jueves, 5 de marzo de 2015

El complicado cuadro judicial de Vandenbroele

Alejandro Vandenbroele no imaginó jamás que afrontaría el panorama judicial que hoy padece. Detenido en una celda sin luz natural desde el viernes 20 de febrero, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por su presunto rol en el caso Ciccone. Y afronta tres citaciones a indagatoria simultáneas en la Argentina y en Uruguay, que reclama su inmediata extradición.

Pero sus problemas no comenzaron ahora. Tampoco cuando estalló el caso Ciccone, en febrero de 2012. Su suerte empezó a cambiar hace casi seis años, cuando se reconectó con José María Núñez Carmona, el ex novio de una prima suya de Mar del Plata que ensayaba múltiples negocios de la mano de su íntimo amigo y socio, Amado Boudou, por entonces ministro de Economía.


Vandenbroele se sumó entonces como "operativo", mezcla entre abogado y gestor, a esos proyectos de "Nariga". Juntos movieron dinero dentro y fuera del país; juntos contactaron al gobierno de Formosa; y juntos se involucraron en la resurrección de la ex Ciccone.

Los dos años siguientes a su reencuentro con Núñez Carmona se asemejaron a un sueño. Vandenbroele pasó a presidir la máquina de hacer billetes de $ 100 de la Argentina, mientras Núñez Carmona viajaba por el mundo y Boudou asumía como vicepresidente.

Con el estallido del caso Ciccone, sin embargo, el sueño expiró.

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miércoles, 4 de marzo de 2015

El "caso Antonini" mira a la Corte Suprema

El "caso Antonini", pese a todo lo que se dijo durante las últimas dos semanas, sigue vivo. La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, abrió la puerta para que sea la Corte Suprema la que defina si debe continuar abierta la investigación que durante años sacudió a los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La fiscal recurrió la decisión de la Sala II de la Casación, que el 2 de febrero pasado había considerado "inadmisible" un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa. Baigún consideró que la Casación se equivocó y presentó un recurso -que continúa pendiente- para que sea la Corte la que defina si la investigación debe mantenerse abierta.


La pesquisa se inició el 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk detectó en el Aeroparque al menos US$ 800.000 dentro de un maletín que se le adjudicó a Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense.

Antonini Wilson integraba una comitiva de funcionarios chavistas y argentinos que poco antes de aterrizar se identificó ante la torre de control como un vuelo de "Presidencia argentina". Y 60 horas después del decomiso, el supuesto "valijero" ingresó a la Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, para participar en un acto de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

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martes, 3 de marzo de 2015

Nueva SIDE, nuevas escuchas, nuevas denuncias

La nueva "dueña" de las escuchas telefónicas en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Josefina Kelly Neira, acumuló las primeras dos denuncias penales en su contra. Ambas, por las supuestas trabas que un fiscal federal afirma que le interpuso mientras investigaba secuestros extorsivos en el conurbano.

El fiscal federal Paul Starc la denunció la semana pasada tras considerar que, como flamante jefa de la Dirección de Observaciones Judiciales, Kelly Neira "se negó" a cumplir con su labor. Es decir, se resistió a pinchar dos teléfonos -"o al menos demoró su cumplimiento"- durante la investigación de uno de los secuestros e impidió el acceso a dos policías designados para unas "escuchas directas" durante el segundo secuestro.


Starc también pidió ayuda a su jefa máxima, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que "inste" a las nuevas autoridades de la ex SIDE, tanto Kelly Neira como su superior, Oscar Parrilli, "a abstenerse de realizar conductas tales como la denunciada", lo que consideró que causó "un injustificado retardo" para avanzar con sus investigaciones.

Con un paso previo en el Ministerio de Justicia, Kelly Neira llegó a la dirección conocida en la jerga tribunalicia y de los servicios como "Ojota" tras la asunción de Parrilli como nuevo titular de la ex SIDE, al igual que otros militantes de La Cámpora. De buena sintonía con el referente de esa agrupación y actual secretario general de la Presidencia, Wado de Pedro, Kelly Neira concentró el fastidio del fiscal Starc por su actuación durante los últimos días de febrero.

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Casación y una disputa por el pacto con Irán

El máximo tribunal penal del país protagoniza una sorda disputa interna desde hace semanas para definir si es constitucional o no el acuerdo que el Gobierno firmó con Irán. Deben definirlo tres jueces enfrentados entre sí por las repercusiones que ese fallo podrían tener sobre la causa AMIA y la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los protagonistas son tres camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal: Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el subrogante Luis María Cabral. Juntos deben resolver si confirman el fallo de la Cámara Federal porteña, que en mayo del año pasado determinó que ese acuerdo violaba la Constitución.


Las diferencias de criterio entre los tres son conocidas entre sus pares, según fuentes judiciales. Por un lado, Gemignani se muestra proclive a ratificar que el pacto con Irán es inconstitucional, mientras que Cabral -de buen diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti- se ubica en una posición más ambigua.

El tercer y decisivo voto es, por ahora, el de Ledesma, quien también considera endeble la posición de la Casa Rosada, pero con la que mantiene una buena sintonía. Y por ese motivo busca postergar la decisión o apartarse del expediente que se encuentra desde noviembre pasado a la espera de que la propia Ledesma -como presidenta de la sala- convoque a la audiencia prevista en el Código Procesal Penal para ese recurso.

La tensión entre los camaristas llegó a tal punto que Ledesma solicitó una licencia por "estudios" por cuatro meses que Lorenzetti le concedió el 23 del mes pasado -con una velocidad inusual-, pero efectiva recién desde el próximo martes, por lo que Ledesma decidió también enviar una consulta a las Naciones Unidas (ONU) que podría postergar el fallo durante meses o, incluso, años.

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