Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Hugo Chávez enfriaron un acuerdo bilateral que sumaba empresas argentinas a las tareas de reconversión del sistema energético venezolano. Es decir, el convenio por US$ 500 millones que puso al descubierto las acciones de una "diplomacia paralela", al margen de las cancillerías.
Cuatro fuentes diplomáticas y empresariales argentinas confirmaron el congelamiento de ese acuerdo. La decisión coincide con la revelación, dos meses atrás, sobre la existencia de cables confidenciales enviados por el funcionario de la Cancillería Eduardo Sigal para alertar sobre el papel protagónico de José María "El Vasco" Olazagasti, hombre de máxima confianza del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a la hora de elegir qué empresas argentinas obtenían contratos en Venezuela y cuáles serían excluidas del negocio.
"Está todo parado. Al final no vendieron ni los diez empresarios que estaban adentro, ni los dos que habían quedado afuera", explicó una alta fuente diplomática conocedora del comercio bilateral con Caracas. "Nadie se atreve a concretar nada ni a firmar ningún documento. El panorama no está claro. Ni acá ni allá se mueve un solo papel hasta que aclare", detalló.
La parálisis se concentra en un rubro específico: el Programa de Trabajo N° 24 que la Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec) firmó, en abril pasado, con el Grupo de Suministros de Empresas Argentinas de Materiales y Equipamientos Eléctricos (GESA), por unos US$ 500 millones.
El escándalo estalló, no obstante, a fines de junio, cuando dos empresas argentinas -Hidro-Grubert y EMA SA- se quejaron de manera formal ante la Cancillería de que habían sido excluidas.
Como subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Sigal verificó lo ocurrido y escribió en un cable que elevó a su superior directo, Alfredo Chiaradia -ahora enviado a Washington como nuevo embajador-, y al canciller Héctor Timerman, que por entonces acababa de asumir.
Sigal informó que el actual jefe de Ceremonial de De Vido, Olazagasti, había protagonizado una "reunión paralela" de la que excluyó a Hidro-Grubert y a EMA SA, al tiempo que sí privilegió a otras firmas locales con las que su ministerio mantenía, al parecer, mejor sintonía.
¿Por qué unas empresas argentinas mantienen mejor sintonía que otras con funcionarios argentinos, al punto que estos potencian a las primeras y excluyen a las segundas?
pd: el texto completo, acá.
