Hubo un tiempo en que Antonio Di Pietro anduvo por el mundo con otro nombre. "Marco Canale" decía su otro pasaporte, con el que se escondió durante meses en Costa Rica, lejos de las amenazas de muerte de aquellos que asesinaron a dos amigos: los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Los tres, junto a un puñado de jueces y fiscales más, habían dado forma al Mani Pulite, la investigación que marcó a Italia para siempre.
"Fue un alineamiento astral", sintetiza Di Pietro. "En aquel contexto histórico, se dio una situación única, sin egoísmos ni celos, donde cada uno tenía su propio espacio", resume, café de por medio con LA NACION. Unidos decidieron avanzar, en 1992, sobre la corrupta clase dirigente de políticos y empresarios que protagonizaron lo que en Italia se llamó "tangentópoli" o "la ciudad de los sobornos". En cuestión de sólo unos meses comenzaron las amenazas y los asesinatos, pero también el derrumbe estrepitoso de toda la partidocracia peninsular.
De paso por Buenos Aires, Di Pietro observa similares rasgos de "cleptocracia" en la dirigencia local. Por eso, plantea que la sociedad argentina debe presionar a los precandidatos presidenciales para que combatan la corrupción. Y a los fiscales y jueces criollos, para que pongan "lo que hay que poner".
"La lucha contra la corrupción impone múltiples factores. Lo primero es fijar penas adecuadas para los delitos de corrupción, balances falsos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros", enumera. "La pena prevista en el artículo 256 de su Código Penal es ridícula", ejemplifica con el "cohecho", que va de 1 a 6 años. "Con eso sólo se genera la certeza de la impunidad."
pd: el resto de la entrevista publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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