Adjudicación, consulta y marcha atrás

El primer dato me llegó a través de un colega.

“Mirá”, dijo, y me mostró dos papeles.

El primero era la copia impresa del Boletín Oficial del 13 de junio, con la decisión administrativa 422/2011. El segundo; otra copia del Boletín Oficial, del 23 de noviembre, con otra decisión administrativa, la 1253/2011. Una por US$ 2,7 millones; la otra por US$ 14,8 millones.

Comencé a hurgar, a llamar por teléfono y a preguntar. ¿Por qué por lo que aparentaba el mismo sistema, comprado a la misma empresa, un organismo del Estado pagaba casi seis veces más que otro organismo público, sólo cinco meses después?

Luego, como suele ocurrir, esa primera pregunta se difuminó, pero la bola continuó en movimiento.

Y así, 24 horas después del primer llamado “sensible” al Gobierno para consultar y dar el derecho a réplica, llegó la reacción, que hoy publico en LA NACION.

Y dice:

Apenas una semana después de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un multimillonario contrato para instalar un “sistema de identificación balística automatizado” (IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, el contrato fue otorgado a RDS, una firma líder en el sector de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, para que instalara ese sistema en el Renar a cambio de 14,8 millones de dólares, unos 63,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero menos de 24 horas después de que LA NACION consultó al Ministerio por esa compra, trascendió la orden de cancelarla, confirmaron cinco fuentes oficiales y del sector de seguridad.

pd: la nota completa, acá.

Lavado - estamos mejor, estaremos mejor

En la lucha contra el lavado estamos mal, pero vamos bien. Ésa es la conclusión central de la encuesta a ejecutivos privados y funcionarios públicos abocados a la detección del lavado de activos en la Argentina que acaba de completarse. Unos y otros coincidieron en la baja calidad de las normas, las deficiencias del Estado para combatirlo y la ignorancia social que lo rodea, pero también destacaron las mejorías de los últimos años, a partir de la mayor presión internacional.

Los resultados del relevamiento desarrollado por la firma Consultcom, de Marcos Victorica [foto, abajo, junto al entonces embajador norteamericano Lino Gutiérrez], son elocuentes: el 51% de los encuestados –que abarcó funcionarios de distintos organismos bonaerenses y nacionales, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF)– consideró que las normas de control y prevención del lavado son poco o nada efectivas, frente al 34% que las calificó de bastante o muy efectivas.

Sin embargo, la visión sobre la aplicación de esas normas se combina con un dato alentador: el 67% cree que hoy se está mejor que cinco años atrás y el 81% cree que la Argentina estará aún mejor en cinco años más.

La encuesta resulta atractiva por dos motivos: la especialidad de quiénes la respondieron tras dos días de capacitación para obtener una certificación de la Asociación de Banqueros Internacional de Florida (FIBA, en inglés), y por las observaciones que aportaron.

Al identificar los mayores problemas que afrontan en la actualidad los expertos para combatir el lavado en la Argentina, tres surgieron con claridad: la falta de adecuación local a las normas internacionales, la falta de capacitación del personal involucrado y la falta de conciencia de las máximas autoridades. Sólo luego apareció la escasez de recursos.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.

Una búlgara que calla

Nina Lozeva, la búlgara acusada de ser uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se negó hoy a declarar en la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito del karateca ex funcionario.

Lozeva trabaja en las afueras de La Plata como adiestradora de perros, pero figura como supuesta dueña de un departamento que vale cerca de medio millón de dólares en la avenida Figueroa Alcorta. Y aún así, vive en una casa humilde, de un barrio humilde.

Tan ajustada era su vida mientras en teoría compraba el semipiso, que decía a los dueños de los perros que adiestraba (a $ 70 la hora) que la ventaja de vivir en una zona semirural era que podía cultivar legumbres y verduras cuando la billetera no alcanzaba...

La búlgara se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide, pero se acogió al derecho constitucional de negarse a declarar sin que esa decisión se interprete en su contra, la misma decisión que tomó la mayoría de los imputados.

No trascendió, sin embargo, si se presentó en tribunales con el mismo abogado defensor, Jorge González Novillo, que apareció el año pasado, cuando su nombre salió a la luz. Un abogado que, vale decirlo, ni conocía a la búlgara, ni ella al letrado. A ella se lo embocaron, a él se lo pidieron de favor. No dijo quién.

Lozeva, en particular, está acusada de ocultar con su nombre al verdadero dueño (¿Jaime?) de un semipiso en Figueroa Alcorta 3358 que figura a nombre de la empresa Claraman SA.

La propiedad, según surge de la pesquisa de los investigadores judiciales, habría sido comprado por el ex funcionario de la Secretaría de Transporte, Hugo Álvarez Picasso (quien también vive o vivía en La Plata) y luego se transfirió (en teoría) a Lozeva.

Todo esto, y más, fue parte de una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto al colega del diario LA NACIÓN, Hernán Cappiello, y sirvió a los fiscales.

pd: ver, por ejemplo, acá, acá, acá y acá.

Lázaro, la AFIP y las facturas truchas

La megainvestigación penal sobre las facturas truchas sigue viva. En terapia intensiva, pero viva al fin. Ahora, resta saber por cuánto tiempo más. Acaso por eso, y a pesar de los múltiples escollos, los sabuesos judiciales decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009, por entre 75 y 100 millones de pesos, abarcó todas sus deudas tributarias.

El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.

En público, y hasta acogerse a la moratoria, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".

La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.

De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder político y económico. Entre ellos, los vínculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego Díaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José María Caula.

Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. Así, no sólo modificó toda la línea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debía revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacía años.

Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.