martes, 26 de octubre de 2021

Más entrevistas, más reflexiones

 ¡Arrancó el baile!




El libro "Pausa 2" ya está disponible en la tienda online de Editorial Planeta (que tiene envío a domicilio a toda la Argentina).

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La venta anticipada garantiza acceder a un ejemplar del libro, que se comenzará a distribuir desde el 4 de noviembre en las librerías del área metropolitana de Buenos Aires y, una semana después, en todo el país.
Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo estará en formato eBook? En la segunda semana de noviembre. Estará disponible para dispositivos Apple, Android (celular/compu) y Kindle (Amazon).

2. ¿Se puede comprar en otros países en formato físico? Se puede pedir a Cúspide, Buscalibre, Librenta o SBS. Esas tiendas hacen envío internacional.

¡A bailar!

jueves, 8 de octubre de 2020

Pausa - algunas precisiones

¡Varios me pidieron precisiones sobre el libro. Aquí van las que conseguí hasta ahora:

1. En la web https://www.planetadelibros.com.ar/libro-pausa/322185 está la ficha del libro con sinopsis, primer capítulo liberado, opciones de compra en librerías de todo el país con envío a domicilio y opción de compra en nuestra tienda en MercadoLibre, también con envío a domicilio.


2. Libro digital: el eBook está disponible para las plataformas Android, Apple, Kindle en este enlace: https://www.planetadelibros.com.ar/libro-pausa/323944 

3. Comprar el libro físico desde el exterior: quienes viven en el exterior, tanto Cuspide como Buscalibre se encargan de envíos internacionales (considerando siempre la demora por pandemia).

4. ¿Cuándo se publica el libro en otro país? Dependerá de la decisión de cada filial de Editorial Planeta en cada país.

¡Publicaré otro posteo cuando tenga datos adicionales!

¡GRACIAS!

jueves, 24 de septiembre de 2020

FincenFiles - seis empresas argentinas

Seis de las principales empresas argentinas aparecieron en los radares antilavado del gobierno de Estados Unidos durante los últimos años por varias alertas que enviaron los bancos internacionales. ¿Por qué? Porque las compañías locales registraban investigaciones por supuestos pagos de sobornos o habían operado con socios establecidos en países considerados de alto riesgo global.

La información surge de los FinCEN Files, la filtración de 2100 documentos ultrasecretos que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integra LA NACION. Esos reportes muestran que la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en inglés) recibió alertas sobre Pan American Energy (PAE); el Grupo Techint; los laboratorios Insud Pharma, de Hugo Sigman; y Bagó, y otras firmas grandes como Nidera y Petroquímica Comodoro Rivadavia.

Los reportes de actividades sospechosas no son conclusivos de conductas criminales o malas prácticas. Sí reflejan las alertas que emitieron bancos y otras entidades cuando las operaciones involucraron a jurisdicciones que Estados Unidos considera riesgosas o a personas bajo investigación judicial, o cuando abarcó volúmenes inusuales de dinero no justificado, entre otros posibles motivos.



En tres casos puntuales, las alarmas de los bancos se encendieron por los antecedentes de las empresas argentinas. El Grupo Techint arrastraba un episodio de sobornos en Uzbekistán, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagó una multa para cerrar ese capítulo. PAE fue denunciada por corrupción por la extensión de la concesión de un pozo petrolero en la Argentina, aunque las investigaciones en Washington y en la Argentina quedaron archivadas. Y Petroquímica Comodoro Rivadavia fue apuntada por los antecedentes de dos de sus dueños, que fueron denunciados por el kirchnerismo en la filtración de información sobre cuentas suizas conocida como SwissLeaks, un caso también cerrado en tribunales.

Pan American Energy

PAE terminó en la mira de la FinCEN por un reporte de operación sospechosa del Deutsche Bank justificado por “información negativa” por el proceso que la petrolera mantenía por entonces abierto ante la Comisión de Valores de ese país (SEC, por sus siglas en inglés) por una investigación por presunto pago de sobornos para extender la concesión del yacimiento de Cerro Dragón.

