El eterno durante. O una síntesis de la inoperancia del Estado para investigar el lavado de activos. Y no porque haya un “pez grande” de por medio. Ni “rosca” a favor o en contra de algún poderoso. Ni tampoco fortunas. Es apenas la burocracia en su movimiento perpetuo para, años y montañas de papel después, volver al punto de partida. Sin haber logrado nada útil, mientras que los sospechados continúan libres y fluye su dinero.
Así inicié el artículo que publiqué (reducido para que entrara en la edición papel) en el diario LA NACION (ver, acá). La versión ampliada de ese texto lo completo a continuación:
El expediente 172.225 de la Justicia Federal, resume así la desidia en la lucha antilavado, como compulsó LA NACION en uno de sus infinitos giros por la administración pública. Hasta por su carátula: “N. N. s/ encubrimiento”.
El objetivo de la pesquisa era, en teoría, sencillo: verificar si 15 giros ordenados a mediados de 2008 desde Buenos Aires con destino Medellín y Pereira, Colombia, por un total de $ 79.718,33 eran parte de una maniobra de lavado. Quizá hubiera un cartel detrás, quizá sólo fuera dinero de trabajadores emigrados para sus familias. Pero para precisarlo había que investigar.
Primero fue el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF) que recibió dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) de la remesadora More Argentina SA. El 6 de agosto de 2008 y el 30 del mismo mes. Para eso, pidió datos de inteligencia a su par colombiana a través de la red Egmont, lo que permite investigar más rápido, aunque luego no puede usarse esos datos en la Justicia, que debe pedirlos por exhorto diplomático.
Así fue como, en octubre de 2010, casi dos años después del último de los giros picantes protagonizados por 23 colombianos y 4 argentinos –algunos con antecedentes por narcotráfico-, y al fin con la denuncia de la UIF, el fiscal general antilavado, Raúl Pleé, ordenó una investigación penal. Cayó en la jueza María Servini de Cubría, que la derivó en el fiscal Federico Delgado.
Las primeras medidas fueron de manual: exhorto a Colombia e, intervención de la Policía Federal, que de inmediato, el 14 de octubre, pidió una prórroga para presentar su informe. 30 días. Que se amplió en noviembre por 10 días más.
La respuesta al exhorto, mientras tanto, se hacía desear. Así que el 12 de noviembre, y mientras el expediente acumulaba fojas con sellos, constancias y pases, la Fiscalía quiso saber qué pasaba con la diplomacia. La Cancillería argentina respondió con el silencio.
El 15 de diciembre, y ya vencida la prórroga, apareció el “trabajo de campo” de la Policía Federal. Que abarcó apenas la búsqueda por Internet de números telefónicos, más un informe del Veraz y otro de la AFIP, y una recorrida por algunos –no todos- los domicilios. En los que tocó timbre. Literal. El oficial habló con vecinos, aunque eso sí, “sin dar a conocer su condición de policía”.
El fastidio de la Fiscalía comenzó a olerse en el expediente. El 17, y dado que “lo realizado” por la Federal “no se adecua[ba] con el objetivo de la medida ordenada”, le fijó el “plazo improrrogable de 30 días [para] cumplir con lo requerido”. Para entonces, el expediente iba ya por las 168 fojas, más dos cuerpos previos de la UIF.
¿Qué querían Delgado y su equipo? Textual: “Corroborar si las actividades laborales o comerciales de las personas sospechadas se condicen con la realidad y si los individuos se vinculan con hechos ilícitos”. Pero todo siguió igual. Un mes y 1 un día después –y por tanto vencido otra vez el plazo impuesto-, un oficial de la Policía informó que consiguió la partida de defunción de un investigado. Nada más.
Con el fin de la feria judicial, febrero de 2011 amagó con novedades. El 3, la Cancillería al fin apareció. Pero sólo para informar que la burocracia colombiana se había sumado a la local, por lo que los cafeteros precisaron que responderían cuando concluyeran su labor. Sin fecha estimada.
El 8, la Fiscalía abrió juego. Se ofició a la Agencia Recaudadora bonaerense (ARBA). Respondió el 28 de marzo. Nada valioso. Pero el expediente superó las 328 fojas, más anexos.
Para el 6 de julio, la Fiscalía decidió insistir con la Cancillería. Por teléfono. Chocó con un detalle: “La sumariante relacionada con la rogatoria trabaja a partir de las 15 horas”. Así que la Fiscalía apeló al papel. Nuevo oficio. “Porque del resultado de esta diligencia depende, básicamente, la suerte del proceso y el exhorto fue librado hace alrededor de 10 meses”, recordó.
Siete días después, llegó la respuesta colombiana. 510 fojas y 4 CDs, con su “búsqueda selectiva en base de datos”. Y con el material, la Fiscalía se esperanzó con ver la luz al final del túnel. Se lo remitió a la Federal, el 14 de julio, para que “en 10 días corridos elabore un informe técnico”. Agua.
El 3 de agosto, la Federal pidió una prórroga. 10 días. Concedida. Pero para el 16, la fuerza seguía desaparecida, así que la Fiscalía la emplazó, por teléfono, para el día siguiente.
El ansiado informe, pues, al fin llegó. Apenas tres carillas y anexos de recopilación del material colombiano, ya disponible en los anexos originales. El interrogatorio que siguió no resultó agradable. Acaso porque la oficial de la División Investigaciones Patrimoniales reconoció que como “desconocía las normas impositivas” en danza, optó por completar “un resumen” de lo que creyó “relevante”. Que no incluyó los giros.
Vuelta a empezar. Otros 10 días. Obvio, se incumplió. La oficial reapareció el 31. Para informar que tras analizar los giros, no podía “emitir una conclusión”. Ni conocía el tipo de cambio de los pesos colombianos. Ni sabía si los sospechados eran parientes entre sí -aunque le “parecía” que sí porque muchos se apellidaban Hoyos-. Ni si se violó alguna ley tributaria argentina.
La Fiscalía optó entonces por volver al casillero de inicio. A la UIF. El 1 de septiembre, le dio 3 días para presentar un informe. Pero la unidad recién apareció el 12 y sólo para revisar el ya frondoso expediente y sus anexos. El 20, la Fiscalía insistió. Le respondieron que el 22, a más tardar, la UIF “presentaría un escrito”. Así fue. Pero para pedir fotocopias. Vale, pero con la orden de entregar su informe en nuevas 72 horas. La respuesta, recién llegó el 13 de octubre, pero sólo para aportar un par de indicios preliminares. Y pidió, a su vez, que se pidan informes a la Policía Federal, la Anses, la AFIP y al Banco Central.
Así, superadas las 500 fojas en el expediente principal, más ocho anexos, poco y nada se sabe sobre los giros o los remitentes. Mucho menos sobre el dinero. Y de los colombianos, a ciencia cierta, ni siquiera se sabe si continúan en la Argentina. Al fin y al cabo, pasaron ya tres años. De nada. De burocracia.
