lunes, 23 de marzo de 2015

Lázaro, en el mar de los piratas

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.


Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 22 de marzo de 2015

"Bochi", el puente entre Máximo y Cristóbal

El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.

Conocido como "Bochi", Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.


López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.

Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una "extorsión pública".

Junto al llamado "zar del juego" indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años "por lo menos". Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

sábado, 21 de marzo de 2015

Lázaro, una víctima política...

Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

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"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá

martes, 17 de marzo de 2015

"El Cani" y los bigotes del Tigre

"Yo no soy soldado de La Cámpora ni de nadie -frena el juez federal Rodolfo Canicoba Corral-. Desmiento terminantemente que yo sea el emisario del Gobierno para negociar una tregua con [los jueces federales de] Comodoro Py y además, soldado... como mínimo, soy general."

Célebre en el Poder Judicial por su lengua irónica y filosa como pocas, Canicoba Corral se ríe de su propia ocurrencia. Pero deja claro, también, que considera injusto que lo señalen como interlocutor entre los jueces y fiscales federales y la Casa Rosada. "Yo sólo soy un veterano que aconseja en tiempos agitados", dice.

Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 desde que Carlos Menem firmó su decreto de designación el 16 de junio de 1993, Canicoba Corral lleva la cuenta de cuántos han pasado por la Rosada: "Ya he visto pasar a siete presidentes y voy a ver pasar la octava", remacha.


Pero esta vez el juez está molesto. Lo está desde el domingo pasado, cuando LA NACION reveló que el Gobierno negocia una tregua hasta diciembre con Comodoro Py y lo incluyó como protagonista de esos intentos de tender puentes. Y, más aún, por detallar que lo llamó al fiscal federal Gerardo Pollicita para avisarle que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el desistimiento de la denuncia contra la Presidenta que firmó el juez Daniel Rafecas por el supuesto encubrimiento a Irán en el caso AMIA.

"Hablé con Pollicita, sí. Pero fue para darle un consejo, no para transmitirle una amenaza o un apriete", se ataja Canicoba Corral ante lo que considera una tergiversación de lo ocurrido.

-¿Qué le dijo al fiscal?

-Le dije: "Hacé lo que tengas que hacer y tené cuidado".

-¿Cuidado? ¿Por qué? ¿De qué o de quién debería cuidarse?

-No me venga con chicanas.

pd: el resto del reportaje publicado en LA NACIÓN, acá.