El Deutsche Bank identificó 46 transferencias que consideró riesgosas por US$265 millones entre junio de 2016 y marzo de 2017. Estimó que las contrapartes de PAE “operaban en industrias acordes” a la petrolera, pero que “el propósito de las transacciones en buena parte no fue identificado”.

Los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank identificaron, entre otros, flujos con petroleras como Mocoh SA (por US$64 millones) o Trafigura (por US$40 millones), junto a giros cruzados con la financiera francesa Natixis, que recibió US$ 63 millones de PAE durante el último cuatrimestre de 2016 y, a su vez, envió a la petrolera US$ 44 millones. “Estas transferencias no tienen transparencia”, plantearon desde el Deutsche Bank y explicaron que no pudieron verificar el propósito comercial de esas operaciones.

Ante la consulta, desde PAE explicaron: “El reporte se refiere a transacciones que corresponden al normal y habitual curso de las actividades de la compañía. Las transacciones detalladas son operaciones de compraventa de crudo; venta de gas licuado; pago a proveedores de sistemas informáticos, turbinas y equipamiento; préstamos bancarios, colocaciones en plazo fijo y pre-financiación de exportaciones”. Agregaron que todas las investigaciones judiciales sobre la prórroga de Cerro Dragón están cerradas, sin condenas o sanciones.

Por su parte, los investigadores de la FinCEN precisaron en su informe que PAE, integrada por Bridas Corporation de la familia Bulgheroni y British Petroleum, consiguió en 2007 una prórroga por 30 años para explotar Cerro Dragón, en Chubut, con posibilidad de extender por 10 años más, hasta el 2037. La empresa fue denunciada por el supuesto pago de US$300 millones en sobornos a las autoridades provinciales y nacionales para obtener la extensión hasta 2047. La investigación local quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que sobreseyó a la mayoría de los imputados. En Estados Unidos, British Petroleum se autodenunció ante la SEC por presuntos sobornos y PAE negó los cargos. Con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones.

Techint

Techint encendió las alertas de la FinCEN en 2013 debido a sus antecedentes en Uzbekistán. Según documentos de la SEC, “un tercero” no identificado denunció en 2009 una maniobra de Tenaris para obtener contratos en ese país de Asia Central mediante sobornos. Dos años después, el holding de los Rocca llegó a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia, tras admitir el ilícito y pagar US$8,9 millones de multa.

Dado ese antecedente, el Deutsche Bank identificó 56 transacciones de Tenaris Global Services SA, una subsidiaria registrada en Uruguay que sumó flujos por US$88,5 entre julio y septiembre de 2013 que los analistas consideraron sospechosos. “Motiva este reporte la falta de un propósito comercial de las transacciones y que la relación entre las partes no estaba determinada. Había información negativa vinculada a Tenaris Global Services, que está involucrada en un pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ganar una licitación”, detallaron.

El informe describió transferencias a empresas de Rusia, Ucrania, Angola y otros países de Asia y Europa, y alertó sobre pagos a personas físicas. Entre ellas, a un residente angoleño y a otra persona cuya nacionalidad no pudieron detectar. Ante la consulta, desde Techint replicaron que “las operaciones corresponden a la venta de bienes como material tubular a clientes de Tenaris Global Services o a servicios de logística prestados. Son operaciones comerciales hechas en el curso ordinario de negocios”, remarcaron.

“No se comprende la relación que se hace entre las operaciones en las que habría intervenido el Deutsche Bank en 2013 con el acuerdo alcanzado con la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dos años antes, en 2011. No existe conexión fáctica alguna”, indicaron desde la empresa.

Insud Pharma

Insud Pharma, el laboratorio que fabrica en la Argentina una vacuna contra el Covid-19, quedó bajo la lupa de Estados Unidos por sus operaciones con uno de los principales laboratorios de la India, que fue protagonista de casos de corrupción.

El holding de Hugo Sigman aparece mencionado por su antiguo nombre –“Chemo Group AG”- en seis reportes de operaciones sospechosas porque recibió 113 transferencias del laboratorio indio Aurobindo Pharma Ltd por un total de US$10,5 millones entre 2012 y 2014, que fueron reportadas por el Deutsche Bank.

