El primer aviso llegó en abril de 2019. Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), convocó a un nuevo proyecto. “Tenemos información de interés para sus respectivos países sobre un tema que conocen bien”, anticiparon en un correo electrónico enviado a periodistas de la Argentina, México, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Fue apenas el inicio de otra filtración global: los FinCEN Files.
Cónclaves, comunicaciones encriptadas, un año y medio de trabajo colaborativo y una pandemia mediante, el esfuerzo salió a la luz. La filtración de documentos ultra secretos del gobierno de los Estados Unidos revela que criminales, estafadores y personajes sombríos de regímenes corruptos pudieron operar colosales cantidades de dinero negro a través de prestigiosos bancos internacionales como Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, entre otros.
Esos documentos pertenecen a la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos, la Financial Crimes Enforcement Network, conocida por sus siglas como “FinCen” y exponen un entramado de 2 billones de dólares alrededor del mundo, según surge de los registros que obtuvo BuzzFeed News y compartió con ICIJ y otros 108 medios periodísticos de 88 países.
El capítulo de Argentina de los FinCEN Files incluye historias de financistas vinculados a casos de corrupción, grandes empresas, deportistas y hasta personalidades de la televisión. Desde Marcelo Tinelli hasta Vicentin, la empresa que Alberto Fernández puso en la mira de su gobierno. Desde el prófugo Sean Sullivan -que ayudó a lavar dinero ílicito del exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz- hasta Néstor Marcelo Ramos, el misterioso financista cordobés detrás de “la ruta del dinero K”, que hoy vive en Suiza y tiene pedido de extradición de la Justicia argentina.
Todo ese material de esta nueva filtración, que abarca el período entre 1999 y 2017, llevó un esfuerzo mayúsculo de procesamiento para reconstruir las historias detrás de cada dato. Más de 400 periodistas investigaron el material mientras el coronavirus se convertía en una pandemia, obligando a postergar varias veces la difusión de los FinCen Files.
En total, los Fincen Files son más de 2100 reportes de operaciones sospechosas (SARS, por sus siglas en inglés) que bancos y otros actores financieros enviaron a la unidad antilavado estadounidense. Muchos de esos documentos fueron parte de una investigación del Congreso de ese país sobre la posible injerencia de Rusia en sus elecciones presidenciales de 2016 que ganó Donald Trump.
Los documentos constan de varias decenas de páginas, variables según lo extenso de la operación. Comienzan con un listado de sujetos investigados por los bancos (personas y sociedades) seguido de una “narrativa” que explica las operaciones financieras. A veces con alto grado de detalle -cuenta por cuenta, giro por giro- otras veces con vaguedades y montos totales sin desagregar.
Los reportes de actividades sospechosas no son necesariamente conclusivos de conductas criminales o malas prácticas. Sí reflejan las alertas que emitieron bancos y otras entidades cuando las operaciones involucraron a jurisdicciones que Estados Unidos considera riesgosas o a personas bajo investigación judicial, o cuando se trató de volúmenes inusuales de dinero no justificado, entre otros motivos.
Los FinCEN Files aportan un pantallazo mundial sobre cómo opera el lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción trasnacional, con datos precisos sobre políticos, oligarcas y empresarios de todo el mundo que mueven fortunas con la ayuda de los banqueros, financistas y cueveros y ante la impotencia -o la complicidad- de las instituciones que deben controlarlos.
Los reportes son súper secretos. En enero, Natalie Mayflower Sours Edwards, una empleada de la Fincen, se declaró culpable ante un juez de los Estados Unidos por revelaciones no autorizadas. Su abogado, Marc Agnifilo, alegó que "Edwards actuó conmovida por cosas que consideraba importantes y no confió en que el gobierno estuviera haciendo lo correcto", mientras que los fiscales dijeron que el material que ella había revelado aparecía en aproximadamente 12 artículos periodísticos. Pero BuzzFeed nunca reveló la identidad de su fuente. De poco más de 40 años, Edwards recibirá su sentencia a fines de octubre.
Comparado con los más de 11,5 millones de documentos que integraron los Panama Papers, podría suponerse que los 2100 archivos que integran los FincenFiles resultarían un desafío menor. En absoluto. Entre otros motivos, porque cada uno de esos reportes –repletos de información técnica- conforman la filtración más detallada de documentos que jamás salió del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los FinCen Files revelan, por ejemplo, maniobras de traficantes de opioides sintéticos, estafadores “Ponzi”, déspotas y corruptos. Detrás de cada delito financiero hay personas reales afectadas: desde familias que perdieron todos sus ahorros en artimañas financieras hasta víctimas del narcotráfico. El dinero sucio zigzaguea inexplicablemente a través del mundo; desde alguna empresa pantalla en Wall Street hasta algún paraíso fiscal del Caribe, una torre de Singapur o una financiera en Damasco.
