios de espionaje que prometió la Casa Rosada, que también impulsó la reforma de la ley nacional de inteligencia y la creación de la AFI, aprobada hace cuatro días.

Estos militantes, transformados en nuevos espías, que heredará el próximo presidente, ya pasaron el primer filtro de selección. Para eso, todos llegaron recomendados por algún referente. Y ahora completan cursos intensivos -de sólo 20 días de duración, según dos informantes- en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), situada en un palacete de la calle Libertad al 1200, en el barrio de Recoleta.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Cancillería - un (ex) funcionario con cobertura

En una tácita admisión de la red de protección que en la cúpula de la Cancillería rodeó al funcionario Hugo Merlo, acusado de racista, las denuncias en su contra y de sus colaboradores se reactivaron sólo horas después de que LA NACION expusiera los presuntos delitos e irregularidades que protagonizaron durante más de un año.

El despertar de esas denuncias, sin embargo, es sólo parcial. Por lo menos un expediente administrativo continúa paralizado en la Secretaría de Cooperación Internacional (Secin) de la Cancillería, que controla Paula Verónica Ferraris, la pareja del funcionario que ya fue removido, según consta en las "hojas de ruta" de las actuaciones.

Esa decisión contrasta con las reacciones que trascendieron desde la Cancillería durante los días que siguieron a las revelaciones periodísticas. Primero se informó que Merlo había presentado su renuncia y que el canciller Héctor Timerman pidió "disculpas en relación con las situaciones denunciadas" desde hace más de un año por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por "maltrato laboral".

Ferraris, incluso, habría presentado su renuncia ante Timerman, quien no la aceptó, por lo menos por ahora, según trascendió en el Palacio San Martín, a la espera de las conclusiones de los sumarios administrativos que ordenó abrir para deslindar responsabilidades.

Los movimientos en la Cancillería de los expedientes en los que se acumularon las denuncias, desde mediados de 2012, pueden aportar luz para determinar cómo actuaron esos funcionarios.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

IGJ - un cepo para proteger a Boudou

En plena tormenta por el “caso Ciccone”, la cúpula de la Inspección General de Justicia (IGJ) montó un “cepo informativo” para proteger al vice Amado Boudou y evitar que la información societaria “sensible” que controlaba el organismo llegara a las manos de jueces, legisladores de la oposición y periodistas, según surge de documentos y correos electrónicos en que funcionarios de la IGJ discutieron como implementar ese cerrojo.

La decisión la tomó el entonces titular de la IGJ, Norberto Berner, quien luego fue ascendido dentro del Gobierno a secretario de Comunicaciones. Antes, al frente de la Inspección conformó un grupo de funcionarios que aportaron propuestas y fundamentos para fundamentar el “acceso a la información contenida en las bases de datos de la IGJ” y que los reclamos posteriores por la denegatoria llegaran a la Justicia, de acuerdo a esos documentos,  que refrendó uno de sus miembros, el ex inspector legal del organismo, Fernando Scanavino.

“La orden era proteger a Boudou, y no dar nada sobre él o sobre el caso Ciccone”, confirmó Scanavino, quien se desempeñó como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines de 2012, cuando se convirtió en el primer abogado despedido sin causa del organismo desde los años ’90. Según afirmó durante una entrevista, por oponerse a las prácticas que implementó La Cámpora al desembarcar en el organismo. 

Scanavino se convirtió así en el segundo ex funcionario de la IGJ que denuncia, con nombre apellido, los presuntos delitos e irregularidades que observó dentro del organismo que depende del Ministerio de Justicia, en línea con lo que dijo la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, que LA NACION publicó el domingo pasado.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro & Fariña - todo queda en familia

Después no digas que no te avisaron. Porque te la cantamos allá por agosto de 2010 (ver, acá). Y acá estamos, con lo que publicamos hoy, dos años y medio después:

La investigación que debería encarar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el empresario patagónico Lázaro Báez quedará bajo la supervisión de Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner, que dirige la regional del organismo en Río Gallegos.

Militante de La Cámpora, crítica del gobernador Daniel Peralta y candidata perdidosa a senadora nacional en 2011, García también debería investigar a la esencia misma del kirchnerismo en Río Gallegos y en El Calafate, según reveló la nacion en agosto de 2010. Es decir, desde a la presidenta Cristina Fernández, hasta Báez y Rudy Ulloa, entre otros, según sus domicilios fiscales declarados.

Hermana de María Rocío García, la nuera de la Presidenta, Virginia asumió como jefa regional de Río Gallegos con apenas 32 años y sólo 4 meses dentro de la AFIP, según consta en los registros oficiales a los que accedió la nacion, aunque sus allegados remarcan que la periodista y luego abogada se especializó en derecho tributario.

El otro funcionario de la AFIP clave para, llegado el caso, investigar a Báez sería el titular de la Región Sur Metropolitana, Andrés Vázquez, el mismo que durante 2009 afrontó un sumario interno y una investigación penal por el controvertido operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín, y que, según reveló la nacion, operó más de medio millón de dólares en cuentas bancarias secretas en el Caribe y Europa durante años. Algunas empresas vinculadas a Báez cambiaron su domicilio fiscal para quedar bajo la supervisión directa de Vázquez.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Un Palacio pedigüeño

En silencio, y por fuera de los canales formales previstos por la normativa vigente, el Ministerio de Economía solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1000 empresas más importantes del país, según surge de documentos verificados con fuentes del organismo al tanto de la operatoria.

La información requerida por el Ministerio de Economía durante los últimos nueve meses incluye los balances de esas compañías, de los que extraen información para cruzarla con sus propias bases de datos y mejorar su margen de acción a la hora de negociar con los responsables de esas empresas para que tomen ciertas medidas reclamadas por el Gobierno o suspendan otras, como posibles aumentos de precios o tarifas.

El Ministerio de Economía se encuentra habilitado a obtener esa información, pero sólo para fines taxativamente previstos por la ley. Pero debe presentar un pedido formal y dejar constancia de su solicitud en cada expediente requerido. Y, desde el arribo del nuevo titular de la IGJ, Norberto Berner [foto, arriba, él al micrófono, el ministro Julio Alak, detrás], cumplir con las polémicas circulares 1 y 4, que imponen a todo aquel que requiera información pública del organismo oficial a demostrar su “interés legítimo” para obtenerla.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.