“Este informe es generado por la información negativa que encontramos sobre Aurobindo Pharma vinculada al pago de sobornos a funcionarios públicos. Además, el propósito comercial de las transacciones no pudo ser confirmado”, se indica en el informe de la FinCEN. En esos documentos oficiales, Chemo Group AG figura con una dirección registrada en la ciudad de Lugano, Suiza.

Ante la consulta, desde Insud Pharma respondieron que “existe una relación comercial desde hace muchos años con Aurobindo que se limita exclusivamente a la compra-venta de principios activos farmacéuticos que son utilizados para el desarrollo de medicamentos”. Y añadieron que las compras de materias primas farmacéuticas al laboratorio de India nunca representaron más del 2% de los insumos adquiridos por la compañía en esos años.

Laboratorios Bagó

Los negocios del laboratorio Bagó llegaron a la FinCEN por dos reportes de operaciones sospechosas vinculadas a una farmacéutica de Pakistán, considerado un país de alto riesgo en la lucha contra el terrorismo. Bagó instaló allí, junto a un socio local, la firma BF Biosciences Limited. Esta empresa encendió las alarmas al enviarle giros a un proveedor de insumos pakistaní que Estados Unidos considera potencialmente peligroso.

Según reportó el Standard Chartered Bank, BF Biosciences envió 13 transferencias por un total de US$ 2 millones a la firma pakistaní Westmor Biotech Pharm Limited, entre junio de 2014 y febrero de 2015, desde una cuenta de la sucursal en Karachi del Habib Bank con destino a una cuenta en Nueva York. ¿El propósito declarado de los giros? “Pago de importaciones”.

“Las transferencias son sospechosas de lavado de dinero con el posible uso de sociedades offshore, cuyo propósito es inverificable y en una jurisdicción de alto riesgo”, afirma el documento oficial elaborado por la FinCEN. La preocupación de los sabuesos de Estados Unidos se concentró en Westmore Biotech, la proveedora de BF Biosciences.

La FinCEN enumeró que ese proveedor pakistaní no sólo era riesgoso por hacer negocios en Irán, Siria, Sudán y Myanmar, sino porque además su fundador era el chipriota Paul Kythreotis, supuesto cómplice del banquero Mukhtar Ablyazov, condenado a su vez por la fuga de US$ 6000 millones del Bank Turan Alem de Kazajistán.

Dado este contexto, la FinCEN redactó un memo inusualmente largo y lo remitió a las autoridades de Kazajistán para seguirle los pasos al banquero. Pero la unidad antilavado estadounidense también precisó que su alerta era preventiva ya que el chipriota Kythreotis y el kazaco Ablyazov no aparecían involucrados directamente en la operación y ya no formaban parte de Westmore Biotech.

Desde Bagó, en tanto, reafirmaron la legalidad de esas operaciones ante la consulta: “Todas las transferencias mencionadas de BF Biosciences corresponden a pagos por importaciones de materias primas biotecnológicas e insumos para la producción en la planta industrial ubicada en Lahore, Pakistán”.

Por último, la FinCEN también hurgó en Gemabiotech, otra farmacéutica argentina proveedora de Bagó, que recibió US$ 8,7 millones de los pakistaníes entre junio y noviembre de 2014 en una cuenta argentina del Santander Río. Ante la consulta de LA NACION, desde la compañía argentina replicaron que se trataron de operaciones comerciales habituales en la venta de insumos biológicos.

Petroquímica Comodoro Rivadavia

El Standard Chartered Bank emitió un reporte en diciembre de 2016 sobre Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) tras evaluar como potencialmente peligrosos los antecedentes judiciales de dos de sus dueños, Martín y Gustavo Brandi, quienes fueron denunciados por la AFIP de Ricardo Echegaray por presunta evasión en la Argentina por cuentas bancarias no declaradas en la filial suiza del HSBC, en 2014, el escándalo conocido como SwissLeaks que publicó LA NACION. El caso se cerró en los tribunales locales, pero en Estados Unidos fue tomado como un antecedente.

