jueves, 16 de abril de 2015

AFIP & Lázaro, una combinación explosiva

El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó ayer de manera formal a los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta protección delictual que le habrían brindado al empresario patagónico Lázaro Báez durante los últimos años.

Marijuan tomó la decisión de imputar a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires -como Ricardo Echegaray y Angel Toninelli, entre otros-, Río Gallegos -donde la jefa de la regional es la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García- y Comodoro Rivadavia.

Las imputaciones quedaron así formalizadas en dos causas penales que se instruyen de manera simultánea en los tribunales de Comodoro Py. Una está a cargo del juez federal Sebastián Casanello; la otra, en manos de su colega Norberto Oyarbide.

Toninelli (izq.) y Echegaray, juntos por Báez

Ambas investigaciones se iniciaron con presentaciones que radicaron legisladores de la oposición. Oyarbide recibió la denuncia de los diputados nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes expusieron una presunta "operatoria llevada a cabo desde el organismo recaudador para proteger y encubrir" a Báez.

Casanello, por su parte, tomó la denuncia de la también diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la AFIP "únicamente investigó a las empresas emisoras de las facturas falsas" que se detectaron en Bahía Blanca, "evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral Construcciones".

En ambos casos, Marijuan consideró que existen méritos suficientes para abrir las investigaciones, disponer las primeras medidas de prueba e imputar los presuntos delitos a los funcionarios que habrían intervenido.

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martes, 7 de abril de 2015

IGJ - el legajo no aparece (irregularidades sobran)

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.

"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.

Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.


El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.

A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.

Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.

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sábado, 4 de abril de 2015

El exilio de Stiuso, que teme y espera

Antonio "Jaime" Stiuso calla y espera. Quienes aún mantienen contacto con él afirman que el hombre que dominó los hilos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante todo el kirchnerismo espera el momento adecuado para iniciar lo que mejor sabe hacer desde hace décadas: operaciones de contraofensiva.

El Gobierno lo citó para que pasado mañana se presente en la sede de la central de inteligencia para "dar explicaciones" sobre su vínculo con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Pero muy pocos creen que lo vaya a hacer. Casi todos aseguran que no está en el país, tal como afirmó su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. Y dicen que por ahora no piensa volver, ¿desde Miami? Otros se preguntan si se cuida solo o, como cuentan sus allegados, acaso como maniobra de distracción, lo custodian servicios extranjeros con los que supo trabar buena relación.


Stiuso está convencido de que si reaparece ahora, el Gobierno buscará meterlo preso. También teme terminar muerto. Como Pedro "el Lauchón" Viale, otro agente de la ex SIDE de su máxima confianza, que murió regado de balas del Grupo Halcón, de la policía bonaerense, en un operativo de julio de 2013 que la Justicia sospecha que fue un asesinato apenas disimulado.

Stiuso, "Jaime" o "Aldo Stiles" -su nombre oficial como espía-, ahora ex director general de Operaciones de la SIDE, sabe mucho de todas estas cosas, dicen seis fuentes que lo conocen -tres de las cuales aún mantienen contacto con él- y que accedieron a dialogar con LA NACIÓN bajo estricta reserva de sus nombres.

Sabe de operativos legales y de los inconfesables, de aprietes y de muertes. Por eso calla y espera su momento, cuando sólo pasaron unos días desde que la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios por el pacto con Irán.

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jueves, 2 de abril de 2015

La purga de la ex SIDE llegò a la AFIP

Sin respaldo ya de la ex Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), estaba al caer. Y cayó. Andrés Vázquez, el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se encargó durante años de proteger a empresarios cercanos al poder, como Lázaro Báez y Cristóbal López, fue desplazado este lunes de la estratégica Regional Sur Metropolitana del organismo.


El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenó su desplazamiento como parte de una "rotación de directores" que comunicó mediante la resolución 158/15. La presentó como una cuestión de "decisión estratégica de gestión y administración de los recursos humanos de la organización". Y el primer nombre de la breve lista de cinco funcionarios es Vázquez.

Echegaray mantuvo siempre una tensa relación con Vázquez, quien solía ufanarse de puentear si era necesario al jefe de la AFIP y responder sólo a órdenes de "Presidencia", con escala en la ex SIDE de Francisco Larcher y Antonio "Jaime" Stiuso. Ahora, la Regional Sur Metropolitana quedará en manos de otro hombre de "la Casa", Néstor del Cuadro, quien tras casi un cuarto de siglo en el organismo registra su último paso por el área de auditoría.

Tanto Báez como Vázquez integraron durante años un complejo entramado con múltiples ramificaciones, en el que también aparecen Ernesto Clarens, el financista de confianza de Néstor Kirchner, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro, según reconstruyó LA NACION dentro de la AFIP, del Tribunal Fiscal y del sector financiero.

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