Caso Ciccone - la Justicia le dice no a Moneta (y a Boudou)

La Justicia le propinó un nuevo revés a la versión del vicepresidente Amado Boudou sobre el caso Ciccone. Ahora le dijo que no al ex banquero Raúl Moneta, quien pretendía figurar como el supuesto financista y "socio capitalista" que aportó $ 35,5 millones para el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund en la imprenta.

El juez en lo Comercial Javier Cosentino le dijo que no a Moneta, que a través de su firma Mayer Business Corporation buscaba presentarse en la quiebra de la ex Ciccone como un acreedor perjudicado por la debacle de la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- y su posterior intervención y estatización por el Gobierno.

Para el juez Cosentino, sin embargo, la supuesta operación financiera que Vandenbroele y Moneta acordaron días antes de la intervención oficial es "ineficaz", por lo que Moneta no puede sumarse al resto de los acreedores afectados por la quiebra de la ex Ciccone, según le notificó por cédula el 16 de este mes.

La decisión del magistrado implica un nuevo revés para las estrategias defensivas de Boudou y de Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro, para quedarse con el 70% de las acciones de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda.

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Ex Ciccone - ¿y si Moneta no es el financista?

El síndico de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica dio otro duro golpe a la versión oficial sobre cómo fue el desembarco del fondo The Old Fund en la imprenta que de la mano del monotributista Alejandro Vandenbroele pasó a imprimir millones de billetes de 100 pesos.

La versión que sostiene Vandenbroele es que, como presidente simultáneo de The Old Fund y la ex Ciccone, recurrió al ex banquero Raúl Moneta para, a través de una cooperativa, financiar el resurgimiento de la imprenta. Y sostuvo que así obtuvo $ 43,8 millones a cambio de una fianza que garantizó con las acciones de la empresa.

Esa versión, sin embargo, chocó ahora con el análisis del síndico de la quiebra de la ex Ciccone, Martín Stolkiner. Como auxiliar de la Justicia, y tras verificar los documentos que presentó una sociedad de Moneta, Mayer Business Corporation, rechazó el pedido. Observó múltiples incongruencias -sobre la fecha real en que se firmaron los papeles, entre otras- y concluyó que no logró demostrar "la relación económica jurídica que dio lugar a la obligación, es decir, el negocio generador del crédito para determinar su legitimidad".

El golpe asestado a Moneta -y por extensión a la versión que lo muestra como supuesto financista de Vandenbroele- ahonda los interrogantes sobre cuál podría ser la verdadera ruta del dinero detrás de la resurrección de la ex Ciccone.

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Ciccone - marche la primera inconstitucionalidad

Trece meses después de aprobada la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que en teoría no iba a costarle un peso al Estado nacional, la Justicia le aplicó otro duro freno a los planes del Gobierno.

El juez en lo Comercial a cargo del concurso, Javier Cosentino, determinó que esa ley de expropiación viola, al menos de manera parcial, la Constitución, al igual que el “convenio de avenimiento” que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización con la deuda por $ 275,7 millones que mantenía la imprenta con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Cosentino avanzó además sobre algunas figuras decisivas en la compleja trama del “caso Ciccone”. Apartó al ex presidente y representante legal de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, y al interventor oficial de la firma, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.

El magistrado delegó esa responsabilidad en el síndico del concurso, Martín Stolkiner, tras exponer en el caso de Lorenzino que el ministor afrontaba “un claro conflicto de intereses que tornaba incompatible su actuación”, ya que debería reclamarle al Gobierno que él integra una indemnización que él a su vez debería pagar. ¿A qué parte, por tanto, representaría mejor?

De hecho, el propio Lorenzino había vaticinado en agosto de 2012 (foto, arriba) que la expropiación no le costaría “ni un peso” al Estado nacional. Por lo visto...

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Ciccone - Moneta no quiere que lo innoven

Raúl Juan Pedro Moneta no sólo pidió la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dispone la compensación del valor de la ex Ciccone Calcográfica con sus deudas tributarias. También pidió una medida cautelar. Reclamó que todo vuelva a como estaba antes, en manos de la intervención, sí, pero que el Estado deba pagarle, cash, a los dueños por la imprenta, para así él cobrarles los $ 35,5 millones que afirma que prestó.