El equipo argentino de FinCen Files, integrado por LA NACION, Infobae y Perfil, detectó en un boletín informativo interno del organismo antilavado bautizado “Cleptocracia” operaciones del norteamericano Sean Sullivan. Es decir, el desarrollador que hizo una millonaria inversión hotelera en las paradisíacas islas caribeñas de Turks and Caicos con dinero negro de Daniel Muñoz, uno de los “valijeros” de las coimas durante el gobierno kirchnerista.
La filtración permitió determinar, además, que Marcelo Tinelli hizo transacciones con una firma de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más utilizados en el Caribe. El empresario utilizó fondos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dinero que luego sinceró en el blanqueo que impulsó Mauricio Macri, según afirmaron en el entorno del conductor televisivo.
Los reportes muestran también que cinco años antes de que el presidente Fernández avanzara contra Vicentin, las autoridades antilavado de los Estados Unidos habían recibido una alerta por operaciones financieras entre la agroexportadora argentina y la multinacional Glencore, transacciones que Vicentin justificó como parte de su actividad comercial habitual.
Entre otras revelaciones, los FinCen Files también muestran que Néstor Marcelo Ramos, el misterioso ítalo-argentino detrás de “La Rosadita” en la causa contra Lázaro Báez, movió por el mundo el dinero negro de los llamados “boliburgueses” de Venezuela, contratistas públicos que se hicieron ricos gracias al chavismo.
Ese material expone, por último, detalles sobre múltiples figuras internacionales. Por ejemplo, el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, quien fue condenado por fraude y evasión. En su caso, el JP Morgan Chase reportó movimientos de fondos entre Manafort y sociedades “pantalla” en septiembre de 2017; es decir, mucho después de que comenzaran a revelarse las sospechas de que lavaba dinero o sus vinculaciones con Ucrania y Rusia.
JP Morgan Chase, el mayor banco con sede en los Estados Unidos, también movió más de U$1.000 millones para un financista prófugo por el 1MDB de Malasia, uno de los mayores escándalos financieros de la Historia; y más de U$2 millones para dos jóvenes magnates venezolanos acusados de apagones en su país. HSBC, en tanto, movió fondos de sospechosos de lavar dinero de Rusia y de una estafa piramidal bajo investigación en varios países.
Consultado por ICIJ, JPMorgan dijo que tiene prohibido contestar preguntas sobre clientes peros aseguró que tomó un “rol de liderazgo” en “investigaciones proactivas de inteligencia” con “técnicas innovadoras para combatir el crimen financiero”. HSBC dijo que la información de FinCEN Files es previa a un acuerdo judicial por el cual el banco pagó una multa de $1900 millones se comprometió a combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.
Pero, ¿cómo funciona –o debería funcionar- el sistema antilavado global? En teoría, cuando un desconocido quiere comprar ciertos activos, por ejemplo, un auto de lujo con dinero en efectivo, o cuando un cliente conocido empieza a mover muchos más fondos de lo habitual y no puede justificar su origen, los bancos, casas de cambio, escribanías, inmobiliarias y otros “sujetos obligados” deben avisarles a las autoridades especializadas. En la Argentina, los reportes son enviados a la Unidad de Información Financiera (UIF), que además puede intercambiar información con la FinCEN de los Estados Unidos en el marco de sus investigaciones.
Con esos reportes en sus manos, las autoridades antilavado deberían procesar la información y, si surge alguna conexión internacional, deberían alertar a sus pares del país involucrado o afectado. Entonces, si en Suiza aparecen datos sobre movimientos sospechosos vinculados a un argentino, los investigadores suizos deberían avisarles a sus colegas de Buenos Aires.
Los reportes volcados entre los FinCen Files, sin embargo, son escuetos. A veces solo incluyen un domicilio o un número de cuenta bancaria. Eso obligó a reconstruir operaciones complejas abrevando en registros societarios, expedientes judiciales, contratos, archivos periodísticos, entrevistas a funcionarios, ex funcionarios y expertos, y consultas a los propios involucrados, entre otras opciones.
Todas esas operaciones comparten un principio básico que las autoridades comprenden: el dinero sucio puede dar la vuelta al mundo y esconderse detrás de múltiples sociedades “pantalla” pero, en última instancia, tiene que terminar en el bolsillo de sus verdaderos dueños. Esa es la ruta que tienen que detectar, rastrear y detener los expertos. Los FinCen Files demuestran que no siempre lo logran.
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