La sucursal de Nueva York, que actuó como banco intermediario, detectó 275 transacciones de PCR por más de US$ 50 millones entre 2009 y 2016, la mayoría concretada a través del Banco Itaú. Controlada por las familias Brandi y Cavallo, PCR se dedica al cemento, petróleo, gas y energía eólica. Controla el 50% del mercado de despachos de cemento de la Patagonia. Martin Brandi, el presidente de la compañía, aportó $ 1 millón a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2019.

Ante la consulta, desde la empresa aclararon que la cuenta en Suiza estaba declarada: “Teníamos muchas facilidades al mercado internacional, a través de distintos bancos, como el HSBC y el Banco Itaú. Después de la devaluación de 2002, la deuda que teníamos en dólares, que era importante, se incrementó fuertemente en pesos. Le dijimos a los bancos que íbamos a pagarla, pero que nos esperen. La deuda estaba bajo jurisdicción de Nueva York y se nos ocurrió poner los activos financieros en el HSBC de Suiza, pero fue declarado”.

Las transacciones reportadas por la unidad antilavado de Estados Unidos, añadieron, “pueden haber obedecido al pago de deuda contraída y al envío de dinero a Suiza” o por la compra de un pozo petrolero en Ecuador, operación que se hizo con una empresa que también cotizaba en la bolsa suiza.

Nidera

Nidera encendió las alarmas del Deutsche Bank por un alto volumen de operaciones registradas entre enero y octubre de 2016. El banco reportó a la firma por 2922 transacciones por un total de US$ 5372 millones que se desarrollaron a través de distintos bancos. El reporte se emitió debido a que, durante la “guerra” que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Ricardo Echegaray libró contra las cerealeras en 2011, Nidera figuró en un listado de empresas agrícolas investigadas por supuesta evasión. En aquel momento, el organismo tributario había suspendido a Nidera del registro de exportadores, aunque esa medida se levantó tras el pago de una multa.

Según el reporte del Deutsche Bank, Nidera BV recibió US$ 24 millones de una firma de Hong Kong, Maoling Limited, y envió diez giros por un total de US$ 13,7 millones a una comercializadora de Ginebra, Tradefield SA. También remitió otros US$ 8,4 millones a una firma de Rusia, Agronefteproduct Llc, y otros US$ 5,1 millones a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, Vilavi Union Enterprises Limited.

“Este reporte se presenta porque el propósito comercial de las transacciones no se pudo determinar. Existe, además, información negativa sobre Nidera por denuncias de evasión fiscal. Sin embargo, algunas de estas acusaciones eran infundadas”, precisó el Deutsche Bank en el reporte que remitió a la FinCEN.

Nidera es una unidad de negocios de la gigante internacional Syngenta desde febrero de 2018, cuando le compró la empresa a COFCO International. En otras palabras, cuando el Deutsche Bank reportó esas transacciones, COFCO controlaba el 51% de Nidera, adquisición que completó en febrero de 2017, según afirmaron desde ese holding.

Consultados, desde COFCO respondieron que no harían comentarios “sobre información obtenida ilegalmente", en alusión a los FinCEN Files. “No tenemos conocimiento de ninguna transacción que haya infringido las reglas antilavado, ni ahora ni en 2016”, sostuvieron. 

martes, 22 de septiembre de 2020

FincenFiles - el detrás de escena

El nombre en clave fue “Cassandra”.

El primer aviso llegó en abril de 2019. Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), convocó a un nuevo proyecto. “Tenemos información de interés para sus respectivos países sobre un tema que conocen bien”, anticiparon en un correo electrónico enviado a periodistas de la Argentina, México, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Fue apenas el inicio de otra filtración global: los FinCEN Files.

Cónclaves, comunicaciones encriptadas, un año y medio de trabajo colaborativo y una pandemia mediante, el esfuerzo salió a la luz. La filtración de documentos ultra secretos del gobierno de los Estados Unidos revela que criminales, estafadores y personajes sombríos de regímenes corruptos pudieron operar colosales cantidades de dinero negro a través de prestigiosos bancos internacionales como Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, entre otros.

Esos documentos pertenecen a la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos, la Financial Crimes Enforcement Network, conocida por sus siglas como “FinCen” y exponen un entramado de 2 billones de dólares alrededor del mundo, según surge de los registros que obtuvo BuzzFeed News y compartió con ICIJ y otros 108 medios periodísticos de 88 países. 




