Ciccone - marche la primera inconstitucionalidad

Trece meses después de aprobada la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que en teoría no iba a costarle un peso al Estado nacional, la Justicia le aplicó otro duro freno a los planes del Gobierno.

El juez en lo Comercial a cargo del concurso, Javier Cosentino, determinó que esa ley de expropiación viola, al menos de manera parcial, la Constitución, al igual que el “convenio de avenimiento” que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización con la deuda por $ 275,7 millones que mantenía la imprenta con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Cosentino avanzó además sobre algunas figuras decisivas en la compleja trama del “caso Ciccone”. Apartó al ex presidente y representante legal de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, y al interventor oficial de la firma, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.

El magistrado delegó esa responsabilidad en el síndico del concurso, Martín Stolkiner, tras exponer en el caso de Lorenzino que el ministor afrontaba “un claro conflicto de intereses que tornaba incompatible su actuación”, ya que debería reclamarle al Gobierno que él integra una indemnización que él a su vez debería pagar. ¿A qué parte, por tanto, representaría mejor?

De hecho, el propio Lorenzino había vaticinado en agosto de 2012 (foto, arriba) que la expropiación no le costaría “ni un peso” al Estado nacional. Por lo visto...

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Moneta, el $$$ de Ciccone (que el resto refuta)

Y un día, ocho meses después de intervenida Ciccone Calcográfica, Raúl Juan Pedro Moneta se presentó como el supuesto financista de la resurrección de la imprenta. Lo hizo a través de un amparo que presentó ante la Justicia para rechazar que el Gobierno compense el valor de la empresa con sus deudas tributarias y no le pague a los dueños, que a su vez deberían pagarle a él fianzas y garantías por $ 35,5 millones.

El amparo de Moneta dio así otro giro al “caso Ciccone”, donde ya el Gobierno, el síndico del concurso, la familia Ciccone y la unidad fiscal antilavado (antes de su desplazamiento y reformulación) negaron ante la Justicia su existencia, las consideraron nulas o al menos expresaron serias dudas sobre la fecha real en que se firmaron esas polémicas garantías, según consta los escritos judiciales que presentó cada uno de ellos.

La presentación de Moneta, a través de su abogado Alberto Petracchi, choca en particular con la posición oficial que el Gobierno ya expuso en el concurso de la ex Ciccone. Allí, los abogados del Ministerio de Economía negaron “enfáticamente” que existieran constancias de esas garantías en los libros de la imprenta intervenida.

Moneta se presentó sobre el filo del plazo que tenía para impugnar el decreto 252/2013, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitar la compensación, opción que antes repudió también Alejandro Vandenbroele, como presidente de la enigmática The Old Fund, ante la Justicia comercial.

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Ahora, ¿Vandenbroele vs. el Gobierno?

Si algo faltaba para que este escándalo ofreciera una arista entre insólita y disparatada era algo más o menos como esto (Y después dicen que la verdad no supera la ficción):

Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, dio otro giro inesperado al “caso Ciccone”. Ante la Justicia, acusó al Gobierno de querer “vaciar” la imprenta y avanzar con una expropiación “inconstitucional”. Según él, para de ese modo no tener que indemnizar a The Old Fund, la enigmática sociedad que él preside y cuyos dueños permanecen en las sombras.

En un escrito que firmó solo, como abogado propio, Vandenbroele le pidió a la Justicia que designe a un veedor que controle a los interventores oficiales y que estos informen, entre otros datos, cuántos billetes de $ 100 se imprimieron en la ex Ciccone.

El otrora abogado monotributista cargó incluso contra la decisión del Gobierno de compensar lo que vale la empresa con los impuestos que le adeuda a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo definió como un “acto prohibido” por la ley, que va en desmedro de acreedores con mejores privilegios que el organismo tributario, y calificó la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que lo dispuso de “ilegal”, “inválido” e “inconstitucional”.

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100 días, el mismo misterio

Cien días después de la intervención de la ex Ciccone Calcográfica, el misterio continúa. Se ignora aún quiénes son sus verdaderos dueños, no se sabe cuánto le costará al Estado quedarse con la imprenta, la ruta de los $ 50 millones que se utilizó para financiar la desembarco de Alejandro Vandenbroele todavía muestra zonas negras y el juicio de expropiación aún no se inició.

La Casa Rosada logró, sin embargo, el objetivo central que se trazó al intervenir la compañía el martes 7 de agosto. Sacó al “caso Ciccone” de la agenda pública más caliente y redujo las revelaciones que sacudían al vicepresidente Amado Boudou.

Aquella “intervención transitoria” por 60 días se dispuso, sin embargo, sin que mediara una orden judicial previa. Se ordenó a través del decreto 1338/2012, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en el que no se mencionó quiénes son los dueños de la empresa, ni explicitó los motivos para ordenar el avance oficial.

Para el Gobierno es innecesario resolver ese acertijo. “Nosotros no tenemos que avanzar sobre los dueños de Ciccone. Como máximo, cuando se tome una decisión administrativa se le notificará a quien figura en los papeles como representante legal de la compañía, como se hace con cualquier otra empresa”, argumentó una alta fuente oficial ante LA NACION.

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