Las peticiones de Moneta quedaron en manos de la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, quien comenzó a evaluar si admite, primero, la vía del amparo y, luego, si convalida la medida cautelar “de no innovar” que solicitó el ex banquero devenido en empresario.

Moneta dice que firmó diversos documentos con Alejandro Vandenbroele como presidente de The Old Fund y de la nueva Ciccone, por los que aportó cerca de $ 35,5 millones a cambio de fianzas cubiertas con prendas sobre las acciones de la imprenta. Así, sostiene, si él no recupera su dinero, se quedará con las acciones, pero el Estado a su vez compensaría el valor de la empresa con los impuestos impagos, por lo que él se quedaría sin nada.

El primer dato que deberá verificar la jueza, sin embargo, es si Moneta presentó el amparo dentro de los 15 días hábiles previstos por la ley para impugnar el decreto 252/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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Expropiar Ciccone - un costo millonario que crece

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso una serie de medidas que le permitirá al Gobierno evitar que la Justicia ordene la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, intervenida desde agosto pasado. Pero a un costo elevado. Para empezar, porque habilitó a la empresa a dejar de cumplir con sus obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras.

Los problemas financieros y económicos de la empresa ya habían llevado a la Justicia a convocar a una audiencia para el martes próximo entre el interventor, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el síndico del concurso, Martín Stolkiner, como paso previo a evaluar su quiebra, riesgo que ahora se disiparía.

La Presidenta también autorizó a compensar el costo de expropiar a la ex Ciccone –rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana– con las deudas tributarias y previsionales que la imprenta arrastraba desde hace años con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De este modo, la expropiación de la empresa le costará al Estado al menos $ 240 millones que la AFIP dejará de percibir en impuestos, intereses, multas, honorarios y cargas sociales impagos, a pesar de los planes excepcionales de pago que gestionó y obtuvo el entonces presidente de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, investigado por la Justicia como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

El costo para las arcas fiscales, sin embargo, podría elevarse aún más. Dependerá del valor de expropiación de los bienes de la empresa que deberá estimar el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que depende del Ministerio de Planificación.

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La ex Ciccone, bajo el riesgo de otra quiebra

La ex Ciccone Calcográfica va cuesta abajo en la rodada comercial y se dirige hacia su quiebra si la intervención oficial no logra al menos triplicar los ingresos de la compañía. Así surge del último escrito que presentó el síndico de su concurso de acreedores, quien pidió que se celebre una audiencia con el Ministerio de Economía y de la Casa de Moneda para buscar una salida.

El síndico Martín Stolkiner emitió su alerta al presentar su revisión trimestral más reciente de los números de la empresa, en los que detalló las deudas que la imprenta comenzó a incumplir con sus acreedores privados y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.

Los incumplimientos de la ex Ciccone comenzaron a acumularse durante los últimos meses de Alejandro Vandenbroele al frente de la empresa a cargo de imprimir cientos millones de billetes de 100 pesos. Pero continuaron con el arribo de la intervención oficial, bajo la batuta del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura [foto, arriba], que registró ingresos mucho más bajos que los gastos previstos.

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Acertijo doble

El misterio alrededor de la ex Ciccone Calcográfica es cada vez mayor. Tras revisar informes que sumados acumularon cientos de páginas, el síndico que controla su resurgimiento de la quiebra no logró resolver los dos grandes enigmas que rodean a la empresa que preside Alejandro Vandenbroele: quiénes son sus nuevos dueños y quiénes aportaron más de $ 47,5 millones que la imprenta utilizó para afrontar salarios y deudas durante los meses previos a obtener sus primeros contratos con el Gobierno.

Ambas incógnitas quedaron expuestas en el expediente de la quiebra de la ex Ciccone que tramita ante el juez en lo Comercial Javier Cosentino, luego de que el síndico Martín Stolkiner presentó su último informe el viernes último, pero que sólo resultó accesible desde ayer.

Stolkiner expuso que pudo revisar balances, estados contables, auditorías y otros documentos de la empresa, pero en lo que quedó claro que Vandenbroele –investigado por la Justicia por lavado de activos y como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou– intentó afrontar ambos enigmas del modo más escueto posible.

La ex Ciccone, por el contrario, sí aportó más detalles sobre cómo incumplió con el pago de los aportes previsionales de sus trabajadores, rojo que luego cubrió con múltiples moratorias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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