Uno. Allá por diciembre de 2008, la multinacional Siemens AG reconoció sus pecados a nivel mundial y admitió que pagó coimas en la Argentina (y otros 23 países), pero acá no pasó, ni pasa, naranja-fanta. Ni un funcionario
procesado por la Justicia local.
Dos. Skanska también reconoció que derrapó, echó a patadas (pero con
indemnización plus) a sus ejecutivos locales y arregló sus cuentas con la AFIP. Pero la Justicia local llegó a decretar la inexistencia del delito (es buenísima:
el delincuente admite que delinquió y el juzgador le dice que no, que no es así,
que no delinquió).
Tres. Un ex director del Banco Nación, Alfredo Aldaco, se
arrepintió de haber participado en el negociado con IBM y durante seis años -el máximo
de la pena posible para él- se autoimpuso una suerte de arresto domiciliario
absoluto. No salió de la casa ni para eventos sociales, familiares o personales. Nada. Cero. Enjaulado. Pero ahora, cerca de 19 años después, la Justicia no arribó a una condena -ni contra él, ni contra ningún otro-,
ni completó el decomiso de los fondos.
Cuatro. El valijero de las “Coimas en el Senado”, Mario Pontaquarto, detalló con precisión
cómo se repartió la tarasca para aprobar la reforma laboral durante el gobierno
de la Alianza, y acá estamos. Aún seguimos a la espera del juicio oral, 12 años después
del estallido de aquel escándalo.
Cinco. Todo un pueblo cordobés voló por los aires para ocultar el tráfico de
armas durante el gobierno de Carlos Menem. Pero la Justicia absolvió al ex
Presidente, a Emir Yoma y otros 16 acusados. Poco faltó para que la Justicia concluyera que no, que no voló ningún pueblo por los aires.
Vistos los cinco ejemplos precedentes, ¿por qué el
valijagate, el “caso Antonini”, iba a terminar distinto? (Y doy otro paso: ¿por qué suponer que el "caso Ciccone" terminará mejor?).
¿Pudo terminar mejor? Sí. ¿Pudo terminar peor? Si el escándalo no hubiera sido gigantesco, también. Más aún cuando los
gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela no colaboraron con la Justicia
local -por sus pedidos sobre Guido Alejandro Antonini Wilson, y Diego y Daniel Uzcátegui, respectivamente-, que a su vez tampoco se mostró demasiado interesada por avanzar.
Así, gracias a una reforma de la ley antilavado que eliminó el
agravante que llevaba al doble la penas para los
funcionarios públicos (el agravante se les olvidó -nada deliberado, por supuesto- a los funcionarios y opositores que algún día podrían llegar a ser funcionarios se les escapó), el ex “señor de los peajes”, Claudio
Uberti, quedó libre de culpa y cargo. No por falta de pruebas, sino por
prescripción de la acción penal. Es decir, que se agotó el tiempo procesal para
investigarlo.
Esto, que se veía venir (de hecho, en el diario lo anticipamos
en abril de 2011, ver
acá, y lo reiteré en enero de este año, ver
acá), aún
así resulta chocante. Más aún cuando coincide con ciertas fechas singulares. Porque
así como el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento
ilícito quedó firme (por una inusual falta de apelación) el Día de los Santos
Inocentes (28 de diciembre de 2009), la confirmación de la falta de mérito para
Uberti llegó sobre el día de su cumpleaños (diciembre de 2008), y su
sobreseimiento definitivo, para el Día del Periodista.
Cualquier coincidencia es, obvio, pura
coincidencia.
pd: más datos sobre el fallo que benefició a Uberti, ver
acá,
acá y
acá.
