Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

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Hotesur - la Cámara define si aparta a Rafecas

La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el "caso Hotesur" que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de "querellante".

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como "querellante", lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.

Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su "objeto procesal", es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía "no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal" que se investiga en el expediente, por lo que "se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata". Y esto, a su vez, "impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado".

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

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Caso Hotesur - piden apartar a Rafecas

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del "caso Hotesur", Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Stolbizer consideró que Rafecas violó "las garantías de juez imparcial" por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como "pretensa querellante". El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.

En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.

Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.

En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una "excursión de pesca" (ver aparte).

De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.

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Stolbizer vs Rafecas x Lázaro = Hotesur

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) reclamó ayer al juez federal Daniel Rafecas que vuelva sobre sus pasos y revea su decisión de permitir que Lázaro Báez acceda al material informático secuestrado en la investigación sobre los hoteles de la familia Kirchner por presunto lavado.

Stolbizer le planteó a Rafecas (foto, abajo) que debe ordenar la nulidad de la resolución que firmó el jueves pasado, cuando autorizó a los abogados de Báez que, sin supervisión ni control alguno, obtengan una copia de un dispositivo que se descubrió durante los allanamientos realizados en Río Gallegos, a mediados de julio. Consideró que, de concretarse la medida, podrían "contaminar" las evidencias de manera irreversible.

Sin embargo, Stolbizer alertó que el material al que pretende acceder Báez se encontraba en realidad oculto en las oficinas de otra firma, Diagonal Sur SA, mientras que Austral Agro no es parte de la investigación penal en curso.

Más relevante, la legisladora que actúa en la causa como "pretensa querellante" le recordó a Rafecas que el argumento de los abogados de Báez choca con un límite insalvable: según los datos oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ), Austral Agro SA no registra movimientos desde hace años. "Resulta un contrasentido autorizar a esta empresa con el argumento de seguir con el giro normal y habitual cuando figura inactiva para el Estado y se puede advertir fácilmente con solo consultar la web de la IGJ", argumentó Stolbizer. 

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AFIP & Lázaro, una combinación explosiva

El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó ayer de manera formal a los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta protección delictual que le habrían brindado al empresario patagónico Lázaro Báez durante los últimos años.

Marijuan tomó la decisión de imputar a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires -como Ricardo Echegaray y Angel Toninelli, entre otros-, Río Gallegos -donde la jefa de la regional es la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García- y Comodoro Rivadavia.

Las imputaciones quedaron así formalizadas en dos causas penales que se instruyen de manera simultánea en los tribunales de Comodoro Py. Una está a cargo del juez federal Sebastián Casanello; la otra, en manos de su colega Norberto Oyarbide.

Toninelli (izq.) y Echegaray, juntos por Báez

Ambas investigaciones se iniciaron con presentaciones que radicaron legisladores de la oposición. Oyarbide recibió la denuncia de los diputados nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes expusieron una presunta "operatoria llevada a cabo desde el organismo recaudador para proteger y encubrir" a Báez.

Casanello, por su parte, tomó la denuncia de la también diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la AFIP "únicamente investigó a las empresas emisoras de las facturas falsas" que se detectaron en Bahía Blanca, "evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral Construcciones".

En ambos casos, Marijuan consideró que existen méritos suficientes para abrir las investigaciones, disponer las primeras medidas de prueba e imputar los presuntos delitos a los funcionarios que habrían intervenido.

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Lázaro & Echegaray = ¿asociación ilícita fiscal?

El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. 

Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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