El capítulo de Argentina de los FinCEN Files incluye historias de financistas vinculados a casos de corrupción, grandes empresas, deportistas y hasta personalidades de la televisión. Desde Marcelo Tinelli hasta Vicentin, la empresa que Alberto Fernández puso en la mira de su gobierno. Desde el prófugo Sean Sullivan -que ayudó a lavar dinero ílicito del exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz- hasta Néstor Marcelo Ramos, el misterioso financista cordobés detrás de “la ruta del dinero K”, que hoy vive en Suiza y tiene pedido de extradición de la Justicia argentina.

Todo ese material de esta nueva filtración, que abarca el período entre 1999 y 2017, llevó un esfuerzo mayúsculo de procesamiento para reconstruir las historias detrás de cada dato. Más de 400 periodistas investigaron el material mientras el coronavirus se convertía en una pandemia, obligando a postergar varias veces la difusión de los FinCen Files.

En total, los Fincen Files son más de 2100 reportes de operaciones sospechosas (SARS, por sus siglas en inglés) que bancos y otros actores financieros enviaron a la unidad antilavado estadounidense. Muchos de esos documentos fueron parte de una investigación del Congreso de ese país sobre la posible injerencia de Rusia en sus elecciones presidenciales de 2016 que ganó Donald Trump.

Los documentos constan de varias decenas de páginas, variables según lo extenso de la operación. Comienzan con un listado de sujetos investigados por los bancos (personas y sociedades) seguido de una “narrativa” que explica las operaciones financieras. A veces con alto grado de detalle -cuenta por cuenta, giro por giro- otras veces con vaguedades y montos totales sin desagregar.

Los reportes de actividades sospechosas no son necesariamente conclusivos de conductas criminales o malas prácticas. Sí reflejan las alertas que emitieron bancos y otras entidades cuando las operaciones involucraron a jurisdicciones que Estados Unidos considera riesgosas o a personas bajo investigación judicial, o cuando se trató de volúmenes inusuales de dinero no justificado, entre otros motivos.

Los FinCEN Files aportan un pantallazo mundial sobre cómo opera el lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción trasnacional, con datos precisos sobre políticos, oligarcas y empresarios de todo el mundo que mueven fortunas con la ayuda de los banqueros, financistas y cueveros y ante la impotencia -o la complicidad- de las instituciones que deben controlarlos. 




Los reportes son súper secretos. En enero, Natalie Mayflower Sours Edwards, una empleada de la Fincen, se declaró culpable ante un juez de los Estados Unidos por revelaciones no autorizadas. Su abogado, Marc Agnifilo, alegó que "Edwards actuó conmovida por cosas que consideraba importantes y no confió en que el gobierno estuviera haciendo lo correcto", mientras que los fiscales dijeron que el material que ella había revelado aparecía en aproximadamente 12 artículos periodísticos. Pero BuzzFeed nunca reveló la identidad de su fuente. De poco más de 40 años, Edwards recibirá su sentencia a fines de octubre.

Comparado con los más de 11,5 millones de documentos que integraron los Panama Papers, podría suponerse que los 2100 archivos que integran los FincenFiles resultarían un desafío menor. En absoluto. Entre otros motivos, porque cada uno de esos reportes –repletos de información técnica- conforman la filtración más detallada de documentos que jamás salió del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los FinCen Files revelan, por ejemplo, maniobras de traficantes de opioides sintéticos, estafadores “Ponzi”, déspotas y corruptos. Detrás de cada delito financiero hay personas reales afectadas: desde familias que perdieron todos sus ahorros en artimañas financieras hasta víctimas del narcotráfico. El dinero sucio zigzaguea inexplicablemente a través del mundo; desde alguna empresa pantalla en Wall Street hasta algún paraíso fiscal del Caribe, una torre de Singapur o una financiera en Damasco.

El equipo argentino de FinCen Files, integrado por LA NACION, Infobae y Perfil, detectó en un boletín informativo interno del organismo antilavado bautizado “Cleptocracia” operaciones del norteamericano Sean Sullivan. Es decir, el desarrollador que hizo una millonaria inversión hotelera en las paradisíacas islas caribeñas de Turks and Caicos con dinero negro de Daniel Muñoz, uno de los “valijeros” de las coimas durante el gobierno kirchnerista.

La filtración permitió determinar, además, que Marcelo Tinelli hizo transacciones con una firma de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más utilizados en el Caribe. El empresario utilizó fondos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dinero que luego sinceró en el blanqueo que impulsó Mauricio Macri, según afirmaron en el entorno del conductor televisivo.

Los reportes muestran también que cinco años antes de que el presidente Fernández avanzara contra Vicentin, las autoridades antilavado de los Estados Unidos habían recibido una alerta por operaciones financieras entre la agroexportadora argentina y la multinacional Glencore, transacciones que Vicentin justificó como parte de su actividad comercial habitual.

Entre otras revelaciones, los FinCen Files también muestran que Néstor Marcelo Ramos, el misterioso ítalo-argentino detrás de “La Rosadita” en la causa contra Lázaro Báez, movió por el mundo el dinero negro de los llamados “boliburgueses” de Venezuela, contratistas públicos que se hicieron ricos gracias al chavismo.

Ese material expone, por último, detalles sobre múltiples figuras internacionales. Por ejemplo, el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, quien fue condenado por fraude y evasión. En su caso, el JP Morgan Chase reportó movimientos de fondos entre Manafort y sociedades “pantalla” en septiembre de 2017; es decir, mucho después de que comenzaran a revelarse las sospechas de que lavaba dinero o sus vinculaciones con Ucrania y Rusia.

JP Morgan Chase, el mayor banco con sede en los Estados Unidos, también movió más de U$1.000 millones para un financista prófugo por el 1MDB de Malasia, uno de los mayores escándalos financieros de la Historia; y más de U$2 millones para dos jóvenes magnates venezolanos acusados de apagones en su país. HSBC, en tanto, movió fondos de sospechosos de lavar dinero de Rusia y de una estafa piramidal bajo investigación en varios países.

Consultado por ICIJ, JPMorgan dijo que tiene prohibido contestar preguntas sobre clientes peros aseguró que tomó un “rol de liderazgo” en “investigaciones proactivas de inteligencia” con “técnicas innovadoras para combatir el crimen financiero”. HSBC dijo que la información de FinCEN Files es previa a un acuerdo judicial por el cual el banco pagó una multa de $1900 millones se comprometió a combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.

Pero, ¿cómo funciona –o debería funcionar- el sistema antilavado global? En teoría, cuando un desconocido quiere comprar ciertos activos, por ejemplo, un auto de lujo con dinero en efectivo, o cuando un cliente conocido empieza a mover muchos más fondos de lo habitual y no puede justificar su origen, los bancos, casas de cambio, escribanías, inmobiliarias y otros “sujetos obligados” deben avisarles a las autoridades especializadas. En la Argentina, los reportes son enviados a la Unidad de Información Financiera (UIF), que además puede intercambiar información con la FinCEN de los Estados Unidos en el marco de sus investigaciones.

Con esos reportes en sus manos, las autoridades antilavado deberían procesar la información y, si surge alguna conexión internacional, deberían alertar a sus pares del país involucrado o afectado. Entonces, si en Suiza aparecen datos sobre movimientos sospechosos vinculados a un argentino, los investigadores suizos deberían avisarles a sus colegas de Buenos Aires.

Los reportes volcados entre los FinCen Files, sin embargo, son escuetos. A veces solo incluyen un domicilio o un número de cuenta bancaria. Eso obligó a reconstruir operaciones complejas abrevando en registros societarios, expedientes judiciales, contratos, archivos periodísticos, entrevistas a funcionarios, ex funcionarios y expertos, y consultas a los propios involucrados, entre otras opciones.

Todas esas operaciones comparten un principio básico que las autoridades comprenden: el dinero sucio puede dar la vuelta al mundo y esconderse detrás de múltiples sociedades “pantalla” pero, en última instancia, tiene que terminar en el bolsillo de sus verdaderos dueños. Esa es la ruta que tienen que detectar, rastrear y detener los expertos. Los FinCen Files demuestran que no siempre lo logran.